Aunque los puestos de votación de las pasadas elecciones a Congreso se cerraron a las 4:00 de la tarde del domingo 8 de marzo, y los resultados se conocieron esa misma noche, todos esos datos son apenas una fotografía preliminar. El verdadero veredicto lo da un proceso menos visible, más complejo y profundamente técnico: el escrutinio.
Como explica el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Gilberto Rondón, lo que hacen los jurados de votación al cierre de las mesas no es el resultado definitivo. Es un conteo inicial. “Ahí se contabilizan los votos, pero el escrutinio real es el que determina a quién le corresponden las curules”, advierte.
Ese primer paso se materializa en el formulario E-14, un documento clave que se diligencia en cada mesa. Tiene tres destinos: uno para divulgación rápida o preconteo, otro para digitalización pública y un tercero que viaja, junto con los votos, al corazón del proceso: los centros de escrutinio.
A partir de ese momento comienza una cadena escalonada. Primero vienen los escrutinios municipales o locales, donde comisiones integradas por jueces y notarios revisan mesa por mesa. Allí pueden abrir sobres, verificar inconsistencias e incluso ordenar recuentos de votos de oficio, o si los testigos de partidos o los apoderados lo solicitan.
Luego, los resultados escalan a nivel departamental y, finalmente, al ámbito nacional. En cada etapa se consolidan cifras, se resuelven reclamaciones y se depuran los datos. Es, en palabras del exregistrador Juan Carlos Galindo, “una gran sumatoria progresiva” que pasa por varios filtros institucionales antes de convertirse en resultado oficial.
Un proceso garantista que toma su tiempo
En todo este recorrido participan múltiples actores como jueces, notarios, delegados del Consejo Nacional Electoral, testigos electorales, apoderados de campañas y el Ministerio Público. Cada uno cumple un rol de vigilancia y control que, lejos de agilizar el proceso, lo hace más garantista… y más lento.
De hecho, esa es una de las mayores confusiones ciudadanas. ¿Por qué se demoran tanto los resultados? La respuesta está en el volumen y en las reclamaciones. Solo en Bogotá, por ejemplo, operan cientos de comisiones escrutadoras para procesar millones de votos, pues en la capital del país el censo electoral supera los seis millones de personas. Cada inconsistencia debe resolverse en la instancia correspondiente, bajo el principio de la preclusividad. Es decir, cada reclamo tiene su momento y su escenario, y no puede presentarse después.
Ese entramado explica por qué elecciones como las del Senado (de circunscripción nacional) pueden tardar semanas o incluso meses en definirse. No es extraño que la declaratoria final llegue días antes de la instalación del Congreso, el 20 de julio.
La Registraduría no cuenta votos
En medio de todo este proceso hay un punto que suele generar suspicacias: la Registraduría. Para muchos ciudadanos esta entidad “cuenta los votos”. Pero no es así.
La Registraduría organiza las elecciones, es decir, imprime tarjetas electorales, designa jurados, distribuye material electoral, habilita puestos de votación. También recibe, transporta y custodia los documentos. Pero no decide resultados.
Las autoridades electorales que sí cuentan oficialmente los votos son los jurados, las comisiones escrutadoras en cada nivel y, en última instancia, el Consejo Nacional Electoral. “La Registraduría no es la que define las elecciones. Esa función corresponde a las comisiones y al CNE”, explica Galindo.
Incluso el software de escrutinio es administrado por el Consejo Nacional Electoral, aunque funcione en equipos dispuestos por la Registraduría.
El proceso tampoco termina cuando se asignan las curules. Detrás viene una fase menos conocida, pero igual de importante: el archivo. Todos los documentos electorales (formularios como el E-11 (sufragantes), el E-24 (resultados por mesa) y el E-26 (consolidado)) son custodiados bajo estrictas normas.
Algunos se conservan durante años; otros, como los que sustentan directamente los resultados, nunca se tocan. Son, en la práctica, la memoria documental de la democracia. De ellos dependen eventuales demandas ante la justicia contenciosa administrativa, en caso de que candidatos o partidos cuestionen los resultados. Si pasados cuatro años no hay ninguna queja o solicitud, se destruyen.
El escrutinio no es un simple conteo. Es un proceso jurídico, técnico y escalonado que busca garantizar que cada voto sea correctamente contabilizado y que cualquier duda tenga un canal institucional de resolución.
En Colombia, la desconfianza electoral suele aparecer en cada elección, por eso, entender este engranaje resulta clave. Al final, la democracia no se define en un día específico, sino en semanas de revisión minuciosa, donde cada acta, cada reclamación y cada voto cuenta.