“Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de un Ejército violador de los derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos, habrían buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres”. Esas fueron las palabras del presidente Álvaro Uribe aquel 12 de abril del 2004, dos días después de que miembros del batallón de contraguerrillas Pijao, adscrito a la Brigada Sexta del Ejército del Tolima, matara cinco miembros de una familia en una vereda de Cajamarca.
Cinco años después, la justicia no le dio la razón al Presidente. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué condenó a entre 35 y 40 años de cárcel a cinco de los siete militares que tuvieron qué ver con la masacre de un bebé, un niño y tres adultos, todos miembros de una familia en la vereda de Potosí. Fue un lamentable error por la tensión natural que se vive en esta zona, fue lo que dijo desde el Ministro de Defensa hasta el Comandante del Ejército de la época.
Pero de acuerdo con el fallo en primera instancia, proferido por el juez Camilo Villarreal de la capital tolimense, los soldados profesionales Noel Briñez Pérez, Jhon Jairo Vizcaya Rodríguez, Albeiro Pérez Duque y Luis Fernando Ramos Martínez deberán pasar 35 años en la cárcel y pagar dos mil salarios mensuales vigentes.
Mientras que el soldado profesional Jhon Jairo Guzmán Gallego, deberá pagar 40 años de prisión por haberle disparado a uno de los sobrevivientes que había quedado levemente herido y estaba pidiendo ayuda. El examen forense determinó que había sido rematado a corta distancia con un tiro de gracia.
Según la versión de los militares, los soldados se encontraban en la vereda en la noche del sábado 10 de abril. Como la guerrilla les había prohibido el paso a los campesinos a esa hora, los soldados dispararon “hacia el ruido” que salía de la espesura del monte.
Sin embargo, quienes estaban allí no eran guerrilleros. Eran Albeiro Mendoza y su esposa Yamile Urueña, los dos de 17 años; su hijo Cristian, de seis meses; César Santana Gutiérrez, de 14 años; y Norberto Mendoza Reyes, de 24 de años, quien fue rematado por el soldado Guzmán, quien le dijo a la Fiscalía que el suboficial que los dirigía rifó quién debía rematar al sobreviviente: “Mi cabo Gómez nos dijo que los muertos no hablaban y que tocaba matarlo”.
A pesar de este testimonio, el juez absolvió al cabo tercero José Alejandro Gómez Acevedo y al soldado Jairo Sebastián Quintero Riaño, contra quienes no hubo prueba en su contra.
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