El Consejo Superior de la Judicatura denunció el viernes que en los últimos dos años fueron asesinados tres jueces y otros 600 recibieron amenazas durante el último cuatrienio.
"En los últimos dos años han sido asesinados tres jueces y un funcionario judicial y hubo un atentado contra una jueza de Cali... Pero lo más grave para nosotros es que ha habido amenazas permanentes durante los últimos cuatro años que suben a 600", dijo en entrevista telefónica el magistrado Hernando Torres, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En la víspera fue asesinado Diego Fernando Escobar, juez octavo penal del circuito de Medellín, ciudad a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, y ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Según Torres, contra los jueces pesan "amenazas a sus familia, amenazas a sus bienes, amenazas personales, amenazas por llevar procesos de diferente tipo, amenazas para que ellos den recursos a grupos ilegales".
Dentro de los amenazados, están todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes desde hace casi cuatro años se dieron a la tarea de develar los nexos entre la clase política del país y las bandas paramilitares, indicó el jurista.
La Fiscalía tiene abierta una investigación por los aparentes seguimientos ilegales de los que han sido víctimas algunos magistrados de la Corte Suprema por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía secreta.
"Nosotros tenemos códigos, no tenemos armas ni tenemos municiones", observó el magistrado Torres.
En tanto, Germán Enciso, director nacional de Fiscalías, explicó que esa entidad espera que el sicario que acabó con la vida del juez Escobar --capturado pocos minutos después de perpetrar el crimen-- acepte los cargos y confiese por qué lo asesino y sobre todo quién le pidió ejecutar ese crimen.
Enciso no descartó que el asesinato hubiera obedecido a las investigaciones que llevaba Escobar, pero dijo no tener mayores detalles sobre este particular.
En la mañana del viernes, los funcionarios judiciales de Medellín pararon sus labores para protestar por el asesinato de Escobar y en la entrada del principal edificio de la justicia en esa ciudad, instalaron una pancarta en la que se leía: "Que cese el fuego".
AP.
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