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| 12/18/2010 12:00:00 AM

¿Locomotoras sostenibles?

El presidente Juan Manuel Santos quiere pasar a la historia por su compromiso ambiental. ¿Están sus locomotoras del desarrollo lo suficientemente aceitadas para que se cumpla su sueño?

Con el trágico telón de fondo de casi dos millones de colombianos que padecen los efectos devastadores de un invierno que le está cobrando caro al país el manejo inadecuado de sus ecosistemas y del uso del suelo, expertos en diferentes áreas participaron en el foro ‘¿Locomotoras sostenibles?’, convocado por las revistas SEMANA y Dinero y la Embajada de Holanda. Los panelistas analizaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Santos y lo discutieron con los representantes del gobierno y del Legislativo, con el fin de sugerir ajustes antes de que se radique en el Congreso de la República para su aprobación.

Juan Pablo Ruiz, representante ambiental ante el Consejo Nacional de Planeación, manifestó que el tema ambiental no está en el centro del documento a pesar de que tiene el mismo peso constitucional que los aspectos social y económico. Ruiz señaló que a los servicios ambientales no se les reconoce su importancia estratégica a pesar de que “este es un instrumento de negociación internacional relacionado con esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA)”. Mencionó que Brasil ha negociado 1.000 millones de dólares y Guyana ya recibió 300 millones por la protección de los bosques. También opinó que Colombia, que cuenta con la segunda área boscosa más grande de Latinoamérica, debería darle a la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (Redd) un valor más estratégico. El PND hace un buen diagnóstico en el “subcapítulo” ambiental, pero no pasa a medidas realistas, y encuentra grave que allí no se fijen metas, ni prioridades, ni indicadores. Hernando José Gómez, director del DNP, manifestó que hay retos en el tema de los indicadores, donde la información es incompleta, y que se hace necesario recogerlos de forma sistemática y en la escala adecuada. Así mismo, hay que articular la extensa y desordenada regulación que ya existe. “Nuestro reto es desarrollar instrumentos que incorporen el cambio climático en todas las políticas públicas”. Para el reto minero “se plantea la Agencia Nacional de Minerales, donde confluirán grupos de interés y harán la reglamentación adecuada, porque si no, la ilegalidad se encargará de arrasar con todo”. También anunció que se establecerán zonas donde no se puede hacer minería, como los páramos y otros ecosistemas vulnerables.

Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, señaló que los bancos centrales del mundo están preocupados por cómo incorporar la externalidad del cambio climático. Propuso eliminar el incentivo perverso de almacenar tierras sin costo por ausencia de un justo impuesto predial en el campo, a lo que el director del DNP se mostró receptivo. Juan Mario Laserna, senador del Partido Conservador, habló del caso del Tolima, en donde de ser implementadas las cinco locomotoras, cuatro pueden entrar en conflicto con el ambiente, en especial la de la minería. “El pago del 4 por ciento de regalías es muy poco para la gran minería de la Colosa y no compensa los estragos que generaría”. John Sudarsky, del Partido Verde, recordó un caso ejemplificante: La Mojana. “Es la imagen del apocalipsis al que podemos llegar”. Está siendo destruida por la sedimentación del río Cauca, agravada por la contaminación de mercurio de la minería. “Imagínese un campesino que no puede tomar el agua ni pescar. No nos echemos cuentos, el problema no es solo de los informales, y ahí hay una prueba de la poca institucionalidad ambiental”.

Por su parte, el senador Jorge Robledo, del Polo, expresó que el modelo de desarrollo no está sintonizado con la sostenibilidad. Para él, “las grandes empresas mineras no pagan acá lo que pagan afuera”. Simón Gaviria, del Partido Liberal, considera que hacen falta leyes “de segunda generación que incluyan incentivos al ahorro de energía y de agua, porque esto es bueno para el ambiente y tiene sentido económico. En minería tenemos legislación para abogados y se necesita una más eficiente, estricta y exigente en temas ambientales”. Mauricio Lizcano, del Partido de la U, señaló que “las empresas son muy fuertes y tienen capacidad de ‘lobby’. Se necesita un Estado fuerte, que defienda a las comunidades”. María Victoria Duque, subdirectora de Razón Pública, manifestó su preocupación porque el tema de ordenamiento territorial va a quedar en el Ministerio de Vivienda y no en el de Ambiente. Javier Silva, del diario El Tiempo, habló de la hipocresía del Estado, que en el exterior vende a Colombia como el país más ambientalista y acá pasa de agache, y son las embajadas y las ONG las que financian los esfuerzos ambientales.

En el segundo panel, los ambientalistas descargaron su batería pesada. La ex ministra de Ambiente Cecilia López manifestó que la política ambiental es totalmente subsidiaria: “Actúan de manera que lo ambiental no obstruya. ¿Dónde está la institucionalidad?”, preguntó. Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, señaló que las locomotoras representan un modelo de desarrollo totalmente atrasado. “Preferiríamos que se hablara de trenes bala que utilicen electricidad y que no sean contaminantes y sepan hacia dónde van”. También preguntó por qué si la mayor riqueza de Colombia es la biodiversidad, el país no ha sido capaz de construir un modelo de desarrollo basado en ello. Pablo Correa, del diario El Espectador, preguntó al viceministro de Ambiente, Carlos Castaño, sobre el rol que le asigna la ley para garantizar un diseño sostenible.

Los viceministros de cinco carteras expusieron su visión. Tomás González, viceministro de Minas, afirmó que “el tema está cargado políticamente. Se debe dar una discusión abierta, pero desapasionada y técnica”. Manifestó que no todos los tipos de minería son lo mismo y se comprometió a licenciar con rigor y exigir que las valoraciones financieras de la inversión en su sector incluyan las externalidades ambientales. Por su parte, Ricardo Sánchez, viceministro de Agricultura, expresó su preocupación por el papel de las CAR, que, según él, han estado muy ausentes, aunque también señaló que el sector agropecuario “debe hacer un mea culpa y dejar de meterse en zonas de páramos y humedales. Se debe hacer un uso sostenible del suelo y aguas”. Se comprometió con cuatro lineamientos en el proceder del Ministerio: sostenibilidad, empresarización, innovación y formalización.

José Miguel Silva, viceministro de Vivienda, expresó que el actual desarrollo urbano no es sostenible porque ni siquiera suple las necesidades habitacionales al ritmo que crecen los hogares en Colombia. Cecilia López alertó sobre un decreto que, al parecer, permite la construcción de vivienda de interés social en zonas de riesgo.

Felipe Targa, viceministro de Transporte, aseveró que “hay un compromiso serio para crear incentivos para reducir emisiones de gases efecto invernadero a través del uso de tecnologías más limpias”. Carlos Castaño, viceministro de Ambiente, señaló que se debe fortalecer la institucionalidad interna. Reiteró, como muchos otros conferencistas, que el ordenamiento territorial con sentido ambiental es la base fundamental para menguar futuras catástrofes. Hubo consenso entre el público y los expertos en que esa responsabilidad no se le puede quitar al futuro Ministerio de Ambiente que planea crear el gobierno Santos.

El tema apenas comienza a debatirse. Queda claro que es a esta generación de dirigentes a la que le corresponde, en estos tiempos de gran vulnerabilidad ambiental a causa del cambio climático, la responsabilidad de decidir cómo será Colombia dentro de 50 años.
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