En la noche del jueves pasado, mientras la capital de la República comenzaba a restablecer la normalidad tras el fin del paro de transportadores, en el Palacio de Justicia la Sala Penal de la Corte terminaba de redactar uno de los más duros comunicados sobre el acoso del que han sido víctimas sus magistrados.
Expresiones como “se prolonga la estrategia de amedrentamiento”, “los hechos conocidos atentan contra la integridad y existencia de uno de los poderes constituidos” y “exigimos vehementemente que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte”, dejaban entrever mucho más que malestar. En realidad, lo que había de fondo era la seria preocupación sobre el casi absoluto estado de indefensión de algunos de los miembros de la Sala y las evidentes riesgos de tres de ellos: Augusto Ibáñez, Jorge Luis Quintero y Javier Zapata.
Horas antes, los principales medios de comunicación habían registrado la captura de dos supuestos sicarios que, según fuentes de la Fiscalía, fraguaban un atentado contra un alto funcionario de la rama judicial.
Incluso, el propio Fiscal General de la Nación(e), Guillermo Mendoza Diago y la Directora del CTI, Marilú Méndez, se desplazaron al Palacio de Justicia pocos minutos después de registrarse esa noticia y se reunieron con el Alto Tribunal.
¿Qué fue lo que Mendoza Diago y Méndez les dijeron a los magistrados? No se conocen mayores datos del diálogo que sostuvieron. Aunque se deduce que un encuentro de ese carácter tan excepcional debió corresponder a hechos de gran trascendencia que obligaban al urgente conocimiento de parte de la Sala Penal.
Semana.com pudo conocer en fuentes allegadas al Alto Tribunal que las supuestas amenazas son apenas el último eslabón de una cadena de situaciones que tienen a la Sala penal de la Corte con los nervios de punta. Ellos son:
Primero, a raíz de las importantes decisiones tomadas por el Alto Tribunal en los últimos días, los magistrados han percibido la molestia de diversos sectores allegados a procesados y condenados en diferentes casos que están en sus manos.
Como se recordará, la Corte lleva entre otros, los procesos del ex director del Das, Jorge Noguera, acusado de nexos con ‘paras’, chuzadas y asesinatos; también, los de los ex presidentes del Congreso Mario Uribe Escobar, Carlos García Orjuela y Luis Humberto Gómez Gallo; además, la condena de Salvador Arana y Álvaro García Romero, por concierto para delinquir con las AUC y crímenes de lesa humanidad. Vale anotar que la Corte, desde que se destapó el escándalo de la parapolítica, produjo las más altas condenas contra dirigentes políticos: 40 años de cárcel a Arana y García.
Segundo: en el proceso contra Jorge Noguera, la ex directora de análisis del Das y testigo clave Martha Leal pidió una sesión privada por las amenazas que dijo haber recibido. Leal había declarado días antes que presenció la visita del ex paramilitar Antonio López, alias ‘Job’, al Palacio de Nariño. La ex funcionaria del cuestionado organismo de seguridad también ha dicho que envió informes de inteligencia sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos a la Presidencia. La solicitud de esa sesión privada despertó preocupación entre los magistrados y así lo hicieron saber en su comunicado: “la amenaza a testigos y víctimas hacen que la Corte se vea precisada a denunciar la indiferencia y a repudiar gastadas estrategias retóricas que anuncian una falsa preocupación por la seguridad de los jueces y magistrados”.
Tercero: el ex jefe de finanzas del Bloque Metro de las AUC Libardo Duarte, alias 'Bam Bam' agregó un ingrediente más al coctel de situaciones extrañas que los magistrados ya no atribuían en ese momento a simples casualidades. 'Bam Bam', testigo en varios casos de parapolítica y en investigaciones de nexos entre miembros de la fuerza pública, fiscales, empresarios y paramilitares, le advirtió a un magistrado: “tenga mucho cuidado que le pueden hacer algo”. Entre los señalados por 'Bam Bam' se encuentran el actual embajador de Colombia en República Dominica, el general (r) Mario Montoya, a quien la Corte solicitó investigar esta semana.
Cuarto: el martes pasado, a las seis de la mañana, el juez de ejecución de penas de Soacha José Fernando Patiño Leal, quien llevaba casos de narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo en Cundinamarca, fue asesinado en Bogotá mientras paseaba su perro cerca de su casa en Chapinero. Eso terminó por encender las alarmas no sólo de la Corte sino de la Rama Judicial, como lo reconoció un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
Y el quinto y definitivo hecho que llevó a los magistrados a pronunciarse de manera fuerte fueron las capturas de los dos supuestos sicarios.
Aunque el gobierno pareció hacer caso omiso al pronunciamiento de la Corte, la situación en el seno de la Sala Penal es de alta tensión. Y es que mientras hace unos meses el gobierno prometió destinar dineros decomisados al narcotráfico para la seguridad de los magistrados, éstos siguen trabajando en medio de la zozobra cuando tienen que tomar decisiones trascendentales para el esclarecimiento de hechos que tocan a altas esferas de la política.