Manos a la obra para desminar el territorio

Franciney Chaux está feliz, a pesar de que hace 15 años perdió una pierna por una mina antipersonal puesta por las Farc a la orilla de la vía entre Montañita y El Paujil, Caquetá. El accidente ocurrió el mismo día y en el mismo lugar en que esa guerrilla secuestró a Íngrid Betancourt y a Clara Rojas cuando se desplazaban con su comitiva a San Vicente del Caguán.

El 23 de febrero de 2002 su vida cambió, como la de Íngrid y la de Clara. Y como la de los colombianos, que entonces no dimensionábamos lo que esos secuestros y el incremento de las víctimas civiles por minas en ese año representarían para el país. De 2001 a 2002, la cifra pasó de 141 a 318 personas. Después comprenderíamos que el secuestro y el uso de minas simbolizan la degradación de la guerra en Colombia.
Ahora, a pocos días de terminar el conflicto con las Farc, la felicidad desborda a Franciney. Por fin se cumplirá uno de sus sueños: que desaparezcan las minas de Colombia.

Descontaminar el territorio evitará más muertes por este tipo de armas, facilitará el retorno de los campesinos a tierras de las que nunca debieron salir, asegurará que sus hijos puedan ir con seguridad a la escuela y les permitirá visitar a sus amigos y jugar sin temor. Podrán adelantarse grandes o pequeños proyectos de inversión rural bajo el modelo de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o del de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), y habrá un obstáculo menos para que trabajadores, contratistas y autoridades desarrollen las obras de infraestructura necesarias para incluir regiones históricamente abandonadas por el Estado.

Para adelantar esta gigantesca tarea, el país tiene a la Dirección de Acción contra Minas, la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional y la organización no gubernamental Campaña Colombiana contra Minas. Así mismo, desde hace años organizaciones internacionales como The Halo Trust, Handicap International y Ayuda Popular Noruega han apoyado la acción integral contra minas en el territorio. El reto: que Colombia sea un país libre de sospecha de minas en 2021.

Varios factores permiten creer que esto es posible. La contaminación del territorio está identificada, el gobierno y las Farc tienen la voluntad, y los operadores militares y civiles están incrementando su capacidad.

El costo estimado de esa operación es de 320 millones de dólares y ya hay una estrategia definida para conseguir los recursos. El pasado 18 de septiembre se produjo una excelente noticia. Desde Nueva York, en el marco de la Iniciativa Global para el Desminado en Colombia, promovida por los gobiernos de Estados Unidos y Noruega, varios gobiernos anunciaron aportes por 80 millones de dólares. Si bien no es la totalidad del dinero requerido, no hay duda de que es un buen comienzo.

Así mismo, en días pasados la Campaña Colombiana contra Minas –que antes solo educaba en el riesgo de esos artefactos– fue acreditada para sumarse a las labores de desminado, que hasta el momento ha desempeñado The Halo Trust en ocho municipios del país. Eso agilizará la limpieza del territorio.

Lo que antes era el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército ahora será una brigada compuesta por ocho batallones. Si antes había solo 2.100 soldados del Ejército haciendo este tipo de limpieza, en 2017 se espera que sean 10.000. La Armada, que despejó miles de metros en los Montes de María, también engrosará sus filas: tendrá 500 efectivos para esa fecha.

Las expectativas son grandes y los planes para lograrlo, ambiciosos. Según Sergio Bueno, director de Acción contra Minas, acaban de asignar 48 municipios a estos actores para que de ahora a diciembre intervengan el 38 por ciento del total de los territorios presuntamente contaminados por minas.

Al día de hoy, hay riesgo de minas en 663 municipios, cerca del 60 por ciento de los del país. En 199 de ellos se han presentado víctimas en los últimos cinco años, 291 llevan cinco años sin ellas y en 184 ha habido incidentes relacionados con estos explosivos, pero no víctimas.

Tolima, Antioquia, Caquetá, Meta, Cauca, Putumayo y Guaviare serán los primeros departamentos intervenidos en esta fase. Así mismo, se completarán 31 diagnósticos en los 291 municipios de mediana afectación y en los 184 municipios de baja afectación se convocará a unos consejos de seguridad para determinar la veracidad del riesgo registrado por Acción contra Minas. Así las cosas, esta Navidad habría 21 millones de metros cuadrados despejados; hoy esta cifra no llega a los 3 millones. “Con ese nivel de intervención estamos enviando un mensaje claro a la comunidad internacional y al pueblo colombiano sobre la voluntad de erradicar las minas”, sostiene Bueno.

Además, ya tienen todo un camino recorrido. Cinco municipios han sido declarados libres de sospecha de minas, en 25 más hay operaciones de desminado y 5.328 artefactos explosivos han sido desactivados. En 2015, el proyecto piloto acordado durante las negociaciones de La Habana se propuso desminar la vereda El Orejón en el municipio de Briceño, en Antioquia, y la vereda Santa Helena en Mesetas, Meta. El resultado fue favorable. Se aprendió que para lograr un desminado eficiente es determinante que participen las Farc y que su conocimiento sobre las técnicas de ubicación y fabricación de sus propias minas salva vidas, al tiempo que acorta tiempos de trabajo y minimiza costos.

Sin duda, el mayor hallazgo fue saber que la labor no termina con la remoción de las minas. Para las comunidades afectadas por este enemigo silencioso es igual de importante que el Estado llegue con vías, escuelas, centros de salud y los servicios que las minas, entre otros, no dejaron llegar. Si los territorios que fueron escenario de la guerra no se conectan con los centros económicos regionales, estas comunidades habrán sido defraudadas una vez más: quedarán por fuera del desarrollo social y económico que históricamente les ha prometido el gobierno.  

Una mina tarda décadas en dejar de funcionar, y ubicarla es como buscar una aguja en un pajar. Por más cuidadosas que hayan sido las Farc, habrá más de una que no salga en sus mapas o en los mapas que se hayan perdido. Además, las Farc no pusieron todas las minas. De ahí que ni la operación de desminado más ambiciosa de la historia garantizaría que no vuelvan a presentarse accidentes. Ocurrirán, seguramente con menor frecuencia, pero ocurrirán.

El riesgo aún es latente en regiones como el Catatumbo, Arauca, el bajo Baudó, Chocó, la costa Pacífica nariñense, el sur de Córdoba, Urabá y partes del Bajo Cauca antioqueño. Por eso, mientras haya territorios con más de un actor armado, es clave plantear una estrategia nacional de educación en el riesgo de minas. Si no se promueven comportamientos seguros en los colegios, en las veredas y en los municipios, el número de víctimas –que ya es alarmante, con 11.458– podría aumentar.

Quizás el mayor desafío sea atender debidamente a las víctimas. Los acuerdos de La Habana ponen a estas en el centro de su espíritu y ello deberá reflejarse en la acción integral contra las minas. En el caso de los heridos militares, el régimen de salud y protección es vigoroso. Como empleados del Estado, están cubiertos por el régimen de salud, pensiones y atención brindado a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, han hecho del deporte un escenario eficiente para la reintegración efectiva y la superación emocional.

Distinta y lamentable es la situación de los civiles. Reciben atención médica de emergencia pero los procesos de rehabilitación están signados por las debilidades, inhumanidades y lógica de negocio, que caracterizan al sistema de salud. Estas personas merecen, además de la atención médica de emergencia, rehabilitación física, sicológica y acceso a prótesis y órtesis, según la afectación. No menos importante es su reintegración social, laboral y educativa, porque ellos perdieron su proyecto de vida.

No puede ser que, por ejemplo, hasta la fecha los planes de vivienda gratuita que desarrolla el gobierno no favorezcan a las víctimas de minas como grupo especial ni que contemplen sus necesidades de accesibilidad, que les entreguen como reparación apartamentos en pisos elevados, en edificios sin rampa y sin ascensor.

Tenemos mucho por hacer, y el final del conflicto con las Farc pondrá a prueba a actores como la Dirección de Acción Integral contra Minas, los alcaldes, los gobernadores, el sector salud y la Unidad de Víctimas. Todo para que la vida cotidiana de este grupo de colombianos y la ley por fin coincidan.
Aún no se sabe cuándo los exguerrilleros de las Farc comenzarán a desminar como pena alternativa a la cárcel. Las minas sembradas por otros grupos armados seguirán amenazando la seguridad de la gente hasta que se negocie con ellos. Pero al destruir los arsenales de esta guerrilla, adelantar el desminado humanitario de los territorios, educar al respecto y atender integralmente a las víctimas se cumplirán sueños como el de Franciney. Solo hay que decir ‘manos a la obra’ y, sobre todo, hacerlo bien.