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| 11/8/1993 12:00:00 AM

METIDOS EN SINTURA

Detrás de los procesos de negociación de pena con Iván Urdinola, Jorge Luis y Fabio Ochoa, y muchos más, se esconde el hábil pulso del vicefiscal Francisco Sintura.

A PESAR DE QUE LLEVA YA MAS DE UN año como mano derecha del fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, la figura del vicefiscal Francisco Sintura sigue siendo relativamente anónima para el grueso de los colombianos. Pero su bajo perfil es inversamente proporcional a la importancia de su tarea. Entre muchas otras, tiene en sus manos la de conducir personalmente los procesos más críticos de negociación de penas con narcotraficantes. El más reciente de ellos fue el de Fabio Ochoa Vásquez, para quien la Fiscalía pidió 19 años de cárcel antes de pactar con sus abogados una pena rebajada a ocho años y medio. El acuerdo, que ya fue sometido a la aprobación del juez, puede implicar que el confeso narcotraficante, quien lleva en prisión cerca de tres años, siga preso hasta 1997 ó 98.
En este como en otros casos, el procesado aceptó entregar bienes de su propiedad, adquiridos con el producto de sus actividades de narcotráfico. Fabio Ochoa puso a disposición del Estado un edificio avaluado en unos 700 millones de pesos, una finca por un valor similar y ocho vehículos de lujo, para un total de más de 1.900 millones de pesos.
Es el quinto de los grandes casos de negociación de pena en los que el vicefiscal interviene en forma directa. Anteriormente, Sintura pidió 19 años de cárcel para Jorge Luis Ochoa, y logró un acuerdo por ocho y medio; pidió 17 años y medio para Iván Urdinola, y obtuvo cinco, quedaron pendientes unas investigaciones por homicidio; solicitó 17 años y medio para Gonzalo Mejía Sanín y consiguió una pena rebajada a siete y medio, y pidió 29 años para el paramilitar Otoniel Vanegas, acusado del asesinato de Alfonso Ospina Ospina, y consiguió 19. El sistema requiere, por sus evidentes riesgos, un manejo serio y habilidoso, que es exactamente el que este bogotano de 31 años, casado y con una hija, abogado de la Universidad del Rosario y con especialidades en derecho penal y en financiero, le ha impreso desde la vicefiscalía.
Este mecanismo, que en Estados Unidos es conocido como plea bargain y por el cual se definen allá el 95 por ciento de los procesos penales, gana cada día más importancia en el derecho penal colombiano. Aunque solo trascienden los grandes casos, las estadísticas indican que más de 5.500 procesos de terminación anticipada y negociación de pena han concluido con un acuerdo de condena rebajada para el acusado, y con una tasa de efectividad del 70 por ciento, que equivale al porcentaje de casos en que el juez ha aprobado el acuerdo de la Fiscalía con los abogados de la defensa. Algo que demuestra, sin duda, que se trata de la mayor revolución vivida en muchas décadas por el derecho penal colombiano.
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