BOGOTA (AP) — A penas de prisión de 31 años y ocho meses
fueron condenados dos militares colombianos que hace casi 11 años
bombardearon un caserío del este del país y provocaron la muerte de 17
personas, entre ellas seis menores de edad, de acuerdo con documentos
judiciales difundidos el sábado.
Según la providencia
condenatoria del juez 12 penal del circuito de conocimiento de Bogotá,
Martín Leonardo Suárez, los tenientes de la Fuerza Aérea Colombia (FAC)
César Romero y Johan Jiménez son probados responsables de los delitos
de homicidio y lesiones personales. Aparte de los 17 civiles muertos,
también hubo 18 lesionados.
También fue condenado a 72 meses de
prisión el técnico Héctor Mario Hernández, cuya responsabilidad en los
hechos --según el juzgado-- fue culposa o accidental.
En la
mañana del 13 de diciembre de 1998, Romero, Jiménez y Hernández
abordaron un helicóptero de la FAC para tratar de abatir a guerrilleros
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, "omitiendo
distinguir entre civiles y combatientes, lanzó un dispositivo cluster
compuesto por seis bombas de fragmentación, cuando circundaba la zona
urbana de Santo Domingo", un caserío del departamento de Arauca y
ubicado a 390 kilómetros al este de Bogotá.
En la sentencia
condenatoria, de 82 páginas y conocida por la AP, al juez Suárez le
llamaron la atención dos frases pronunciadas por un militar
estadounidense que apoyaba la operación y que fueron expuestas en la
audiencia pública que se celebró hace poco más de un mes: "¡Jesucristo!
Está disparando sobre civiles" y "¡no dispare!".
En varias
oportunidades el juez Suárez les pidió a las autoridades de Estados
Unidos que permitieran que dos oficiales de ese país que estaban
apoyando la operación militar declararan en el proceso en calidad de
testigos. La respuesta, sin embargo, siempre fue negativa.
"Es
inocultable que toda la operación fue realizada con tal ímpetu que, por
momentos, se perdió el control de la misma", dice la sentencia
condenatoria, que tiene fecha del jueves 24 de septiembre pero que sólo
se conoció hasta el sábado".
El juzgador, igualmente, dio la
orden de enviar a prisión a los tenientes Romero y Jiménez, quienes en
la actualidad gozaban del beneficio de la libertad provisional. El
técnico Hernández, mientras tanto, cumplirá la condena en su casa.
Si
la sentencia condenatoria de juez Suárez es apelada, el caso en segunda
instancia lo conocerá la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.