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| 1/11/2014 12:00:00 AM

Corrupción borbónica

La nueva imputación por corrupción de la infanta Cristina, la hija menor del rey de España, tiene en jaque al partido conservador que gobierna el país y a la propia familia Borbón, que sufre el mayor descrédito de su historia.

Durante casi un año el gobierno del Partido Popular, que lidera Mariano Rajoy, y la propia Casa Real han realizado todo tipo de estratagemas para impedir que la infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados. Pero este trabajo descomunal de encubrimiento se está derrumbando con la nueva imputación por corrupción y ha puesto en evidencia el extraordinario tráfico de influencias a favor de la monarquía.

El juez de Palma de Mallorca José Castro ha vuelto a llamar a juicio a Cristina casi un año después de que su primera imputación fue revocada por varias instancias judiciales superiores. Pero esta vez Castro ha documentado su acusación en 227 folios y considera a la hija menor del rey Juan Carlos como “cooperadora necesaria” en la trama delictiva liderada por su esposo, Iñaki Urdangarin, que se apropió de 16 millones de euros de dinero público a través de una red de empresas y fundaciones “sin ánimo de lucro”. Los delitos que se le atribuyen a la duquesa son fraude, prevaricato, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que podrían significarle cuatro años de prisión.

Los intentos de protección y encubrimiento del PP y la Casa Real han sido tan evidentes y torpes que han terminado por desprestigiar aún más a la familia Borbón y al gobierno, como lo señalan distintas fuentes consultadas por SEMANA. “Antes de este escándalo, todos en España respetábamos a la Agencia Tributaria, pero con la manipulación de datos a favor de la infanta se ha minado la credibilidad de ese organismo y de muchos otros que creíamos que actuaban con objetividad”, asegura el politólogo Francisco Méndez.

Parte de la familia real, altos funcionarios, líderes políticos y muchos españoles han pedido a Cristina que se separe de Urdangarin e incluso que renuncie a sus derechos como integrante de los Borbón, “para no mancillar más la imagen de la institución monárquica”. Pero ella está empecinada en continuar junto a su esposo, con quien tiene cuatro hijos, y en apoyarlo hasta las últimas consecuencias.

Tras la primera imputación a comienzos del año pasado, la prensa del corazón y personas cercanas a la Casa Real aseguraron que el matrimonio de los duques de Palma estaba roto y que se divorciarían, pero esa fractura no se ha producido y, según algunas fuentes cercanas a la familia, la pareja está ahora más unida que nunca. Lo cierto es que lo único que separa a Urdangarin de la cárcel es la protección de su esposa y todo el entramado de influencias que tienen los Borbón ante el gobierno español e incluso en los ámbitos judiciales.

“Cristina siempre ha sido así, tozuda e independiente”, dijo a esta revista la periodista Anabel Puell, quien ha cubierto la vida de la infanta para varios medios populares. “Se empecinó en ser la primera mujer de la monarquía con título universitario –se graduó de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid– y luego se fue a vivir a Barcelona y tuvo una vida independiente, hasta que se casó con Urdangarin en 1987. Ese espíritu se asienta en el hecho de saberse la hija menor y preferida del rey; sabe que su padre la protegerá, haga lo que haga”, añade.

Desde agosto pasado la infanta vive en Ginebra con sus cuatro hijos y recibe la visita frecuente de varios miembros de la familia real, principalmente de la reina Sofía y de Urdangarin, que sigue residiendo en Barcelona para atender el proceso judicial. Cristina se mudó para evitar que sus cuatro hijos sufrieran más acusaciones y burlas en el colegio por el escándalo de corrupción. De hecho, pasó varios meses tratando de marcharse pero solo con la influencia de la Casa Real consiguió que La Caixa, la entidad bancaria donde trabaja desde 1993, la trasladara a Suiza.

Además de su trabajo en La Caixa, la duquesa de Palma estuvo en la nómina de la corona hasta 2008, con un sueldo medio de 75.000 euros al año por participar en actos oficiales. Pero estos dos sueldos se hicieron insuficientes para ella y Urdangarin, y así comenzó la trama para defraudar dinero público de varias instituciones y financiar su tren de vida, que se volvió cada vez más lujoso. En 2004 compraron un palacete en Barcelona por 6 millones de euros, al cual le invirtieron 3 millones más en reformas. El matrimonio aseguró que lo había adquirido con un préstamo de La Caixa y un crédito personal del rey, pero en realidad lo pagó con el dinero de entidades públicas y privadas que le pagó por eventos, asesorías y demás trabajos que nunca se realizaron.

Desde el principio del escándalo, tanto la Casa Real como el gobierno han querido hacer ver que el único culpable de esta estafa era Urdangarin, a pesar de que él y la infanta comparten al 50 por ciento la empresa Azoon, que está en el centro de la trama. Pero las investigaciones han demostrado que esa compañía pagaba los empleados domésticos del palacete de Barcelona y los gastos personales de la hija del rey. Este es el argumento clave que sustenta la nueva imputación de Cristina.

“La familia Borbón siempre ha vivido del tráfico de influencias y del dinero público – explica el portavoz del partido Izquierda Unida, Jesús Romero–. Esta vez la manipulación descarada de datos de la Agencia Tributaria para encubrir a la infanta les ha salido mal porque se ha hecho pública y demuestra hasta qué punto son capaces de llegar los Borbón y su entorno de políticos y empresas promonárquicas y corruptas para seguir mandado en este país como lo hicieron en tiempos del dictador Francisco Franco”.

Por todo esto, la monarquía ha perdido la confianza de los españoles y se enfrenta al momento más desfavorable de su historia. Y aunque los problemas legales de la duquesa están hundiendo a la familia entera, aún no la dejan caer por sus crímenes. “Su idea es alargar y alargar los procesos hasta que los delitos prescriban y creen que así saldrán libres y limpios ante la opinión pública –aseguró a SEMANA el constitucionalista Ramón Medina–. Pero con esto no hacen más que causarle un daño terrible a la democracia, a las instituciones y, a la postre, propiciar la convocatoria futura y posible de un referéndum que le dará una muerte democrática a la monarquía”.

Cristina está citada a declarar ante el juez en Palma de Mallorca el próximo 8 de marzo y los analistas prevén más reacciones del gobierno y de la Casa Real para dilatar esta comparecencia lo más posible. Solo entonces se sabrá si, como lo estiman los abogados penalistas consultados por esta revista, la infanta se acoge o no a su derecho a guardar silencio en su citación para no declarar contra su esposo ni contra sí misma.

Por ahora, el juez Castro es considerado un héroe por buena parte de los españoles, de la prensa y de los partidos políticos antimonárquicos, pues a sus 67 años y próximo a su jubilación es el único que le ha plantado cara al poder de los Borbón en España.
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