Otra vez por vencimiento de términos, quedaron libres el mayor Marco William Quijano, el teniente Diego Aldair Vargas, el cabo Carlos Manuel González y tres soldados profesionales.
Estos militares salen de la prisión después de haber sido detenidos de manera preventiva tras conocerse de la muerte de 11 jóvenes de Soacha que fueron presentados como guerrilleros muertos por los militares. Pese a la gravedad del proceso, pasó el tiempo reglamentario para que los funcionarios judiciales ordenaran que siguieran presos. Ahora, quedarán técnicamente libres mientras su proceso penal continúa.
Hace apenas una semana, también habían quedado en libertad, por vencimiento de términos, 17 militares involucrados en el mismo caso.
El vencimiento de términos es visto por el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar como una manera de garantizar el derecho fundamental a la libertad. La idea es que la justicia solucione con prontitud la situación jurídica de alguien que esté involucrado en un proceso penal.
Para Bernal, una persona no puede estar privada de la libertad “uno, dos o tres años, dependiendo de la lentitud con que está operando la justicia en Colombia”, según explicó en Caracol Radio.
Pero a raíz de la atrocidad del supuesto comportamiento de esos militares involucrados en muertes de civiles para presentarlos como guerrilleros que cayeron en combates, se empezó a hablar en el país de replantear la figura del vencimiento de términos.
En un comunicado emitido por el gobierno el lunes, el presidente Álvaro Uribe hizo saber su posición al respecto. Dijo que “dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”.
Al respecto, el ex procurador Bernal Cuéllar opina que hay que hacer una evaluación de fondo “antes de premiar la inoperancia de la justicia concediéndole términos indefinidos para resolver los casos”.
En contraste, el ex fiscal Alfonso Valdivieso, hoy senador, considera que sí es necesario replantear los términos para algunas investigaciones, pues, en algunos casos, los plazos fijados por la ley son insuficientes.
"Hay crímenes mucho más complejos que exigen un mayor esfuerzo investigativo y a estas personas, las que cometen crímenes atroces o crímenes de lesa humanidad, no se les puede dar el mismo tratamiento que a cualquier delincuente que incurre en una violación menor de la norma penal", comentó el ex fiscal también en Caracol Radio.
El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, también considera preocupante que quienes están sindicados por delitos tan graves queden libres por vencimiento de términos.
“Ello no debería suceder en ningún caso, pero es mucho más preocupante cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, dijo el funcionario.
Como solución, Pérez propondrá en el Consejo Nacional de Política Criminal que se retome el sistema penal pasado y se dupliquen los términos cuando haya más de un procesado por graves violaciones a los derechos humanos.
El caso de estos militares ha reflejado que hay mucho por mejorar en el sistema penal. Pero no hay que perder de vista que este caso fue provocado por la presión por las bajas, la exigencia de que los soldados presenten muertos como resultados de sus gestiones y los incentivos de la directiva 029 de 2005, que ofrece beneficios económicos por las bajas que presenten los soldados. Eso lo han reconocido los mismos militares involucrados en este proceso.
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