Publicado: 16/02/2013

Operación ‘tapen-tapen’ en la muerte del grafitero

Operación ‘tapen-tapen’ en la muerte del grafitero

Cómo un tiroteo callejero que segó la vida de un grafitero terminó en una operación de encubrimiento de la Policía.

El jueves de la semana pasada un juez de Bogotá negó la solicitud de libertad de cinco personas, entre ellas tres policías, detenidos por la muerte de Diego Felipe Becerra, joven grafitero de 17 años de edad, ocurrida en el norte de Bogotá en agosto de 2011. En esa misma diligencia se conoció que en las próximas semanas por lo menos otros cinco uniformados, entre ellos varios altos oficiales, podrían ser arrestados. Estos dos hechos pasaron relativamente inadvertidos. Sin embargo, fueron la confirmación de un caso que con el paso del tiempo se está convirtiendo en una bola de nieve que terminará por arrastrar a la Policía de la capital.

El caso del grafitero, como ha sido bautizado por los medios, ha tenido mucha menos difusión que el de la muerte del estudiante de los Andes Luis Andrés Colmenares en el parque El Virrey. Pero la realidad es que el caso del joven Becerra tiene implicaciones mayores. Y la razón es tan simple como maquiavélica: todo indica que un grupo de oficiales de la Policía Metropolitana está seriamente comprometido en lo que se puede denominar una operación para tapar y desviar la investigación. Algo que comenzó desde el momento mismo de la muerte del grafitero el 19 de agosto de 2011.

Según la versión oficial de la Policía, esa noche el patrullero Wilmar Alarcón había sido notificado de que varias personas habían atracado una buseta. Mientras hacía su ronda por  la calle 116 con avenida Boyacá el uniformado afirmó que había visto a un grupo de jóvenes cerca a un puente que le parecieron sospechosos como posibles responsables del supuesto asalto. Dijo que tras ordenarles detenerse varios escaparon y él persiguió a uno de ellos, el joven Becerra. Según la versión policial el adolescente abrió fuego contra el patrullero, quien en defensa propia disparó en dos oportunidades e hirió mortalmente al joven. En el lugar donde cayó Becerra apareció el arma que supuestamente tenía el grafitero. 

Toda esta versión oficial de los hechos se ha ido derrumbando y tanto la Procuraduría como la Fiscalía han encontrado pruebas de que se trataría de un montaje de la Policía para encubrir al patrullero Díaz, quien está detenido acusado de homicidio agravado. 

Se descubre el montaje

Más de un año de investigación, peritajes, pruebas forenses y entrevistas a testigos por parte de procuradores y fiscales han disparado las alarmas. La primera pieza del rompecabezas que cayó es que se comprobó que Becerra y sus amigos nunca participaron en el asalto a la buseta, argumento con el cual la Policía intentó justificar la persecución y el posterior supuesto enfrentamiento. Ninguno de los pasajeros entrevistados afirmó haber visto al grafitero en el atraco. El único que dijo que había sido amenazado con un arma por el joven fue el conductor de la buseta. 

No obstante, los investigadores de la Fiscalía descubrieron serias contradicciones en sus declaraciones y a finales del año pasado ordenaron arrestarlo por falsa denuncia, fraude procesal y calumnia. 

El dictamen forense de Medicina Legal derribó otra de las piezas de la versión oficial. En la necropsia al cuerpo del joven Becerra se descubrió que había recibido dos impactos de bala por la espalda. Esto quiere decir que no era cierta la versión del patrullero Díaz ni de la Policía, quienes afirmaron que el adolescente giró para dispararle al policía que lo perseguía. El mismo examen descubrió algo no menos revelador. En las manos del grafitero no había rastros de pólvora, lo que quiere decir que nunca disparó un arma. En su lugar, tenía rastros de pintura, lo que ratificaba la versión de que momentos antes de morir estaba pintando grafitis en la base del puente, como afirmaron desde el comienzos los tres amigos que lo acompañaban esa noche. No menos contundente es que se probó que los disparos fueron realizados a 30 centímetros de distancia, lo que también cuestiona la versión inicial del patrullero cuando dijo que el joven estaba a varios metros cuando supuestamente se dió la vuelta para enfrentarlo.

Esas pruebas científicas terminaron por dejar en claro otra parte fundamental del montaje: el arma. Según el testimonio del patrullero, después de dispararle al joven detuvo un carro que pasaba por la vía para llevarlo a un hospital. Según él, le pidió a sus compañeros que se quedaran en el sitio para preservar la escena y porque allí estaba el arma supuestamente usada. Los investigadores encontraron inconsistencias entre los policías que se habían quedado en el lugar. Pero lo más grave es que se pudo probar que en el sitio se plantó un revolver con el fin de decir que era del grafitero. Los peritos determinaron que el arma encontrada por la Policía no tenía ni una huella del joven, lo cual, sumado a que su cuerpo no tenía pólvora, descartaba que la hubiese utilizado. Esto evidenciaba que la escena del crimen había sido manipulada. 

Todo lo anterior, entre otras cosas, permitió a la Fiscalía en octubre del año pasado realizar los primeros arrestos contra algunos de los implicados en el montaje. Fue detenido el abogado del patrullero Díaz pues, según los investigadores, indujo al conductor de la buseta y a varios policías a mentir. Otros tres policías, que llegaron posteriormente a la escena, también fueron detenidos porque los fiscales consideran que al menos uno de ellos fue quien plantó el arma y los otros dos mintieron como parte del complot. 

El siguiente paso en esta trama se desarrollará en las próximas semanas. Para la Fiscalía es claro que los cinco detenidos que hay hasta ahora actuaron siguiendo órdenes de varios altos oficiales que en ese momento hacían parte de la cúpula del comando de la Policía Metropolitana, entre ellos varios coroneles y un general. 

Hoy las autoridades no tienen duda alguna de que se realizó un montaje para incriminar al grafitero y, de paso, exonerar al patrullero Díaz. Pero no menos cuestionable y reprochable en este caso es que a medida que las investigaciones se encaminan a establecer los responsables superiores en todo esto, crecen las amenazas contra la familia del joven grafitero y su abogada. De comprobarse que provienen de uniformados interesados en el caso y que, efectivamente, todo en este oscuro incidente se reduce al tan colombiano ‘tapen-tapen’, el prestigio de la Policía Nacional, que tanto ha mejorado en los últimos años, sufriría un duro golpe.
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