UN FUTURO PARA COLOMBIA

Colombia ha venido viviendo, desde hace más de tres décadas, un conflicto armado interno que no da señal de llegar a su fin y que se ha caracterizado por una sistemática y generalizada falta de respeto por los derechos humanos.Para aquellos miembros de la comunidad internacional que, como Amnistía Internacional, conocen a Colombia y a su pueblo, constituye un motivo de profunda tristeza y frustración observar que en el país el más básico y fundamental de los derechos humanos _el derecho a la vida_ es objeto de un desprecio tan total y absoluto. Permanecemos perplejos ante la paradoja de una nación cuyos gobiernos civiles, elegidos conforme al mandamiento constitucional, presiden sobre una de las más graves situaciones de deterioro de los derechos humanos que se dan en el mundo.Durante el último decenio, la violencia política ha segado más de 30.000 vidas, causado la 'desaparición' de más de 3.000 personas y desplazado de sus hogares y privado de su porvenir a cerca de un millón de colombianos. Una de las contradicciones más penosas de la crisis que atraviesa Colombia es constatar que la abrumadora mayoría de las víctimas son civiles, predominantemente del sector rural, que no han tomado parte activa en el conflicto armado: los despojos de una 'guerra sucia' en la que ni las fuerzas gubernamentales, ni los aliados paramilitares de éstas, ni la oposición armada ajustan su conducta a las normas mínimas del derecho internacional humanitario. La crisis de derechos humanos que aflige a Colombia plantea una problemática espinosa a la hora de proponer medidas que puedan ayudar a poner freno a la escalada de abusos. Pero esta es, precisamente, una de las tareas que han venido emprendiendo a diario los defensores de los derechos humanos colombianos, con el apoyo de la comunidad internacional de derechos humanos, durante muchos años. A menudo, la meta parece inalcanzable y el panorama poco alentador. Amnistía Internacional considera fundados tales temores al ver, con creciente alarma, que continúan multiplicándose en el país las violaciones graves a los derechos humanos fundamentales. En los primeros nueves meses de este año, Amnistía Internacional ya ha tenido que emprender en Colombia acciones urgentes en relación con cientos de víctimas; cientos de víctimas que apenas representan una fracción del total. Amnistía Internacional lleva años advirtiendo a sucesivos gobiernos de Colombia que, a menos que se tomen medidas enérgicas para acabar con las violaciones de los derechos humanos, la violencia crecerá en una espiral incontrolable. Nuestros llamamientos no fueron atendidos. Colombia debe reconocer que los derechos humanos son universales, y que el interés de la comunidad internacional en la crisis colombiana es legítimo y obedece únicamente al deseo de que cese el sufrimiento de su población. La voz de la comunidad de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos está llegando a los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, así como a un creciente número de gobiernos, y todos ellos han vuelto la mirada hacia la crisis de derechos humanos en Colombia. Su interés y su ayuda deben ser aceptados y acogidos positivamente como la oferta que son de una oportunidad auténtica, y quizás única, de poner punto final a la carnicería.El gobierno del presidente Ernesto Samper ha mantenido en repetidas ocasiones que la crisis de derechos humanos en Colombia no es una cuestión de imagen sino de realidades; no obstante, sigue pareciendo más ansioso de proteger su 'imagen internacional' que dispuesto a enfrentarse con la realidad y a tomar las medidas necesarias para transformarla. Con harta frecuencia, las críticas y los llamamientos para que se pase a la acción no reciben más respuesta que negativas, distorsiones e indiferencia. Otras veces, como ha ocurrido con tantos observadores de los derechos humanos nacionales e internacionales, se ha intentado desacreditar a quienes denuncian los abusos, acusando y atacando a los portadores del mensaje en lugar de hacer frente y llevar ante la justicia a los responsables. ¿Cuántas vidas más está Colombia preparada a perder antes de decir '¡basta!'? ¿Cuántos jueces, periodistas, abogados, sindicalistas, profesores, estudiantes, dirigentes populares, defensores de los derechos humanos y líderes indígenas deben morir para que el gobierno se decida a abandonar la retórica y pasar a la acción? Es indudable que el Estado tiene la obligación fundamental de proteger a la población; pero una democracia auténtica no precisa ser 'defendida', en representación del Estado, por organizaciones ilegales de carácter paramilitar. Colombia necesita desesperadamente un cambio. Pero éste no se producirá mientras las autoridades y los que empuñan las armas no tengan la voluntad y la capacidad de desligarse de este torbellino vertiginoso de violencia. Mientras no reconozcan que los ataques contra la población civil no son acto legítimo ni estrategia militar efectiva; que el ardor del conflicto más encarnizado no puede excusar jamás violaciones tan graves a los derechos humanos; y que ningún fin, en ninguna circunstancia, puede justificar los medios. Y no se producirá el cambio mientras este reconocimiento no quede plasmado en sus actos.Para restituir la dignidad humana arrebatada a la población de Colombia, y para que todos los colombianos puedan participar en la forja común de un futuro para el país, el Estado colombiano ha de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de todos y cada uno de sus ciudadanos. Amnistía Internacional continuará aplicando todas sus energías para lograr este objetivo. nPierre Sané es el actual secretario general de Amnistía Internacional, la más grande organización mundial encargada de velar por los derechos humanos. El señor Sané se ha pronunciado varias veces, desde su sede en Londres, sobre el tema de la violación de los derechos humanos en Colombia.