¿Qué balance hace de su paso por la Contraloría General?
Carlos Hernán Rodríguez: Si hablamos de resultados concretos, uno de los principales logros de estos cuatro años está en la recuperación de recursos públicos. Entre 2022 y 2026, gracias a las estrategias que implementamos en materia de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, la Contraloría logró el resarcimiento de 4,41 billones de pesos por daños causados al patrimonio público como consecuencia de una gestión fiscal irregular. De esa cifra, 3,73 billones de pesos corresponden al recaudo histórico obtenido por la entidad mediante el cobro coactivo de fallos con responsabilidad fiscal.
Adicionalmente, logramos resarcir 655.282 millones de pesos en 1.149 actuaciones de responsabilidad fiscal, antes de que se profiriera el fallo, mediante el pago o el reintegro de bienes. A esto se suman 17.524 millones de pesos derivados de la intervención de la Contraloría en procesos penales, en los que actuamos como víctimas en representación de los intereses patrimoniales del Estado. Durante este periodo quedaron ejecutoriados 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía de 3,37 billones de pesos.
Su periodo coincidió con varios escándalos, como el de la UNGRD. ¿Qué revelaron estos casos sobre la forma cómo se están administrando los recursos públicos?
C.H.R.: El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue declarado de impacto nacional y asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Lo que encontramos allí permitió confirmar, con cifras concretas, dónde se concentra hoy una de las mayores vulnerabilidades en el manejo de los recursos públicos. El mayor riesgo no está necesariamente en la contratación ordinaria, sometida al régimen general de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sino en aquellos mecanismos excepcionales concebidos para atender situaciones de urgencia.
En este contexto, la Contraloría General de la República ha tramitado 18 actuaciones de control fiscal relacionadas con la UNGRD por 317.616 millones de pesos, en asuntos como carrotanques, ollas comunitarias, ayudas humanitarias, obras en La Mojana y maquinaria amarilla, entre otros. ¿Qué nos muestra esto? Que el daño determinado en estos casos no corresponde a un episodio aislado. Encontramos un patrón que se repitió en distintas líneas de gasto de una misma entidad y que tuvo como elemento común el uso de regímenes de contratación flexibilizados por la urgencia.
La salud ha sido otro de los grandes temas de preocupación. ¿Qué encontró la Contraloría?
C.H.R.: La situación de la salud es preocupante. Al cierre de este cuatrienio, las auditorías y las demás acciones de control fiscal revelan un panorama de máxima gravedad. No estamos ante una simple dificultad contable, sino frente a un deterioro crítico, un desfinanciamiento estructural y un colapso financiero sistémico del modelo de aseguramiento que pone en riesgo la atención y la vida de millones de colombianos. Nuestras acciones permitieron establecer que el endeudamiento de las EPS con clínicas, hospitales y proveedores superó los 45,8 billones de pesos en la vigencia 2024. Y quizá uno de los aspectos más preocupantes es el impacto directo que esta situación tiene sobre la red pública.
¿Cuáles son esas fallas estructurales que facilitan estos hechos?
C.H.R.: En el caso de la UNGRD hemos identificado tres fallas estructurales que se repiten de manera transversal: contratación bajo regímenes de excepción, planeación deficiente y una vigilancia y un control insuficientes durante la ejecución de los recursos. Lo más preocupante es que estas fallas no operan de manera aislada. Por el contrario, se alimentan entre sí.
¿Cómo se logró avanzar hacia un control más preventivo durante su administración?
C.H.R.: Durante este cuatrienio dimos pasos muy importantes en materia de control fiscal preventivo y concomitante, y creo que los resultados permiten demostrarlo. Desde la DIARI desarrollamos más de 35 modelos analíticos que permitieron emitir más de 2.300 alertas tempranas y activar más de 900 seguimientos permanentes. Gracias a estos mecanismos fue posible acompañar los procesos, contribuir a la superación de los criterios de riesgo identificados y recuperar 312 obras por 7,44 billones de pesos, hasta lograr que fueran puestas en funcionamiento al servicio de la ciudadanía. Actualmente, la Contraloría está interoperando con más de 1.500 entidades y más de 13.300 fuentes de información, y ese es uno de los principales legados de estos cuatro años: dejar una Contraloría más moderna, con una infraestructura tecnológica fortalecida y con mayores capacidades instaladas en la DIARI.
¿Cuáles serán los principales desafíos de quien llega a sucederlo?
C.H.R.: El doctor Jorge Eliécer Laverde Vargas recibirá una Contraloría muy fortalecida. Hoy contamos con un control concomitante y preventivo consolidado y con capacidad tecnológica para advertir riesgos antes de que el daño al patrimonio público se consume, y no solamente para sancionarlo después. Tendrá el reto de profundizar esa capacidad, blindarla frente a las presiones políticas y evitar que se debilite por circunstancias de coyuntura.
Además, llegará en un momento particularmente sensible: el comienzo de un nuevo gobierno. Es una etapa en la que las decisiones sobre el gasto público suelen tomarse con mayor celeridad y en la que también puede aumentar el riesgo de improvisación. Por eso, su primera prueba será mantener el rigor técnico desde el primer día. El segundo gran reto será continuar la lucha frontal contra la corrupción y el desgreño administrativo. Para ello tendrá que sostener y fortalecer la Unidad Especial contra la Corrupción, preservar su independencia técnica frente a cualquier interés político y mantener la articulación con la Fiscalía y la Procuraduría, sin perder la autonomía propia del control fiscal.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué consejo le daría al nuevo Contralor?
C.H.R.: Que no ceda nunca la independencia de la entidad; que siga invirtiendo en el talento humano y en la tecnología de la Contraloría, porque allí está nuestra verdadera capacidad para prevenir el daño; y que tenga siempre presente que el control fiscal más eficaz es el que se ejerce antes de que la plata se pierda. La aspiración debe ser evitar el daño, y no tener que llegar después a cuantificarlo e intentar resarcirlo.
¿Cómo le gustaría que fuera recordada su gestión?
C.H.R.: Por lograr una recuperación tangible de recursos públicos. Cuando comenzamos nos propusimos una meta que en ese momento era muy ambiciosa: devolverle al Estado un billón de pesos, y hoy estamos entregando resultados cercanos a los 4,5 billones de pesos consignados al erario. Es una cifra histórica que representa un hito importante en materia de control fiscal.
*Contenido elaborado con apoyo de la Contraloría