Viernes, 24 de octubre de 2014

| 1994/11/21 00:00

TRAS LOS PIRATAS

Exasperado por la inacción colombiana, el gobierno venezolano inició una estategia judicial para recuperar 50.000 carros robados. Ya tiene identificados 4.600 vehículos en Colombia.

TRAS LOS PIRATAS

EN UN RECORRIDO RUTINARIO POR LAS CAlles de Sincelejo (Sucre), el pasado 6 de octubre dos agentes de la Unidad de Automotores de la Fiscalía le pidieron al conductor de una camioneta Chevrolet Miniblazer que detuviera la marcha. Después de revisar minuciosamente los documentos y los sistemas de identificación que amparaban el vehículo, los detectives lo decomisaron bajo la sospecha de haber sido robado en Venezuela.
Dias más tarde, a la sede de la Fiscalía en Bogotá llegó el senador Julio Cesar Guerra Tulena, quien entregó una carpeta llena de documentos para demostrar su propiedad sobre la camioneta y exigir la devolución del automotor (Ver recuadro). Si los papeles no resultaran, satisfactorios, Guerra Tulena podría convertirse en una más de las personas que han perdido millonarias inversiones por ser victimas de un fraude cometido en Pais extranjero. Hasta ahora, el asunto habría terminado con el carro inmovilizado hasta cuando la Fiscalía decidiera rematarlo o quedarse con él. Pero ya no será así. SEMANA conoció en detalle una ambiciosa estrategia que puso en marcha el gobierno venezolano para recuperar en territorio colombiano cerca de 50.000 vehiculos robados. "Sin duda puedo afirmar que estamos frente a un enorme cartel de los automotores que se ha convertido en un problema de seguridad nacional para mi país. Es tan grave, que este problema ha superado en imoortancia al diferendo limitrofe que existe entre las dos naciones". dijo una alta, fuente de la Embajada de Venezuela en Bogota.

EN LA GUAJIRA
En desarrollo de la primera fase de su ofensiva jurídica, y sin acudir a ningún mecanismo diplomatico, el pasado 2 de septiembre -en una decisión sin antecedentes en las relaciones binacionales- el gobierno venezolano denunció penalmente ante la,Fiscalía General de la Nación a 4.600 ciudadanos colombianos que hoy tienen en su poder vehiculos robados, pero amparados con documentos obtenidos de manera fraudulenta en la Policía Técnica Judicial de Venezuela y en la Aduana Nacional y en las direcciones de Tránsito de Colombia. En un documento de cerca de 100 páginas conocido por esta revista, Venezuela acusa a los propietarios de esos automotores de los delitos de receptación de vehiculos hurtados, falsedad en documentos públicos y fraude procesal. Alí estan relacionados el nombre y la dirección del actual poseedor del vehíulo, las características técnicas de cada carro, la fecha en que fué robado y la autoridad venezolana que lo requiere.
La denuncia penal, presentada en Bogotá por un alto funcionario de la Embajada autorizado expresamente por el Ministerio del Interior de su país, está dividida en dos partes: la primera acción judicial va dirigida contra los supuestos propietarios de 3.215 vehículos que transitan libremente por el territorio de La Guajira, pero que están solicitados por jueces venezolanos que los buscan por los delitos de hurto,robo y atraco a mano armada. Se trata de camperos, camionetas y automóviles de tres marcas, principalmente: Toyota, Ford y Chevrolet, robados entre 1988 y 1994.
Esta cifra es escandalosa porque corresponde al 30 por ciento de los 12.827 automotores registrados oficialmente en ese departamento por un censo realizado a finales de 1993. De acuerdo con la denuncia, los venezolanos buscan que la Fiscalía decrete el embargo y deje sin valor jurídico todos y cada uno de los documentos que soportan la permanencia de esos vehículos en La Guajira, expedidos en cumplimiento del decreto 1944 de 1984, que establece un procedimiento concreto para que los ciudadanos nacionales o extranjeros que habitan en las zonas de frontera puedan internar carros con matricula del vecino país, por periódos de cinco años prorrogables.
Para que la Aduana autorice la denominada internación, es necesaria la presentación de documentos suscritos por la Dirección General Sectorial de Transporte y Transito Terrestre de Venezuela y por los consulados de las dos ciudades fronterizas donde se realiza el tramite, en los que debe constar la autoridad aduanera que concede el permiso, la fecha de expedición y vencimiento del documento, el nombre del propietario, su identificación, constancia de residencia en la frontera y características técnicas del vehículo.
No obstante, en su denuncia los venezolanos quieren demostrarle a la Fiscalía que estos tramites no se cumplen porque la Aduana Nacional no los exige. "Lo que es peor -dice un funcionario de la Embajada de Venezuela en Bogota-. Tenemos los documentos que comprueban que la mayoria de esos 3.215 carros, que son robados, ya están legalizados en Colombia y que el Departamento de Tránsito de La Guajira les ha otorgado certificado de movilización, pagan impuestos de rodamiento, y aparentemente obtienen una protección institucional con soportes documentales que no resisten el más mínimo análisis probatorio ".
Por esa razón, la denuncia le pide a la Fiscalía que ordene la incautación de los archivos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Riohacha, al igual que en las inspecciones de tránsito de San Juan, Villanueva, Maicao y Barrancas, donde reposan las actuaciones administrativas que dieron luz verde a la internación de muchos de esos carros.
Al mismo tiempo, los emisarios venezolanos solicitaron la designación de unos fiscales especiales porque en su concepto algunos de los que estan desplazados en la zona fronteriza no garantizarian un manejo adecuado del problema. Por esa razón, fueron designados los fiscales 60 y 43 de la Unidad Cuarta de Bogotá, bajo la coordinación de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, quienes ya abrieron las investigaciones sumarias numeros 157977 y 166016, respectivamente. "Esto significará una especie de emergencia en la Fiscalía porque es necesario abrir una investigación independiente por cada uno de los carros", dijo una fuente del ente acusatorio.

EN BOGOTA
La segunda acción judicial del gobierno venezolano trata de alcanzar a los propietarios de 1.385 vehiculos que hoy ruedan por las calles de Bogota y que aparentemente fueron nacionalizados cumpliendo con todos los requisitos legales. Es decir, se trata de carros que tienen vida propia en Colombia y que disponen de matricula, manifiestos de importación y registro del Ministerio del Transporte, pero que fueron robados en el vecino pais. Al igual que con los automotores de La Guajira, los venezolanos saben quien tiene cada uno de esos carros y el lugar de residencia o trabajo de cada persona. Esos vehiculos robados aparentemente tienen todos los documentos en regla, pero, de acuerdo con lo que ha establecido la Embajada de Venezuela, en la mayoría de los casos sus dueños ni siquiera saben que fueron objeto de un engaño.
La lista entregada a la Fiscalía incluye los nombres de una docena de prestantes compañías nacionales y extranjeras, y hasta entidades del Estado, que hoy tienen a su servicio al menos un automotor robado en Venezuela. Además, la Polícia colombiana ya tiene en su poder los nombres de 14 personas que controlan gran parte del robo de los vehículos en el vecino país, su traslado al interior y su posterior nacionalización ante las autoridades de Aduana y Transito, donde funcionarios corruptos facilitan la expedición de documentos falsos sin que haya necesidad de alterar los sistemas de identificación del vehículo (ver recuadro).
"Estamos ante un problema parecido al de la droga. Si hay demanda, siempre habrá quien quiera suministrar un producto. Eso ocurre entre Colombia y Venezuela con los carros, porque alla hay un gran mercado, en una larga cadena en la que gana mucha gente, incluido el comprador final, que ahorra unos pocos millones, y obtiene un vehiculo muy costoso", le dijo a SEMANA desde Caracas el comisario Eleazar Cuoto Rendon, subdirector del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, organismo coordinador de esta estrategia contra el hurto de vehículos.

VIACRUCIS VENEZOLANO
El oficial reconoce que en su país el robo de vehículos se ha convertido en un factor de desestabilización que cada día afecta a más personas. En 1993, en Venezuela fueron robados cerca de 40.000 automotores y solamente en Caracas, en promedio, cada día son hurtados 92. "El asunto es que las empresas aseguradoras entraron en crisis y sus pérdidas superan fácilmente los 80.000 millones de bolivares. Y lo que es peor, se esta llegando al límite de que esas sociedades ya no aseguran ciertos tipos de carros porque saben que muy posiblemente los tendran que pagar",sostuvo un vocero de la Cámara de Interación Colombo-Venezolana. La misma fuente considero que hoy por hoy en Venezuela está desaparecido el 70 por ciento de las camionetas tipo burbuja. "Es muy posible que hayan sido exhibidas en almacenes de carros o en concesionarios y esten rodando en las calles de cualquier ciudad de Colombia ", agrego. El comisario Cuoto le dijo a SEMANA que la denuncia presentada contra los 4.600 ciudadanos colombianos forma parte de una estrategia en caminada a acabar con las redes de jaladores instaladas en los dos paises y en las que ademas estan involucradas la guerrilla y el narcotrafico. Prueba de ello es la detención el jueves de la semana anterior de un hombre y una mujer, sorprendidos en una hacienda del municipio de Barrancas con cinco camionetas robadas en Caracas. La Policia estableció que se tratade una pareja de Colombianos que sirve de enlace con un frente de las Farc que opera en la región y que les cobra una especie de peaje a los ladrones de carros. "Llegamos a tiempo -dijo un vocero de la policía en La Guajira-. Si no caen, muy seguramente en menos de tres días habrian internado los carros por trochas y los hubieran trasladado al interior del país.

Además, los narcotraficantes acostumbran a comprar vehículos robados en la frontera para lavar dólares. O cambian lotes de carros por droga. Luego los revenden en almacenes de Bogotá, Cali y Medellín. "Los compran baratos, luego pagan algún dinero por los papeles y posteriormente los revenden a mayor precio. Tenemos indicios de que la muerte del director de automotores de la Fiscalía y del jefe de riesgos de una aseguradora en Medellín, tuvieron su origen en que alparecer descubrieron en esa ciudad una enorme maniobra para legalizar al menos 100 carros que habían sido robados en Venezuela ", informó una fuente de la Fiscalía en Bogotá.

POR LA VIA JUDICIAL
¿Por qué acudir a la vía judicial y no a la diplomática? Hasta ahora Colombia ha incumplido un acuerdo binacional firmado después de ocho años de negociaciones. En el documento, suscrito el 17 de marzo de 1993 por los cancilleres Fernando Ochoa Antich y Noemi Sanin, quedó estipulado que los dos gobiernos pondrían a consideración de sus respectivos Congresos el texto de la que se llamaría "Ley aprobatoria del acuerdo entre la República de Venezuela y la República de Colombia para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte terrestre, aéreo y acuático " (ver facsímil).
Pero solo una de las partes ha cumplido hasta ahora: Venezuela. La Ley respectiva fue aprobada el pasado 12 de septiembre y firmada un día después por el presidente Rafael Caldera. En Colombia, un proyecto de Ley en tal sentido fué presentado en la Comisión Segunda del Senado en julio de 1993, pero hasta ahora no ha registrado ningún avance.
Ante el evidente retraso colombiano, los venezolanos descubrieron en los artículos 60, 61 y 62 del Código de Procedimiento Penal el camino expedito para lograr que por vía judicial la Fiscalía ataque el problema. "Es posible que haya dificultades de gobierno a gobierno por haber acudido a los canales jurídicos y no diplomáticos. Pero es que no vemos la suficiente voluntad para luchar contra esa mafia ", dijo otro funcionario de ese pais.
Y no le falta razón. El año pasado, una vez presentado el proyecto de Ley en el Senado, los guajiros paralizaron la zona fronteriza tras argumentar la tradición del uso de carros venezolanos en la región. "Vemos muy difícil que esa ley sea aprobada en el Congreso porque hay numerosos congresistas de la Costa a quienes no les interesa solucionar un problema que tiene profundas raices sociales", sostuvo un funcionario del Ministerio de Gobierno, despacho encargado de hacerle seguimiento a los acuerdos binacionales en la materia.

A CONCILIAR
La denuncia contra los 4.600 colombianos que poseen carros venezolanos podria generar una agria disputa entre las dos naciones, porque ante la ausencia de una ley que regule la repatriación, queda el camino jurídico de la conciliación para llegar a acuerdos entre las partes interesadas. Así, en Bogotá ya tienen oficinas permanentes las compañías Seguros Caracas y Seguros Nuevo Mundo, entre otras, quienes se encargaran de entrar en contacto con los propietarios de los carros. "Va a llegar el momento en que aparezcan dos dueños de un mismo carro. Pero la ley establece que un fiscal debe practicar la sana crítica y profundizar en la tradición del automotor, para llegar al verdadero dueño, que es el que tiene la copia del denuncio del robo o las facturas de compra. Pero ante todo tenemos que asumir que se trata de vehículos que fueron adquiridos de buena fe. Así tendra que actuar la justicia colombiana", dijo el subdirector del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de Venezuela.
Al cierre de esta edición no se sabia con certeza si la camioneta del cogresista Guerra era robada o no. Ese es uno de los pocos casos detectados por las autoridades. Pero en medio de los dos millones de carros que circulan por las calles colombianas, al menos 50.000 de ellos fueron robados en Venezuela. Y 5.000 de ellos ya se sabe en manos de quien estan... ¿Y ahora quien podra defenderlos?-

LO BARATO...
Semana localizó en Bogotá a una de las miles de víctimas de la mafia que se mueva alrededor de los carros robados en Venezuela:
"¿Que cómo hice para legalizar un carro robado? Yo quería una camioneta pero no tenía la plata suficiente. Aquí en Bogotá alguien me dijo que en San Juan del Cesar había una persona que en dos días me hacía todo. Me fuí para allá. Llegué a la casa de ese señor y de inmediato me llevó a la parte de atrás de su casa, en un solar muy grande, donde tenía cinco carros, casi todos nuevos y con placas venezolanas. Le compré una miniblazr modelo 94 en cinco millones de pesos en efectivo. (En Bogotá vale 23 millones). Ese mismo día fuimos donde un señor de la oficina de Tránsito y por 30.000 pesos me consiguió un título de propiedad expedido por el Ministerio de Transporte de Venezuela, un certificado de revisión de la Policía Técnica Judicial donde consta que el carro no tiene antecedentes y una factura de compra. El tenía de tres clases, todas en blanco. Una de Castellana Motor, otra de D`Cisneros y compañía y una más de Decacentro. Escogí la primera. Con esos documentos me fuí a la calle tercera con carrera quinta de Riohacha, en los alrededores de la Aduana, donde hay unos tramitadores a quienes llaman los caimanes.
Con esos documentos por 50.000 pesos los caimanes me entregaron las planillas para nacionalizar el vehículo en la Aduana y continuar con la tramitación correspondiente. Entonces pagué los aranceles del 14 por ciento del valor de la compra, es decir, 700.000 pesos, más un valor adicional de un millón de pesos para que los papeles salieran con prontitud.
De ahí, con la nacionalización en la mano, obtuve el tránsito libre en la oficina respectiva en Riohacha. Lo pegué en el vidrio de atrás y le entregué las placas venezolanas al señor que me vendió la camioneta. Posteriormente regresé a Bogotá, y le matriculé en la Inspección de Transito de la Calera.
Pero luego llegaron los dolores de cabeza. Una patrulla de la Sijin de Bogotá me detuvo y los dos detectives me pidieron los documentos del carro. Uno de ellos argumentó que quedaba decomisado ya que estaba solicitado por Venezuela. No me mostraron ningún papel donde constara lo que decían, pero tampoco podía preguntar porque como tenía rabo de paja...
Luego me dijo que había que trasladar el vehículo a la policía metropolitana para tomarle las improntas y levantar un acta de detención. Pero el otro agente me dijo que las cosas se podían arreglar si yo les proponía un trato y así no perdía la inversión. Tres días después conseguí medio millón de pesos. Eso se convirtió en mi tragedia. Me tocó esconder el vehículo, porque volvieron a buscarme y tuve que decirles que había tenido que devolverlo. Mi caso está en manos de un abogado."

CASI ESTAFAN A MAZA
Hace año y medio, pocas semanas antes de retirarse del servicio activo de la Policía Nacional, al general Miguel Maza se le ocurrió que era indispensable tener un automóvil blindado, pero de su propiedad. Su cuerpo de escoltas le informó que había un vehículo que llenaba algunas características especiales que lo hacían insuperable. Pero solo se conseguían en Venezuela. Se trataba, según ellos, de una camioneta Japonesa que -a diferencia de las que existían en el País, ensambladas a base de fibra de vidrio, especialmente en el techo-, tenía todos sus componentes en metal.
Maza acogió la iniciativa y de inmediato se comunicó en Riohacha con dos personas quienes había conocido de tiempo atrás. Pocos días después recibió una llamada en la que le dijieron que el automotor que quería ya estaba disponible, que costaba 16 millones de pesos, que era cero kilómetros y que incluso todavía tenía los asientos cubiertos con plástico.
No obstante, le sugirieron que revisara la camioneta y verificára quno tuviera problemas. Así ocurrió y los escoltas de Maza se comunicaron con algunas autoridades venezolanas en San Cristóbal. Pero Maza y sus hombres se llevaron una sorpresa cuando cuando a los pocos días llegó una comunicación oficial en la que les informaron que la camioneta no era cero kilómetros y que había sido robada en Valencia (Venezuela), ocho meses atrás.

GUERRA EN PROBLEMAS
La sala penal de al corte Suprema de Justicia adelantará la investigación relacionada con el decomiso de una camioneta Chevrolet miniblazer, propiedad del senador Julio César Guerra Tulena. El vehículo fué interceptado el pasado 6 de octubre en las calles de Sincelejo (Sucre) por una patrulla de la Unidad de Automotores de la Fiscalía, que lo detuvo porque aparece registrado en los libros de la policía como un carro robado.
El congresista se dirigió a la Fiscalía y con un considerable cúmulo de documentos intentó que le devolvieran el automotor. Se trata de la camioneta de placas ZCA 605, modelo 1992, rojo metálico, con el motor número ZNV 375453. No obstante, los técnicos de la Fiscalía ya determinaron que tanto los números de sere del motor como los del chasis fueron adulterados.
Guerra Tulena también le explicó a la Fiscalía que compró la camioneta en la ciudad de San Cristobal en el concesionario Hidalgo Motor, hace un año y medio y que luego la pignoró en una entidad bancaria de su departamento.
La Fiscalía continuará la investigación para establecer el origen del automotor y enviará las pruebas recaudadas a la Corte Suprema, organismo competente para estudiar la conducta de los congresistas.

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