Publicado: 23/02/2013

Char está en la cuerda floja

Char está en la cuerda floja

Alejandro Char es tal vez el político con más proyección en toda la costa. Pero su exitosa carrera puede estar en peligro si la Procuraduría le aplica el rasero implacable con el que ha inhabilitado a otros alcaldes y gobernadores.

En 2010, Alejandro Char como alcalde de Barranquilla contaba con una popularidad superior al 90 por ciento y era la envidia de todos los políticos en el país. Estos índices de aceptación son muy difíciles de lograr, y ni el mismo Álvaro Uribe los tuvo. De ahí que era habitual que cuando las personas lo veían en la calle se aglomeraran para saludarlo y felicitarlo. Eso sucedió el 14 de abril de ese año cuando el mandatario decidió hacer un recorrido por el populoso sector comercial del Paseo Bolívar, en el centro de la arenosa. El problema es que iba acompañado del entonces candidato presidencial Germán Vargas Lleras y este vestía una camisa con el eslogan de su campaña. 

Char ha querido presentar este recorrido como algo habitual que haría cualquier alcalde con un visitante ilustre. En la caminata pararon a revisar los diarios locales, a hablar con los vendedores ambulantes, y el candidato presidencial aprovechó que una cámara de Telecaribe estaba en el sitio para dar declaraciones. Sin embargo, para la Procuraduría General de la Nación el paseo de Char nada tenía de inocente, sino que tenía como objetivo beneficiar con su buena imagen a su principal mentor político. Char es integrante de Cambio Radical, el mismo movimiento de Vargas Lleras, y en la costa caribe su paso por la Alcaldía y su llegada al gobierno nacional como Alto Consejero Presidencial para las Regiones, lo tiene perfilado en muchos sectores como un futuro candidato a la Presidencia de la República.

Con la decisión de la Procuraduría de abrirle pliego de cargos por participación en política, este anhelo costeño se podría ver truncado. Por ahora es apenas una providencia inicial, pero con la actual Procuraduría en la mayoría de los casos los pliegos de cargos terminan en sanción. No sería la primera vez que un líder regional fuerte y con proyección nacional ve como se le pone fin de manera abrupta a su futuro. Esto, por ejemplo, le pasó a Juan Carlos Abadía cuando era gobernador del Valle. El mismo año en que se dio el paseo en Barranquilla, exactamente un mes antes, Abadía invitó al entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias a una reunión en la que había 21 alcaldes. El gobernador dijo que era un acto académico, excusa que no fue suficiente para la procuradora María Eugenia Carreño, quien consideró que había abusado de su investidura y por eso lo destituyó e inhabilitó por diez años.

El otro caso es el del entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, que en octubre de 2011 dio una entrevista a El Colombiano en la que presentó unas fotografías en las que aparecía un candidato a la Alcaldía con personas supuestamente al margen de la ley. Para la misma procuradora Carreño, el mandatario paisa influyó en la contienda electoral pues debió llevar una denuncia de ese tipo a las autoridades y no ventilarla primero en los medios. Por esto se le decretó su muerte política por 12 años.

Alejandro Char había logrado sortear esta denuncia,  pues en la Procuraduría Regional de Barranquilla el caso fue archivado. Así como ha logrado superar, por ahora, otros cuestionamientos en su contra por sus actividades como constructor antes de ser funcionario público. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de haber sido socio de los primos Nule en proyectos con graves problemas como la doble calzada a Girardot. Y otro tiene que ver con su firma constructora en Barranquilla que construyó decenas de casas en una zona de alta inestabilidad física, lo que les ha traído muchos problemas a sus propietarios.

Este nuevo viacrucis se da en momentos en que Char suena como la principal figura de Cambio Radical para liderar su lista al Senado. Para la Procuraduría General los videos no fueron analizados lo suficiente en la Procuraduría Regional. Su suerte depende de la valoración que de las pruebas haga María Eugenia Carreño, la misma funcionaria que actuó en los casos del Valle del Cauca y de Medellín. 
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