Una Colombia más segura

Los colombianos, que llevaban muchos años sitiados por la guerrilla, sintieron este año que por fin comenzaban a recuperar su país. Durante 2003 volvieron a viajar por carretera, a dormir en los pueblos una noche de largo sin temor a una toma, a hablar de cosas diferentes al secuestro o al asesinato de un amigo.

Aunque los éxitos pueden ser precarios -se está lejos aún del punto de no retorno- este año todos los indicadores de seguridad, salvo el de tortura y el asesinato de concejales e indígenas, mejoraron.

La tasa de homicidios fue de 54 por cada 100.000 habitantes, una cifra aún escandalosa pues es el doble del promedio internacional. Sin embargo es la más baja desde hace16 años. Sólo en la zona metropolitana de Medellín murieron de manera violenta 1.954 personas menos que el año anterior.

Según datos oficiales, el secuestro se redujo en casi un tercio, la piratería terrestre en 23 por ciento y el desplazamiento forzado en 41 por ciento, una tendencia a la baja por primera vez en tres años. En 2003 la guerrilla atacó seis pueblos, muchos menos que las 32 incursiones que realizó en 2002 y las 39 de 2001. Incluso las desapariciones forzadas descendieron. Según datos de la Asociación de Familiares y Desaparecidos en 2003 este delito que venía en ascenso desde 1995, bajó, aunque Asfaddes cree que obedece a la menor denuncia de estos hechos.

Algunos atribuyen estos índices a dos fenómenos. El primero, la decisión de las autodefensas de entrar en conversaciones con el gobierno, que los obligó a cambiar sus métodos de guerra. En cambio de desplazar estarían encajonando a las comunidades y habrían sustituido sus masacres por asesinatos más selectivos (la Comisión Colombiana de Juristas calcula que pese a haber declarado un cese de hostilidades los grupos paramilitares asesinaron y desaparecieron este año 1.220 civiles ). El segundo, a una estrategia de repliegue de la guerrilla, que estaría esperando que el presidente Alvaro Uribe se desgastara para emprender una gran ofensiva al final de su mandato con el fin de presionar la elección de un sucesor más abierto a una negociación de paz.

No obstante, aunque es cierto que los paramilitares han incumplido su cese de hostilidades es un hecho que mataron mucho menos. Y como lo comprueba el último informe de la Fundación Seguridad y Democracia, el repliegue guerrillero no es tan evidente como la gente dice. Este año ocurrieron 801 acciones de los grupos irregulares contra la Fuerza Pública -sin contar las muertes de soldados por minas antipersonales-, una cifra superior a los 648 ataques del año anterior. Que además es el doble del nivel registrado en 1991, cuando las Farc atacaron sistemáticamente a las Fuerzas Armadas como reacción a la toma de La Uribe, Meta. "Esto evidencia que el repliegue de estos grupos es relativo y que no han cesado totalmente sus acciones violentas", dice el informe de balance del año de la fundación.

Por eso es más probable que estos logros no obedezcan a que la guerrilla no haya querido hacer nada, sino a que no haya podido. Y que sean más bien el resultado de una nueva y exitosa política de seguridad del gobierno. Esta se basó en dos estrategias complementarias: por un lado, se adoptó un enfoque de seguridad más centrado en la protección del individuo (la Fuerza Pública tiene un mandato claro de cuidar carreteras, evitar pescas milagrosas, emprender rescates en caliente). Y por otro, se atacaron las retaguardias de la guerrilla y se buscó cortarles sus vínculos con la población.

La recuperación del control estatal del territorio se impulsó con mucha fuerza desde el Ministerio de Defensa. Este año se crearon tres nuevos batallones de Alta Montaña, en los Farallones, Cauca, y Chiscas (Boyacá), la Policía llegó a todos los municipios del país y se crearon escuadrones móviles de carabineros para las zonas rurales.

Con jóvenes que prestan su servicio militar en sus propios pueblos, el gobierno creó pelotones de soldados campesinos en 439 municipios de país. Aunque esta figura fue muy polémica pues las organizaciones de derechos humanos consideran que supone involucrar aún más a la población civil en el conflicto, hasta el momento ha dado buenos resultados. Como los soldados son cercanos, son del mismo pueblo, los habitantes del municipio han comenzado a colaborarles con información sobre la guerrilla. Y como los jóvenes conocen la zona y la gente, pueden suministrar mejor inteligencia sobre movimientos sospechosos. Pero más importante aún, han permitido que los soldados profesionales y las fuerzas especiales se dediquen a atacar los campamentos de la guerrilla y a perseguir a sus jefes.

Los militares siempre han combatido a los guerrilleros, sólo que este año contaron con recursos significativamente mayores y con una política escrita, integral, concertada y con prioridades estratégicas. Cada fuerza está elaborando planes de campaña con objetivos precisos. Tradicionalmente la guerrilla lograba llevar a los soldados a donde quería y cuando lo deseaba pues la Fuerza Pública era principalmente reactiva. Esto cambió. Las Fuerzas Armadas junto con el Ministerio identificaron como prioridad atacar a las Farc este año en el noroccidente del país, donde suponían una mayor amenaza para puntos clave de la economía nacional (los oleoductos, Bogotá y Medellín, los puertos).

La exitosa campaña de Cundinamarca demostró la efectividad de esta nueva forma de operar. Con grupos pequeños, la Fuerza de Despliegue Rápido fue capaz de sostener una operación militar de gran envergadura durante todo el segundo semestre. Fue un operativo paciente más parecido a un sitio medieval que a una batalla entre ejércitos inspirada en Hollywood. Aunque libraron combates casi a diario, la fortaleza de la operación Libertad I -que posiblemente será el modelo de las operaciones que se librarán en 2004 en el suroriente del país- residió en la inteligencia recaudada con la colaboración de la gente, en asfixiar los contactos de los guerrilleros con la población, en cortarles los suministros de alimentos y munición, en incentivar la deserción y en capturar o abatir a los jefes de cada frente. De esta manera, el Ejército logró desarticular los frentes 22 y 42 de las Farc en Cundinamarca, entre los mayores secuestradores del país, y desbaratar un trabajo de más de una década de 'Marulanda' para cercar a Bogotá.

La consolidación

Este año la Fuerza Pública ajustó sus métodos a la guerra de guerrillas emprendida hace un par de años por las Farc ante la superioridad aérea del Estado, y con ello terminó de consolidar la iniciativa militar. De hecho, en 2003 las Fuerzas Armadas sostuvieron por iniciativa propia 2.312 combates contra los grupos armados ilegales, 73 por ciento más que el año anterior, según cifras de la Fundación Seguridad y Democracia.

El aumento en el pie de fuerza, los mayores recursos técnicos y económicos, la colaboración de otros países en inteligencia contribuyeron a la mayor eficacia de la Fuerza Pública. También fue definitivo el liderazgo que ejerció el presidente Uribe, que ubicó el tema de la seguridad en la agenda latinoamericana y convocó el apoyo ciudadano a la tropa.

Este año, además, hubo una mayor conducción civil de la guerra. El Ministerio de Defensa escribió una política de seguridad, asignó recursos contra metas concretas, centralizó la mayoría de compras de las fuerzas para ganar sinergias y una mayor eficiencia, y creó una junta de inteligencia conjunta que les permitió a las diferentes entidades compartir información y sumar esfuerzos. Esta articulación entre el poder militar y el civil fue definitiva en los éxitos, aunque es aún frágil, como salió a flote con las fricciones entre el ex comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, y la ex ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez.

En realidad casi todo lo logrado es todavía frágil. Si este año fue el de la recuperación del territorio, el próximo tiene que ser el de la consolidación del poder estatal en todo el país. No puede suceder que mueran los soldados, que queden lisiados por minas 'quiebrapatas', para que el territorio conquistado termine siendo consolidado por los paramilitares, como ocurrió en algunas comunas de Medellín. O, retomado por la guerrilla, como sucedió con Barbacoas, Nariño, durante la administración de Andrés Pastrana.

Consolidar un territorio cuesta mucho dinero. Además de tener la presencia militar, que por primera vez en muchos años va a ser permanente, es necesario que llegue el resto del Estado: jueces y fiscales eficaces, secretarías de Salud y Educación que hagan su gestión, un Icbf que atienda a las familias.

En Saravena, Arauca, a medida que la gente fue recuperando un poco de tranquilidad comenzó a ganar mayor conciencia sobre la urgencia de tener un Banco Agrario. La situación es similar en el resto del país. Los jóvenes de las comunas paisas necesitan un empleo, para poderles dar la espalda definitivamente a sus bandas. Para esto el gobierno tiene pocos recursos y ha sido lento.

Es cierto que siempre es más rápido enviar un pelotón de soldados que instalar una comisaría de familia, así como es más fácil propiciar la desmovilización de un guerrillero que su verdadera reinserción a la vida civil. Pero dentro de la estrategia de la guerra lo segundo es tan o más importante que lo primero.

Si la gente en las zonas bajo influencia guerrillera comienza a sentir que la nueva presencia del Estado sólo le significa requisas diarias -que seguramente se multiplicarán cuando los militares estrenen el estatuto antiterrorista a mediados del próximo año-, allanamientos continuos, redadas masivas, que según el nuevo Ministro de Defensa continuarán, reclutamiento de informantes, difícilmente construirá lazos de confianza con el Estado.

Por eso uno de los aspectos preocupantes de la política de seguridad este año fue la realización de capturas masivas de supuestos milicianos de la guerrilla. En el año el porcentaje de detenidos por sospecha de rebelión creció en un 167 por ciento. Es cierto que si el gobierno logra desenmascarar las milicias que operan en los pueblos vestidos de civil les cortará a los guerrilleros y a los paramilitares en la selva todas las redes de apoyo logístico y los obligará a sacar la cabeza arriesgándose a ser capturados. Pero para que esas capturas sean efectivas y se sostengan en los juzgados, tienen que estar basadas en una inteligencia buena y no en prejuicios ideológicos que aún imperan en los organismos de inteligencia. O en venganzas personales de recién desmovilizados que se convierten en informantes.

Argumentos como que si es un rico en una zona roja y no ha sido secuestrado será porque es testaferro de las Farc, o que si un profesor que profesa ideas marxistas, es prueba de que es el enlace guerrillero para reclutar jóvenes, entorpecen la ejecución de la política de seguridad democrática.

Este gobierno, tan adepto a copiar estrategias aplicadas en Irlanda del Norte, no puede olvidar la lección que arrojó la política de Internment emprendida por el gobierno británico en Belfast en 1971, que en menos de un año detuvo por sospecha a 900 jóvenes católicos. ¿El resultado? El IRA creció como nunca en su historia.

Por eso el gobierno de Uribe, que lo ha hecho tan bien hasta ahora en el frente de la seguridad, no se puede equivocar. Menos ahora que planean entrar a la selva, que la guerrilla conoce como la palma de su mano. El 2004 será el año del gran pulso militar.

*Editora de reportajes de SEMANA