Durante el balance de la Registraduría Nacional, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), entidad internacional dedicada a brindar asistencia técnica y auditoría en procesos electorales, además de actuar como brazo técnico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), concluyó que todas las etapas de las pasadas elecciones de marzo se desarrollaron de forma íntegra, soportando picos de 5,85 millones de solicitudes por minuto sin interrupciones.
Este reporte genera un aire de confianza institucional al certificar que la infraestructura tecnológica mantuvo una disponibilidad del ciento por ciento, operando sin incidentes críticos y logrando bloquear eficazmente más de 30 millones de solicitudes maliciosas sin afectar la integridad ni el funcionamiento de los sistemas.
Expertos advierten los riesgos
Tras la calma institucional que reportan las métricas, han surgido voces desde el sector civil y jurídico que invitan a una reflexión profunda sobre los componentes privados del sistema. La Fundación Karisma, por ejemplo, señaló lo que considera una falta de soberanía sobre el algoritmo biométrico de la firma Idemia, herramienta que identifica a los votantes, pero cuyo funcionamiento interno es propiedad del contratista.
Frente a esta tensión, la voz de Antonio José Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional, aporta claridad jurídica. Lizarazo es tajante al señalar que la sentencia del Partido MIRA de 2014 no estableció la existencia de un fraude por software, sino que enfatizó en la necesidad de transparencia documental. Para el jurista, el debate no debería centrarse en la propiedad del código fuente, sino en la trazabilidad del papel.
“La democracia es un acto de fe en el ciudadano común, no en el algoritmo. Mientras los jurados llenen el E-14 a mano, lo firmen y lo entreguen a los testigos, existe un mecanismo de control que ningún hacker puede borrar“, afirma el exmagistrado.
Finalmente, aunque la infraestructura tecnológica ha demostrado una resiliencia notable frente al caos digital del 2026, el debate persiste en dos frentes, la necesidad de una Ley Estatutaria que regule el Habeas Data electoral y la garantía de que, en las periferias del país, el jurado de votación pueda operar con la misma libertad y seguridad con la que operan los servidores en la nube. Al final, la transparencia total sigue siendo una construcción colectiva entre la tecnología y el eslabón humano.