Lunes, 16 de enero de 2017

| 1997/11/10 00:00

UN PAIS DE CONTRASTES

UN PAIS DE CONTRASTES

Colombia es un país de radicales contrastes. En el interior la luz proyecta una imagen casi paradisíaca pero al mismo tiempo oculta una brutalidad que estremece. Científicos y humanistas de prestigio mundial conviven con grupos violentos reconocidos internacionalmente por el régimen de terror que imponen a la población. Algunos de los mejores escritores, pintores, escultores y destacados académicos, así como respetados juristas son colombianos. Ellos viven en un clima de violencia primitiva sin parangón en el hemisferio, donde el derecho solo cuenta en el papel. Los problemas de derechos humanos que sufre Colombia son abrumadores. No solo por la naturaleza y escala de atrocidades atribuibles directa o indirectamente a agentes del Estado o grupos privados que operan con su tolerancia, sino también por la más absoluta carencia de recursos judiciales eficaces para prevenir o castigar estos abusos. En regiones como Urabá o el sur del Cesar, salvo los comandantes militares, todo el mundo sabe quiénes son y dónde están los paramilitares. Estos últimos, a veces con apoyo oficial, se dedican a la tarea de combatir a las guerrillas, y a sus supuestos aliados de la población civil, en ocasiones produciendo espectáculos de carnicería dantesca. Por su parte, es evidente que las guerrillas piensan que el derecho internacional humanitario les puede ser útil para inspirar algunos de sus elocuentes discursos, pero no para alterar las órdenes que instruyen a los diversos frentes de matar, secuestrar y, en general, aterrorizar a todo aquel que no comparta su 'proyecto revolucionario'. El panorama es crítico y, muchas veces, desolador. Con todo, pareciera ser que cada vez hay mayor consenso entre los colombianos sobre la necesidad de un cambio o, al menos, en cuanto a la urgencia de humanizar el conflicto. En este sentido en mi última visita quedé impresionado por la amplitud, vitalidad y compromiso que crecientes sectores de la sociedad civil han expresado en favor de la paz y en contra de la violencia fratricida. Desgraciadamente hasta el momento ese incipiente consenso no ha influido en el récord que se construye a diario en Colombia. Cada día, un promedio de 10 personas mueren a raíz de la violencia política (tres de ellas como consecuencia directa del conflicto armado), cifra que se viene repitiendo años tras año. En los primeros ocho meses de 1997 nosotros registramos 35 masacres, y en cada una de ellas murieron por lo menos cuatro colombianos. Algo que también sorprende, y que por supuesto contribuye a este panorama tan desalentador, es que casi nadie está dispuesto a asumir su responsabilidad por lo que está ocurriendo o siquiera para intentar cambiar el actual estado de cosas. La autoridad civil dice que hay que preguntar al general, el general dice que hay que preguntar a los civiles. El resultado es que la población civil se encuentra más vulnerable que nunca y en un estado de indefensión casi total frente a un conflicto armado sin rumbo e instituciones estatales que se muestran impotentes.Aunque ciertamente la sociedad civil no puede asumir responsabilidad por los crímenes que se cometen impunemente en Colombia, debe forzar a su líderes a no evadir sus obligaciones constitucionales exigiendo que se adopten medidas eficaces, en el marco del respeto a los derechos fundamentales, para fortalecer la presencia de las instituciones públicas encargadas de protegerla. Pese a la guerra se debe continuar en el camino de afianzar, y no desmantelar, el frágil Estado de Derecho colombiano y, con ello, el papel que con grandes dificultades intentan desempeñar las instituciones de justicia en la prevención, investigación y procesamiento de abusos. La opinión pública no debe dejarse arrastrar por soluciones fáciles que manipulan su genuino reclamo de seguridad pero que a la larga contribuyen con mayor violencia y arbitrariedad. De lo contrario Colombia seguirá estando sola en un continente que tiende a abandonar el asesinato, el secuestro y la desaparición; como un paria, recorriendo el sendero ya conocido por los abuelos y bisabuelos de La Violencia. nJosé Miguel Vivanco, abogado chileno,egresado de la Universidad de Harvard. Desde septiembre de 1994 es director ejecutivo de Human Rights WatchAmericas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.