Ocurrió lo que se veía venir. Después de que el presidente Álvaro Uribe extraditara a Estados Unidos a 14 jefes paramilitares el pasado 13 de mayo, ninguno de ellos iba a mostrar interés en colaborar con la ley de Justicia y Paz para, entre otras cosas, reparar y decirle toda la verdad a sus víctimas.
El primero en echarse para atrás es Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, conocido como el 'señor' de Tarazá, ex comandante del Bloque Mineros que operaba en Antioquia y condenado la semana pasada por una corte de Florida a 24 años de cárcel por conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos. A través de su abogado en Colombia, el ex jefe ‘para’ hizo saber que suspende, de manera unilateral, la participación que llevaba en el proceso de Justicia y Paz.
Según el abogado Germán Navarrete, Vanoy, de 58 años y responsable de al menos 328 delitos (la mayoría de ellos homicidios), decidió no ayudar más con su proceso en Colombia ya que la condena que acaba de recibir es casi una cadena perpetua. Además, según él, el gobierno no ha cumplido con brindarle seguridad a su familia en Colombia y teme que, si habla, se tomen represalias contra ella.
Ante el pronunciamiento, Luis González, director de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, dijo que su caso seguirá siendo investigado por la justicia ordinaria. “Él no maneja los tiempos del proceso y así diga que no va colaborar en Colombia, los investigadores seguirán indagando sobre su historial criminal en Antioquia”, aseguró González.
La historia criminal de ‘Cuco’ Vanoy es bastante larga: fue esmeraldero en la zona de Muzo, en Boyacá; trabajó en la década del 80 con Pablo Escobar y tras volverse su enemigo se integró a los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Por ese entonces, formó una agrupación con 70 hombres armados que luego terminó 2.800. Fue una figura influyente en la política del Bajo Cauca y cometió varios asesinatos selectivos, sobre todo a dirigentes de izquierda.
Con esta decisión, las más afectadas son las víctimas que en su momento advirtieron al gobierno que si los jefes paramilitares eran extraditados a Estados Unidos, no iban a decir la verdad sobre los crímenes que cometieron a nombre de las autodefensas.
Precisamente este jueves, un informe de la organización defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, sobre las investigaciones que en el país se adelantan contra paramilitares y sus mafias dijo: “La extradición de los líderes paramilitares puede aumentar la posibilidad de que reciban largas penas de prisión por sus delitos de narcotráfico y que lleguen a colaborar con los fiscales de los Estados Unidos y revelar información sobre redes de drogas. Sin embargo, aún es incierto si los jefes paramilitares tendrán un incentivo significativo para hablar sobre sus otros delitos y cómplices. Si no lo hacen, es posible que sus víctimas nunca sepan la verdad o que nunca obtengan justicia. Además, los cómplices de los paramilitares quedarán sin castigo y continuarán beneficiándose de las atrocidades cometidas por los paramilitares”.
En reiteradas oportunidades, tanto el gobierno de Colombia como el de Estados Unidos han declarado su buena voluntad para que los jefes paramilitares extraditados puedan seguir cumpliendo con sus versiones ante la justicia colombiana dentro del proceso de Justicia y Paz, sin embargo en la práctica no ha ocurrido.
Solo Salvatore Mancuso, uno de los máximos líderes paramilitares rindió declaraciones vía satélite ante la Corte Suprema por procesos contra políticos vinculados con las AUC. Mancuso y otros jefes extraditados han dicho estar dispuestos a seguir colaborando en esclarecer la verdad sobre sus crímenes y reparar a las víctimas.
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