Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1992/12/07 00:00

VENENO EN EL AMBIENTE

La industria colombiana vierte más de 250.000 toneladas de tóxicos al año. Y el mundo desarrollado pretende que el país importe otro tanto.

VENENO EN EL AMBIENTE

A FINALES DE JULIO PASADO UN BUQUE PROveniente de Estados Unidos, que recorría errante el mar Caribe, causó alarma en Colombia. No traía ni armas ni drogas. Pero traía algo mucho peor. Era un barco cargado de... residuos tóxicos. Hoy, tres meses después, nadie sabe exactamente a dónde fue a parar su indeseable mercancía.
Las autoridades portuarias aseguran que aquí no dejó nada, pero lo cierto es que ese no fue el primero ni será el último buque que pase por nuestras costas con ese mismo propósito.
De hecho, Colombia ha estado muchas veces en la mira de los exportadores y traficantes de basuras tóxicas que producen las naciones industrializadas. Basuras que por sus características físicas o químicas causan daño a la salud humana y al medio ambiente. Importarlas sería grave. Pero lo que muchos no saben es que la industria nacional genera más de 250.000 toneladas de residuos peligrosos al año, y esos desechos son botados al agua, al aire y a los basureros prácticamente sin control alguno. Más sorprendente aún es que en la gran mayoría de los casos no hay sanciones.
El Gobierno ha rechazado todas las propuestas de importación de basura tóxica al país. La más ambiciosa de ellas pretendía montar una planta multifuncional para procesar, inicialmente, 300.000 toneladas anuales de residuos tóxicos en La Guajira.
Sin embargo, a pesar de las negativas gubernamentales, ninguna autoridad ha podido asegurarle con certeza a SEMANA que a Colombia no hayan entrado ilegalmente cargamentos tóxicos extranjeros. Es más, no se sabe si en las costas de los países vecinos o en aguas internacionales cercanas hayan sido botados desechos de ese tipo.
Se trata de un negocio que trafica con cientos de cargamentos y mueve muchísimo dinero. Anualmente los países desarrollados exportan por barco más de dos millones de toneladas de desechos tóxicos. Y las fábricas pagan millones de dólares para deshacerse de sus basuras en cualquier parte del mundo. Por lo tanto no es extraño encontrar basura tóxica de la industria química italiana en Rumania, Venezuela, Siria y Nigeria, desechos norteamericanos en el Caribe y residuos tóxicos alemanes en Africa o en cualquier otro lugar del mundo en desarrollo.
El destino de esas basuras es, sobre todo, un problema de costos. Mientras botar una tonelada en Africa cuesta dos dólares con 50 centavos, disponer adecuadamente de ella en un país europeo requiere de fosos a prueba de filtraciones, incineradores de alta temperatura, y una inversión que puede alcanzar entre 300 y 400 dólares. Es decir que deshacerse de estos desechos en el Tercer Mundo cuesta unas 100 veces menos.
Por eso no es raro que países como Guinea Bissau, Congo, Bahamas Honduras, Guyana, Haití, Sudáfrica, Nigeria, Líbano y México se hayan convertido en destinos favoritos de los desechos tóxicos, a cambio de considerables sumas que pagan Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos, Japón e Italia.

LA LEY DEL EMBUDO
El comercio y tráfico mundial de desechos es, en el fondo, un problema de doble moral o de "ley del embudo".
Alemania, que es el país que más envía basuras tóxicas al exterior, tiene una rígida legislación ambiental interna.
Hasta 1989 el comercio mundial de basuras tóxicas no tenía mayores controles, y una cantidad incalculada se botaba clandestinamente en alta mar. Ese año, sin embargo, se firmó la Convención de Basilea, que regula todo lo relacionado con ese comercio y establece que, antes de zarpar, los barcos transportadores deben tener la autorización del país receptor y de los países de tránsito. Pero el acuerdo aún no ha entrado en vigor, pues de 37 países que lo han firmado, menos de 10 lo han ratificado. Colombia ni siquiera lo ha sometido a la aprovación del Congreso Nacional.
Mientras tanto, los peligros subsisten. Una reciente ley ambiental de la Comunidad Europea deja abierta la posibilidad de exportar desechos tóxicos al Tercer Mundo so pretexto de reciclarlos.
Pero también existen otros pretextos. La organización ecologista Green-peace denunció recientemente que una compañía alemana transportó a Albania sus desperdicios bajo la forma de "ayuda humanitaria". Hace un mes se reveló un extraño pacto para el manejo de residuos tóxicos, celebrado entre autoridades italianas y una de las facciones en frentadas en la guerra civil que está desangrando a Somalia y agravando la hambruna en ese país del Africa.
En cuanto a Colombia, no han sido pocos los intentos de convertirla en basurero. Antes de que la nueva Constitución prohibiera en su artículo 81 la importación de residuos tóxicos, hubo por lo menos tres propuestas formales de empresas extranjeras para montar plantas procesadoras de basuras tóxicas en el país (Ver recuadro). Los planes no fueron aceptados, pero los productores del mundo desarrollado no se cansan de insistir. Y lo hacen a pesar de que el Estatuto de Inversión Extranjera también lo prohíbe. SEMANA conoció que cuando estalló la crisis del sector eléctrico, en marzo pasado, al Gobierno nacional le propusieron informalmente montar una planta generadora de electricidad que utilizaría como combustible residuos industriales muy baratos, pero tóxicos:
Por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Eso lo demuestra el barco de bandera panameña que, procedente de Portland, Estados Unidos, causó alarma en julio pasado, pues ya había sido rechazado en otros países del Caribe. Curiosamente, la única inspección rigurosa que se le hizo en Cartagena solo fue en busca de material radioactivo. Los técnicos del Tnstituto de Asuntos Nucleares no encontraron nada. Pero no se descarta que, si había tóxicos, estos hubieran sido arrojados en alta mar.
Eso es posible, si se tiene en cuenta que el país no tiene un cuerpo de guardacostas en permanente operación y que en los puertos más importantes del país hay en promedio sólo 25 funcionarios de la Dirección Marítima y Portuaria (Dimar) para controlar el tráfico de buques. Como si eso fuera poco, el personal no está capacitado para establecer si una carga es peligrosa o no. El director de la Dimar, almirante Guillermo Ruan Trujillo, reconoce que su gente en los puertos no puede verificar todos y cada uno de los cargamentos.

TOXICOS POR TONELADAS
Y si eso sucede con lo que viene de afuera, lo que ocurre con las basuras Tóxicas generadas en el país no es nada alentador. Según la División de Política Ambiental de Planeación Nacional, cada año las 5.500 industrias medianas y grandes que hay en Colombia producen más de 90.000 toneladas de lodos, 130.000 toneladas de líquidos y 30.000 toneladas de sólidos peligrosos. Lo grave es que en la gran mayoría de los casos esos desechos son echados a los ríos, al aire, a los rellenos sanitarios o a botaderos clandestinos.
En rellenos sanitarios como el de Doña Juana, en Bogotá, a donde van a parar muchos residuos tóxicos industriales, se están viendo las consecuencias. Como hay problemas de diseño, se está presentando una preocupante contaminación de las aguas subterráneas.
La cifra de 250.000 toneladas anuales de residuos tóxicos aumenta considerablemente si se incluyen los desechos producidos por los hogares, las bombas de gasolina, los talleres automotrices, los mataderos y los hospitales.
En un país serio nadie se imaginaría que los hospitales fueran peligrosas fuentes de residuos patógenos. Pero en Colombia eso es así. Sólo en Bogotá, de 11 hospitales que dependen de la Secretaría de Salud, apenas cinco tienen incineradores para quemar sus desechos. En los demás, lo que queda de las cirugías y el material desechable usado con los enfermos va a fosas comunes de cementerios o a la basura común y corriente.
Pero la situación de los residuos tóxicos es peor en las zonas más industrializadas del país. En Colombia el 55 por ciento de los desechos peligrosos industriales es producido en tres zonas: Bogotá-Soacha, Medellín-Valle de Aburrá y Cali-Yumbo. El resto es generado en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Manizales, Sogamoso y Barrancabermeja. (Ver mapa). Sin embargo, en otras zonas también se ha detectado el vertimiento de desechos peligrosos. Es el caso de las regiones donde están ubica dos los laboratorios para el procesamiento de cocaína.
A diferencia de lo que sucede en los países industrializados, donde la industria está sometida a una rígida legislación, en Colombia buena parte de las basuras tóxicas va a los ríos. El 87 por ciento de las industrias medianas y grandes vierte allí sus residuos. El Magdalena recibe los desechos de casi la mitad de las industrias nacionales. Al segundo río en importancia, el Cauca, van los de 1.920 empresas de Medellín y el Valle de Aburrá y de Cali-Yumbo. El Bogotá, que es el cuerpo de agua más contaminado del país, recibe los desechos de 1.700 industrias. A otros, como el Amazonas y el Orinoco, van los vertimientos de muchos laboratorios de cocaína y de 31 industrias petroquímicas, licoreras, de alimentos y agropecuarias. El mar Caribe, a través de Barranquilla y Cartagena, recibe los tóxicos de 556 industrias y el Pacífico es el destino de los residuos de por lo menos 17.

LAS MAS TOXICAS
Aunque no todas las industrias producen desechos tóxicos, la verdad es que por lo menos 27 actividades distintas sí lo hacen. Las industrias químicas y petroleras son las campeonas al generar ácidos y álcalis, lodos con metales pesados, como cromo, cad mio, bromo, arsénico y cianuro, asbesto, solventes, policrolobifenilos y otros componentes como los biocidas.
La industria del procesamiento de cocaína genera ella sola cada año por lo menos 20 millones de litros de residuos tóxicos, como éter etílico, acetona y ácido clorhídrico, que son arrojados a quebradas y ríos, según estadísticas de la DEA.
Las actividades petroleras producen residuos tóxicos como cadmio, cianuro, cromo y azufre. Otras industrias, como la de manufactura y tratamiento de metales, dejan ácidos, cianuro y lo dos con metales pesados. La industria del cuero ocupa el cuarto lugar, al producir grandes cantidades de cromo y sulfuros. Pero no se le quedan atrás la fabricación de textiles, pinturas, vidrio, ce mento, pesticidas, productos metálicos y plásticos y la industria editorial. (Ver recuadro).
Aunque la nueva Constitución garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano, el mismo Estado es el principal productor de residuos tóxicos. Y eso ocurre a través de sus hospitales, mata deros municipales y empresas licoreras, petroleras y químicas. Un caso ilustrativo es el de Alcalis de Colombia, una compañía que llegó a convertirse en la principal contaminante del río Bogotá. La empresa operó hasta hace poco una planta de carbonatos en Cajicá, que botaba grandes cantidades de cloruros y mercurio al río.
Durante 17 años Alcalis desatendió los requerimientos que le hizo insistentemente la CAR. Finalmente este año, la empresa cerró la planta de carbonatos. No obstante, Alcalis sigue produciento una considerable polución con sus demás plantas de Cajicá.
Aunque miles de industrias producen desechos tóxicos, sólo una, la Occidental Petroleum Company, tiene un relleno sanitario de alta seguridad para esas basuras, en Caño Limón.

CHARCOS Y CALLES TOXICAS
Un ejemplo claro del manejo deficiente que le da a los residuos tóxicos es lo que ocurre con la industria del cuero en el suroriente de Bogotá. En esa habitada zona de la ciudad los residuos líquidos rebosan las alcantarillas e inundan las calles. La gente tiene que caminar por entre lodos contaminados con mercu rio, cromo y nitratos. De paso, los vecinos se exponen a los riesgos del cáncer las ulceraciones en la piel, los problemas del sistema nervioso y las enfermedades circulatorias.
Sobre los efectos en la salud, hay un chiste entre los ecologistas que dice que en Yumbo, Valle, los pájaros no cantan, sino que tosen, debido a la gran contaminación. A los humanos no les va mejor. El cáncer, las enfermedades pulmonares, las cardiovasculares y las gastrointestinales pesan cada vez más dentro de las principales causas de mortalidad en el país. Un estudio del Instituto Nacional de Salud concluye que el principal problema de salud ocupacional en Bogotá es el saturnismo, que es nada menos que la intoxicación por plomo. El 45 por ciento de los trabajadores de las fábricas de baterías y fundidoras lo padecen. Otra sustancia, el sílice, expulsada por las cementeras, causa la silicosis, que es el primer paso hacia el cáncer de pulmón. El mercurio, a su turno, causa problemas en el sistema nervioso y el cromo produce cáncer del tabique. (Ver recuadro).
Si los colombianos no son conscientes de la gravedad del problema, es porque muy rara vez los tóxicos son noticia. En otros frentes como el radioactivo, también hay riesgos. Este año ha habido por lo menos dos robos de fuentes de cobalto, que afortunadamente han sido recuperadas. Hace algunos años, en México hubo un grave accidente que causó numerosos muertos y heridos, cuando una fuente abandonada fue reciclada en un basurero.
Aunque en Colombia no hay mucho material de ese tipo, hasta la fecha, el Instituto de Asuntos Nucleares ha concedido casi 1.300 licencias para importación y manejo de material radio activo a centros médicos, universidades e industrias, que deben manejarlo bajo rigurosos parámetros.
Pero ese no es precisamente el caso de los residuos tóxicos generados por la industria. A pesar de que hay una regla mentación que para muchos ya es obsoleta, la resolución 2.309 de 1986 del Ministerio de Salud sigue rigiendo todo lo relacionado con la disposición y manejo de los desechos peligrosos.
El problema es que en la práctica esa norma es casi letra muerta y las sanciones por su violación han sido escasas.

¿QUIEN CONTROLA QUE?
En Colombia no se castiga ejemplarmente a los responsables, porque el control de los residuos industriales está en manos de todos. .. y de nadie. Son más de 15 las entidades que tienen que ver con este tema: no sólo el Ministerio de Salud, sino también el Inderena, Planeación Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales, el Ministerio de Minas y Energía, los Servicios Sec cionales de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el ICA, la Dirección Marítima Portuaria y la Procuraduría.
Con tantas instituciones dedicadas a lo mismo, es natural que se presente uno que otro problema. Aunque sobre el papel cada entidad tiene claras las funciones que le corresponden, en la práctica la coordinación no existe. Ni el Inderena sabe a ciencia cierta qué está haciendo el Ministerio de Salud, ni el Ministerio sabe qué está haciendo el Inderena. Y así sucesivamente.
Adicionalmente, una sanción a cualquier industria puede tardar años en convertirse en realidad, pues transita de institución en institución hasta cumplir con los requisitos correspondientes. En el Inderena un concepto sobre una determinada fábrica conta minante demora en promedio cuatro meses en pasar del departamento técnico al jurídico.
Pero, cuando el castigo se presenta y se le exige a la industria realizar cambios en el manejo que le está dando a sus desechos tóxicos, no hay personal disponible que se encargue de hacer el seguimiento adecuado. De esta forma, la única posibilidad es confiar en la buena fe de las industrias.
Sobre el papel las cosas parecen estar más claras. Al Ministerio de Salud le corresponde entregar a las industrias una autorización sanitaria y una licencia de funcionamiento, y al Inderena, un permiso de vertimiento de residuos y una licencia ambiental. Sin embargo hay muchos casos de industrias contaminantes que tienen al día la licencia de funcionamiento, pero que ni siquiera han solicitado el permiso ambiental.
Por eso, a la hora de fijar las responsabilidades estatales, estas se diluyen. Muchos creen que con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y con la financiación internacional para proyectos específicos las cosas podrían, por lo menos teóricamente, mejorar.
La solución, sin embargo, no es sólo sancionar sino también evitar. Aunque ninguna industria del mundo ha logrado eliminar la producción de residuos tóxicos, las tecnologías más avanzadas por lo menos los han reducido significativamente. El problema es que en Colombia gran parte de las fábricas cuentan con equipos tecnológicamente obsoletos, y los costos de la modernización son altos.
Sin embargo, según la Andi, reducir la contaminación no es tan costo so. El vicepresidente ambiental, Manuel Felipe Olivera, dice que en algunos procesos es perfectamente factible reutilizar un metal pesado como el cromo, sin necesidad de botarlo.
De todas formas, lo que es absolutamente claro es que, más allá de los problemas de plata y de legislación, lo que se necesita para controlar efectivamente los residuos tóxicos es voluntad política del Gobierno para sancionar a los infractores y voluntad de la industria para usar tecnologías más limpias.

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