Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1996/10/07 00:00

VIENTOS DE CRISIS

Aunque el sistema financiero sigue siendo sólido, el bajón económico lo hace cada vez más vulnerable.

VIENTOS DE CRISIS

La entrada a Colombia del Banco Bilbao Vizcaya, con la compra del 40 por ciento de las acciones del Banco Ganadero, fue sin duda una gran noticia. No sólo por las dimensiones del negocio -328 millones de dólares-, sino porque pareció disipar cualquier duda que pudiera existir sobre la salud actual del sistema financiero colombiano. Nadie invierte más de 340.000 millones de pesos en un negocio si no lo considera suficientemente sólido. Menos un banco 'toreado en tantas plazas', como el Bilbao Vizcaya. Por eso, su ingreso al país fue visto como una muestra de confianza en Colombia y en sus instituciones crediticias. Ese respaldo no deja de ser importante, aunque la verdad es que -con excepción de algunas voces aisladas- casi nadie ha puesto en duda la solidez del sistema financiero colombiano. La mayoría de los analistas coinciden en que el sector no presenta, en el momento, ningún signo de debilidad estructural. Así se lo dijeron enfáticamente a SEMANA la superintendente bancaria, María Luisa Chiappe, y el presidente de la Asociación Bancaria, César González Muñoz. Es más, los dos coincidieron en afirmar que el sistema financiero colombiano es, en la actualidad -sólo igualado quizás por el de Chile-, el más seguro de América Latina.

Síntomas de fragilidad
Que sea seguro no significa, sin embargo, que sea invulnerable. La desaceleración de la producción, el aumento en las tasas de desempleo y la multiplicación de concordatos, son síntomas de que algo anda mal en la economía colombiana. Y esa situación tiene que repercutir, tarde o temprano, en el sector financiero. De hecho, hay indicadores que demuestran que ya está repercutiendo. Los balances se han vuelto negativos en muchas entidades, la rentabilidad patrimonial es menor y la calidad de la cartera se ha deteriorado. La proporción entre la cartera vencida y la cartera total pasó de 4,8 por ciento en diciembre de 1994 a 7,0 por ciento a mediados de agosto del presente año. Esa cifra es muy inferior a la de comienzos de la década pasada, cuando se presentó la más grave crisis financiera en la historia reciente del país. Y es menor, inclusive, a la que mostraban los establecimientos de crédito al comenzar la década del 90. Pero no deja de ser preocupante como tendencia. Este año, por primera vez desde 1990, el indicador de calidad de cartera ha venido creciendo mes a mes, cuando lo que se venía observando desde entonces era que la cartera vencida se incrementaba en el primer trimestre y bajaba en el resto del año. El deterioro en la cartera ha venido acompañado, además, de un aumento de las 'daciones en pago', que no son otra cosa que la cancelación de obligaciones financieras con bienes del deudor. Aunque su monto no es muy grande, el hecho de que hayan crecido un 90 por ciento entre junio de 1995 y junio de 1996 es un indicador de los problemas del sector productivo. Y coincide con el aumento en el número de empresas en concordato, que pasó de 14 en 1993, a 27 en 1994, 57 en 1995 y 31 en lo que va corrido de 1996. El sistema es, por tanto, más vulnerable que hace dos años. Aunque la situación no es todavía alarmante. Para el presidente de la Asociación Bancaria,"es evidente que hay algunos establecimientos en problemas y que es indispensable una alianza entre el sistema y las autoridades para resolver las dificultades que se están presentando; pero estamos muy lejos de una crisis". Y una de las razones que permite afirmar eso, según él, es el marco regulatorio y de supervisión que tiene hoy el sistema financiero. Aparte del papel 'tranquilizador' que juega el Fogafín (Fondo de Garantías de Instituciones Financieras).
Bajo estricto control
A raíz de la crisis financiera de los años 80, se montó en Colombia un sistema de regulación financiera que es reconocido hoy en día como uno de los más rigurosos de América Latina. El sistema está basado en un monitoreo permanente de cada una de las entidades del sector, y descansa en tres grandes pilares: la capitalización adecuada de los establecimientos, la calidad de los activos y la desconcentración del riesgo. Y es gracias a él, según María Luisa Chiappe, que el sector se mantiene firme, a pesar de la desaceleración económica. Dos variables sirven, según la funcionaria, para mostrar las bondades del sistema: el índice de solvencia de los intermediarios financieros y las provisiones de cartera. Siguiendo normas internacionales, la Superintendencia les exige a los establecimientos de crédito un índice de solvencia _que es la relación entre el patrimonio y los activos ponderados por su riesgo_ superior al 9 por ciento. Con excepción de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, que trabajan con garantía hipotecaria, los demás están por encima del 14 por ciento. Y las provisiones superan el 30 por ciento de la cartera vencida. Para garantizar que se cumplan las normas, además, la Superintendencia hace un seguimiento mensual de los estados financieros y exige un consolidado semestral para verificar la relación de solvencia de los establecimientos. Y si eso no bastara, el Fogafín respalda la continuidad de las operaciones de aquellas entidades con problemas de solvencia, a través de programas de recuperación -ya sea con aportes de capital, otorgamiento de créditos o enajenación de acciones-, y ofrece un seguro de depósito hasta de 10 millones de pesos por depositante y por entidad.

Riesgos que no faltan A nivel 'micro', por tanto, la situación parece controlada. Pero hay un elemento que, a pesar del optimismo de las autoridades, le introduce fragilidad al sector: los graves desequilibrios que tiene la economía colombiana en el frente fiscal y en el sector externo. En un contexto de amplio déficit en la cuenta corriente, financiado con ahorro externo, cualquier economía se torna vulnerable a variaciones fuertes en el flujo de capital externo. Un colapso del financiamiento externo, como el de los años ochenta, puede forzar una devaluación masiva. Y es posible que aún la más estricta supervisión sea impotente para contener una situación tan crítica. Según Salomón Kalmanovitz, codirector del Banco de la República, la situación es hoy muy diferente a la de los años 80. En ese entonces, el déficit en cuenta corriente superaba el 8 por ciento y el déficit fiscal se acercaba a esa cifra. Hoy, el primero no supera el 5 por ciento, y el segundo no será superior al 3 por ciento al finalizar el año. El déficit en cuenta corriente se ha frenado por el estancamiento de las importaciones y el gobierno ha manifestado claramente su intención de bajar el déficit fiscal. Aunque lento, hay un ajuste que permitiría una recuperación paulatina de la economía. Si ese escenario se mantiene, el sistema financiero aguantaría sin problemas. Quizás con una menor rentabilidad en el corto plazo y un deterioro adicional en la cartera de algunas entidades, pero sin correr lo que los expertos denominan un riesgo sistémico. Hay, sin embargo, dos escenarios extremos -pero no improbables- en los cuales se podría generar una crisis que afecte al sistema en general. El primero es un tratamiento 'tipo Irak' a Colombia por parte de Estados Unidos, que los analistas políticos no descartan en plena campaña electoral. El segundo es un torpedeo político -consentido o no por el gobierno- a las intenciones de bajar el déficit fiscal.

La rebelión de los políticos La intervención de Estados Unidos, que todavía no está descartada, podría ir desde la simple suspensión del Acuerdo de Preferencias Andinas -Atpa-, que podría significar una disminución de entre 500 y 600 millones de dólares en los ingresos no petroleros del país, hasta un bloqueo crediticio y un embargo de las cuentas del Banco de la República. En esta última situación, la crisis sería evidente. Pero aún con sanciones más suaves, Estados Unidos podría provocar una baja en la calificación crediticia de Colombia y una disminución en los flujos de capital, lo que pondría al país en una situación parecida a la de los años 80. El otro escenario -de naturaleza contraria- tiene que ver con la mezcla de petróleo y crisis política. El año entrante, el país empezará a recibir ingresos considerables por la venta de petróleo, lo que presionará una mayor revaluación del peso. Si el gobierno no ajusta sus finanzas y recurre al mercado externo para financiar su déficit, la revaluación sería mucho más grande y el país caería, definitivamente, en lo que los expertos llaman "la enfermedad holandesa", que no es otra cosa que el marchitamiento de los productos de exportación diferentes al petróleo. Y si no recurre al mercado externo, sino que aumenta los impuestos -sin modificar radicalmente la política de gasto-, le daría un golpe adicional a la demanda interna. En los dos casos resulta poco probable la recuperación de la economía. Por eso resultan preocupantes las voces que se han comenzado a levantar en el Congreso en contra del proyecto de presupuesto presentado por el Ministro de Hacienda. Si prospera un voto de censura contra José Antonio Ocampo y el Congreso no vota el presupuesto, el manejo de la economía será mucho más complicado en 1997. Y un mayor deterioro del sector productivo se reflejaría de inmediato en el sector financiero. Aunque la verdad es que con ajuste tampoco sería nada fácil. La corrección de los ajustes macroeconómicos no soluciona los problemas de manera automática. Lo que quiere decir que la perspectiva, de todas maneras no es la mejor, ni para la economía ni para el sector financiero. Y que, como dice el presidente de la Asociación Bancaria, para que las dificultades no se agranden "hay que confiar en la solidez del sistema, en la supervisión y en la sabiduría de los administradores".

Quiebras: ¿sí o no?
A pesar de que muy pocas personas tienen dudas sobre la solidez del sistema financiero, la desaceleración de la economía ha golpeado a muchas entidades del sector. De los 32 bancos del país, nueve dieron pérdidas en el primer semestre de 1996. Y lo mismo les pasó a 13 de las 26 corporaciones financieras y a 18 de las 31 compañías de financiamiento comercial. Estas últimas han sido las más golpeadas, por dos razones. La primera es que no pueden captar recursos de bajo costo como los otros intermediarios. La segunda, que por su naturaleza manejan mercados especializados de consumo, que son muy sensibles al aumento de las tasas de interés y al comportamiento de la demanda agregada. En conjunto, las compañías de financiamiento comercial tuvieron una rentabilidad patrimonial negativa a junio de 1996. De las 18 que arrojaron pérdidas, hay algunas que están siendo observadas muy de cerca por la Superintendencia Bancaria y dos tuvieron que recurrir al apoyo del Fogafín. La situación tampoco es la mejor para algunas corporaciones financieras que tuvieron pérdidas muy elevadas en el primer semestre. Algunas se han fusionado con otra entidad o están en proceso de hacerlo, y otras están buscando la forma de capitalizarse, y así se lo han hecho saber a la Superintendencia Bancaria. El caso de los bancos es diferente, pues aunque hay algunos que se encuentran muy cerca de la llamada línea de solvencia (relación entre el patrimonio y los activos de riesgo), no hay ninguno, en opinión de la Superintendencia, que esté corriendo el riesgo de caer en una situación de iliquidez. En general, los problemas están concentrados en establecimientos muy pequeños. Y eso, combinado con el sistema regulatorio que hay en este momento en el país, permite tomar a tiempo los correctivos necesarios para impedir que se incube un problema de mayor magnitud en el sistema financiero. Pero al mismo tiempo da lugar a una pregunta que se está convirtiendo en tema de discusión entre los expertos: ¿si los establecimientos que tienen problemas no amenazan la seguridad del sistema financiero en su conjunto, por qué no dejarlos quebrar, para tratar de mejorar la disciplina en el sector? La teoría, que se maneja en los altos círculos financieros de Estados Unidos -donde quiebran infinidad de instituciones financieras cada año-, es que el nivel óptimo de funcionamiento de un sistema financiero se da cuando el número de quiebras es superior a cero. Si eso no se da el sistema se vuelve ineficiente. El tema fue planteado la semana pasada por la superintendente bancaria, María Luisa Chiappe, en el marco de un seminario sobre 'revelación de información financiera' que tuvo lugar en Bogotá, en el cual hubo consenso sobre la necesidad de introducirle mayor competencia al sector. En las actuales circunstancias habría, sin embargo, dos razones para pensar que, a pesar de que las entidades en problemas son sumamente pequeñas, y a pesar de los beneficios que una acción de tal naturaleza le podría reportar al sistema, es muy difícil que el gobierno deje quebrar una entidad financiera. La primera es que el Fogafín tiene una doble función: apoyar a las entidades financieras en problemas, y pagar el seguro de depósito a los ahorradores en caso de insolvencia de esas misma entidades. Y está en el interés de cualquier asegurador el tratar de impedir que se presenten siniestros. La segunda es que, dada la debilidad política del gobierno, la quiebra de una entidad financiera, por muy pequeña que sea, podría generar una estampida. Mal haría la administración Samper en permitirlo, además, con la responsabilidad que le cabe en el problema.
De cara al siglo XXI una gran reestructuración en el sector financiero colombiano se podría presentar antes de terminar el presente siglo. Si continúa la venta de bancos del Estado (como el Popular y el BCH) y algunos bancos privados llevan a cabo su plan de buscar alianzas estratégicas para moverse en un mercado más competititivo -a imagen de lo que acaba de hacer el Banco Ganadero con el Bilbao Vizcaya-, el país podría volver a una situación similar a la de los años 70: una banca nacional pequeña y una banca extranjera dominante en el mercado (o por lo menos con una participación dominante). Pero ese no es el único cambio que se anuncia. A raíz de la situación actual, en la que muchas instituciones pequeñas están teniendo problemas por su excesiva vulnerabilidad al comportamiento del ciclo económico, el debate sobre la necesidad de la multibanca ha vuelto a abrirse camino. Hay quienes opinan que no tiene sentido dispersar de manera excesiva los servicios. Pero hay quienes opinan, a su vez, que de no ser por la especialización, los factores de riesgo se concentrarían en pocas entidades y eso haría más vulnerable al sistema en general. Los defensores de esta última idea, alegan que las entidades que hoy están en problemas -en especial las compañías de financiamiento comercial- atienden mercados que la banca no atendía. Y que de todas maneras, es mejor -en caso extremo- que se quiebre una entidad pequeña a que se quiebre un gran banco. Los enemigos dicen que si quiebran es precisamente por su fragilidad. Lo cierto es que la experiencia que se vive actualmente en el país parece darles la razón a los defensores de la multibanca. Y que, aunque el debate no se ha generalizado, lo más seguro es que una vez superada la incertidumbre generada por la crisis política, las instituciones de crédito piensen seriamente en las bondades de la especialización. Y digerido el problema, la multibanca y la banca multinacional sean los nuevos emblemas del sistema financiero nacional.

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