Cruce de dardos entre Fiscalía y Procuraduría

Un auténtico tome y dame han protagonizado la Fiscalía y la Procuraduría en los últimos días. 

El Procurador encargado y quien se ocupa de los asuntos penales Gabriel Jaimes, mano derecha del procurador general Alejandro Ordoñez, cuestionó públicamente a la Fiscalía por no haber ordenado la detención del general retirado Miguel Maza Márquez a pesar de que "existen pruebas suficientes" que lo vinculan con el crimen de Luis Carlos Galán, y haber citado su indagatoria para el próximo 27 de julio. Justo la semana en que Mario Iguarán terminará su periodo como fiscal general y apenas 20 días antes de que el magnicidio prescriba por cumplirse 20 años.

Iguarán no tardó en reaccionar. Salió a los medios y dijo con tono de ironía que "celebraba" la preocupación de la Procuraduría por el caso Galán y pasó hacer un extenso listado de otros casos emblemáticos en los que no registra ninguna colaboración de parte de la Procuraduría. "El Fiscal General se va pero la institución sigue" agregó.

Pero el cruce de dardos entre Fiscalía y Ministerio Público no es nuevo. El primer chispazo que evidenció el corto circuito entre las dos entidades del Estado ocurrió el pasado 15 de mayo. Ese día la Procuraduría anunció en rueda de prensa la apertura de investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la Casa de Nariño por su presunta participación en el escándalo de las chuzadas. Y aunque esa fue la noticia que ocupó los principales titulares, el anuncio venía acompañado de otra determinación que no cayó nada bien en la Fiscalía: la Procuraduría ordenó otra investigación contra varios agentes del CTI de la Fiscalía "por la filtración de información de la investigación penal de las interceptaciones ilegales".

En los días anteriores los medios habían publicado informes que revelaban apartes de las indagaciones hechas hasta entonces. Para la Procuraduría esas filtraciones corrieron por cuenta de la Fiscalía y la sospecha concretamente se dirigió sobre los agentes de policía judicial que asistieron a las diligencias.

En la Fiscalía le restan importancia al señalamiento de la Procuraduría, y aseguran que esta no cuenta con indicios que comprometan a investigadores del CTI y que abrir una investigación de ese tipo es sólo una forma de aparentar inocencia frente a las filtraciones.

Otro roce ha surgido en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez. Hace un par de semanas una delegación de alto nivel interinstitucional viajó a México e indagó al ex ministro de defensa Fernando Botero Zea. A pesar del recelo con que se ha manejado esta prueba ya se sabe que el testimonio Botero gravita en torno a la hipótesis de un crimen de Estado y que algunos alcances de la declaración han sido conocidos por periodistas y hasta por algunos a los que el ex ministro salpica. Las sospechas por la filtración son recíprocas.

Funcionarios de una y otra entidad, consultados por Semana, creen que las fricciones tiene que ver con un ritmo de tiempos encontrados. El asunto es que uno está de salida mientras que otro está llegando.

El procurador Ordoñez está arrancando su gestión y quiere presentar resultados inmediatos ante la opinión pública  para ganarse su aceptación. El fiscal Iguarán va de salida y se cuida de dar un paso en falso a última hora; a tres semanas de entregar el cargo, su prioridad es organizar en un completo balance con la cosecha de logros tras cuatro agitados años al frente del ente investigador.

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