El resentimiento, el odio y la búsqueda de venganza por los daños y el dolor causados durante un conflicto armado, una dictadura o un régimen sin garantías, están siempre latentes en busca de una oportunidad. De la forma como las nuevas autoridades atiendan y canalicen esos deseos de retribución, de resarcimiento de los vejámenes y arbitrariedades causadas por el Estado y sus aliados, o por sus enemigos, depende la recuperación de la confianza en un nuevo gobierno, o de forma más general, en un Estado. Pero además, depende también de la posibilidad de una paz sostenible, y al final, de la reconciliación.
Los conflictos étnicos, religiosos, coloniales, territoriales, ideológicos y de clase están cargados de sentimientos de enemistad, de cómo el miedo al daño y la búsqueda de seguridad construyen unidad, y además, generan identidades perdurables. Esos sentimientos dejan ver la centralidad del miedo y la seguridad en la acción política.
La politización y la movilización de esos miedos corre por cuenta de políticos y dirigentes, quienes van moldeando la disposición de un ejército, una población o unas milicias para el uso de la violencia. Esta es más eficiente en la medida en que se ha identificado con claridad un enemigo. Los 100 días de Ruanda en 1994, durante los cuales más de medio millón de ruandeses estigmatizados como 'tutsis' fueron masacrados por sus vecinos, amigos o familiares, quienes actuaron bajo el rótulo de 'hutus', son una muestra del poder de esos sentimientos y de las consecuencias de su manipulación.
Para superar esas situaciones, la confianza en las autoridades y en el Estado durante el posconflicto es clave para evitar nuevos ciclos de violencia. Durante las últimas tres décadas han surgido mecanismos para que el Estado haga justicia y desestimule los deseos de venganza por mano propia. La tarea no es fácil. Además del imperativo de la justicia está el de la paz, y lograr un balance entre los dos depende de la fortaleza de los reformadores frente a los responsables de las afrentas.
Un cambio de gobierno no es suficiente para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de la verdad, de reparación, de justicia y reforma de los entes responsables de los crímenes.
Sin embargo, un contexto político en el que todos esos mecanismos puedan funcionar es una situación ideal, pero poco probable.
Con todo, ese contexto favorable al cambio es definitivo. En Perú, luego de la huida del presidente Fujimori a Japón en el año 2000, el vacío político dejado propició una coyuntura de cambio excepcional. Esto permitió una comisión de la verdad, el enjuiciamiento de los principales responsables de los abusos, secuestros y asesinatos cometidos, y la condena al antiguo presidente nueve años después.
Por contraste, países en donde han ocurrido cambios de gobierno, pero no de régimen, como Guatemala, la situación es muy distinta y la violencia persiste. Las violaciones de los derechos humanos y la impunidad continúan en ese país, a pesar del acuerdo de Oslo de 1994, por el cual se puso fin al enfrentamiento armado en Guatemala, y del informe Memorias del Olvido, publicado en 1999 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, entre otras acciones. A diferencia de la verdad, la justicia no tuvo oportunidad en Guatemala. La posición de los reformadores frente a las Fuerzas Armadas, principales responsables de los crímenes contra la población indígena, fue débil, y las consecuencias están a la vista. La desconfianza frente al gobierno en este país es honda y lo que está ocurriendo allí también da claves para entender la actual situación en Colombia.
* Coordinador del área de verdad y memoria de la oficina del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (Ictj).
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