Utopías para tiempos de paz

“Algo le ha ocurrido a ese tradicional pensamiento utópico. Ha ido declinando durante dos siglos y, en la actualidad, nuestra sociedad ha perdido casi por completo su capacidad de producirlo. Nuestras imágenes del futuro tienden a ser prolongaciones del presente. Nuestra imaginación social se ha atrofiado. De modo distinto a las generaciones pasadas, cuya visión de la sociedad excedía a los medios con que contaban para llevarla a cabo, nosotros sufrimos un superávit de medios y un déficit de imaginación. En este sentido, hemos perdido la capacidad de fantasear y no podemos evadirnos del presente”.

Este texto de Harvey Cox viene como anillo al dedo en este momento cuando se comienza a sentir la urgente necesidad de anticipar la visión de una nueva sociedad establecida sobre pautas de convivencia democrática, donde las diferencias políticas e ideológicas puedan ser dirimidas mediante el debate racional y no sobre la fuerza de las armas.

Esto, evidentemente, requiere un gran esfuerzo de imaginación, sobre todo en un país en el cual la capacidad de confrontación democrática de las ideas y la solución de los conflictos entre ciudadanos se ha convertido en una verdadera utopía, debido al afianzamiento de una cultura de la violencia que indica, aun a los niños más pequeños, que la forma eficiente de resolver sus diferencias con otros radica en la fuerza y la agresión.

El asunto central, entonces, es la construcción decidida de una cultura de paz, asunto que trasciende con mucho la idea ingenua de que la paz se enseña mediante cursos especializados o asignaturas en un currículo.

Una vez conseguidos los acuerdos y la desmovilización de los grupos armados el gran reto del país es la educación de toda la población en un nuevo contexto de convivencia. Es casi una verdad de Perogrullo que sin este requisito básico no habrá ninguna garantía de consolidar un futuro pacífico y productivo para la totalidad de los colombianos.

Siguiendo la provocación de fantasear, me gustaría contar todos los sueños que he venido alimentando en casi 30 años de contacto con niños, escuelas y maestros y colocarlos como un hecho para el día siguiente de la firma de los acuerdos de paz.

Me gustaría constatar que la paz generó una gran ampliación de la educación pública, que por fin el Estado, las universidades, los gremios empresariales y la sociedad civil en su conjunto comprendieron que la paz se arraigaba desde la infancia, ofreciendo la misma educación a todos los niños y niñas en escuelas, colegios y universidades públicas de libre acceso. Que se entendió, finalmente, que sólo así es posible abrir oportunidades iguales a todos, sin que ellas estén mediadas por la cantidad de dinero disponible para pagar educación de élite.

Me gustaría saber que los educadores fortalecieron sus organizaciones gremiales, dándoles un perfil más profesional y que con ello adquirieron no sólo prestigio social, sino capacidad de influir y participar ampliamente en las políticas públicas de educación, manteniendo siempre abierto el debate y la fiscalización de la actividad del Estado, pero sin afectar el derecho de los niños y jóvenes a la educación.

Desde luego, quisiera ver un poder Legislativo responsable y ocupado de los temas sustanciales de la formación básica de todos los niños y jóvenes, empeñado seriamente en crear mecanismos para el desarrollo sostenido de la ciencia y la tecnología, exigente frente a la frecuente incompetencia de los funcionarios del Ejecutivo —nacional y local— que se ocupan de este tema esencial en la construcción de la justicia social.

Sueño con que la paz habrá forzado a los medios de comunicación y al conjunto de organizaciones de la sociedad civil a participar activamente en el desarrollo de nuevas iniciativas, a la vinculación de escuelas y universidades con el sector empresarial para promover la expresión cultural, la investigación y la creación de competencias básicas que hagan más productivo el trabajo y más satisfactoria la vida. También me gustaría ver que todo el conglomerado social participa activamente en la financiación de la educación, en el control de los resultados del proceso educativo en todos los niveles y en la discusión de las grandes estrategias encaminadas a asegurar la equidad y el estímulo a las calidades intelectuales de todos los colombianos.

Y, claro, el sueño más utópico, pero indispensable para el logro de todo lo anterior, es ver a los mejores y más experimentados educadores colombianos —que los hay en abundancia— haciéndose responsables de los principales cargos del sistema educativo nacional y regional. Para que esto sea posible los gobiernos tendrán que entender, finalmente, que la educación es el más urgente problema de Estado que enfrenta el futuro de la Nación.

Semejante colección de utopías no se consigue de la noche a la mañana.

Desde ya hay que ocuparse de lo urgente para que el advenimiento de los acuerdos de paz no nos tome de sorpresa:

Es indispensable montar un sistema educativo completo, con amplia participación de la comunidad, en todos los municipios —en especial en las zonas rurales— en los cuales se ha desarrollado la confrontación armada. El país cuenta con un enorme capital técnico y pedagógico que ha generado programas tan importantes como Escuela Nueva, que no parecen tener en la actualidad todo el impulso y apoyo que requieren.

Un buen sistema educativo en las zonas rurales es la garantía de permanencia y convivencia de quienes están en proceso de reincorporación a la vida civil, a la vez que un importante gancho para el retorno de desplazados a sus regiones de origen.

La atención del Estado debe materializarse en infraestructura, equipamiento y ubicación de maestros calificados que aseguren un notorio desarrollo de la cobertura y la calidad educativa, tanto para quienes hoy cursan su educación regular como para todos los niños y jóvenes desmovilizados de los grupos armados, que no han tenido la oportunidad de avanzar en su desarrollo escolar. Sin esto es muy difícil que la reincorporación de esta población se realice en condiciones de acceder a las oportunidades que el país tiene la obligación de ofrecerles.

En segundo lugar, es indispensable contar con los educadores que constituyen el más grande contingente de paz con el cual cuenta el país. Esto significa que las asociaciones y agremiaciones del magisterio deben jugar un rol sustancial en la construcción de una agenda educativa para la paz, pues sin su participación y compromiso no hay posibilidades de consolidación de una sociedad más igualitaria. Esto implica cambios profundos en las políticas del Estado con respecto a los educadores y cambios en las formas en que ellos abordan las reivindicaciones laborales, de manera que no se afecte el desarrollo de la responsabilidad política y ética de no atentar contra la educación de los más pobres.

En tercer lugar, es indispensable orientar adecuadamente los recursos dedicados a la educación, dando prioridad absoluta a la cobertura y la consolidación del sistema de educación pública. No es admisible que en un proceso de consolidación de la paz se recorte la inversión en el sector y menos aún que la poca disponible se planifique de manera inadecuada. El país no puede darse el lujo de mudar de políticas como se cambia de camisa, pues pierde invaluables aprendizajes realizados durante décadas por funcionarios nacionales y regionales que en contacto con los maestros han ido creando condiciones de progreso pedagógico. Todas estas búsquedas y hallazgos han costado mucho dinero y no pueden ser abandonados con cada cambio de gobierno para volver a inventar la rueda. La educación es un proceso de largo plazo y exige continuidad para generar resultados. De otra parte, la ruptura permanente de programas sobre los cuales se han generado esfuerzos y expectativas en las comunidades educativas produce un malestar y desconfianza generalizados que no contribuyen en nada a la consolidación de líneas de trabajo de largo aliento.

Por supuesto, es indispensable contar con que el cubrimiento real del servicio educativo cuesta dinero y para conseguirlo no bastan paños de agua tibia. Debe arraigarse desde ahora la idea de que gran parte de lo que hoy son costos de la guerra tendrá que fortalecer la expansión inmediata del gasto educativo.

Toda la utopía se vendrá abajo si no se encuentran soluciones reales a los problemas salariales y prestacionales de los maestros.

Finalmente, corresponde al sector educativo promover una gran movilización social que involucre medios de comunicación, sector empresarial, sociedad civil y comunidades educativas de tal manera que la firma de los acuerdos de paz sea un momento crucial para lanzar una década intensa y exigente de recuperación de la confianza en el país, alimentada con innovaciones educativas, estímulo a todos los talentos infantiles y juveniles disponibles, reconocimiento a los mejores maestros, participación efectiva de las comunidades locales en el planeamiento y desarrollo de la educación, recuperación de todas las experiencias de aprendizaje disponibles —incluidas aquellas adquiridas desde las peores circunstancias de la guerra—, avances en la investigación científica y tecnológica y apertura de nuevas modalidades de organización escolar local.

Sin un cambio profundo en la conciencia de la ciudadanía, llegarán los acuerdos de paz, la desmovilización de los combatientes y los murales de palomas blancas, pero los pobres se seguirán educando en escuelas pobres y los ricos en escuelas ricas. Los campesinos seguirán sin opción de progreso. Los ex combatientes quedarán anclados en sufrimientos y heroísmos pasados.

Este es un lujo que el país no puede permitirse, porque sin educación de buena calidad no habrá progreso económico, ni capacidad de convivencia, ni avance tecnológico, ni democratización del poder. Si no se trabaja hoy como si ya se hubiera firmado la paz, se corre un gran riesgo de mantener todo como está.

Quiero pensar que han pasado 10 años después de firmada la paz.

Colombia puede ahora mostrar al mundo que muchos de los antiguos combatientes de uno y otro lado pueden hoy debatir y confrontar sus ideas en foros y asambleas, en la Cámara y en el Senado. Muchos de ellos fueron a la universidad y ejercen los cargos del poder público y la oposición desde partidos políticos con plataformas ideológicas claras. Otros se desempeñan con idoneidad y conocimiento en los cargos de control fiscal.

Muchos niños y niñas que hace 10 años

eran parte de un ejército de desplazados por la violencia regresaron a sus pueblos y a sus veredas y pudieron educarse dignamente para generar riqueza y aferrarse a la tierra valiéndose de nuevas tecnologías.

La inversión en educación durante toda la década superó a la de todos los demás países de América Latina y Colombia consiguió un lugar destacado en el desarrollo académico y cultural del continente.

Colombia ha logrado consolidar cinco de las mejores universidades públicas de Suramérica, donde vienen jóvenes de todo el mundo a hacer cursos avanzados en gobierno y democracia, solución de conflictos, conservación ambiental y áreas orientadas a la reducción de la pobreza.

En este caso, no puede decirse que soñar no cuesta nada. No soñar es lo que nos puede resultar muy caro.