Mientras buena parte de la atención de la Misión de Observación Europea se concentra en el informe de conclusiones sobre la transparencia de la segunda vuelta presidencial y la validez del proceso electoral, un informe preliminar dejó otra advertencia sobre una futura reforma electoral. Los observadores aseguraron que persisten serias falencias para controlar la financiación de las campañas y alertaron sobre una “más que probable infradeclaración” de gastos e ingresos durante el proceso electoral.
El documento sostiene que las deficiencias detectadas durante la primera vuelta se mantuvieron en la segunda, especialmente por cuenta de donaciones en especie, contribuciones privadas y redes de voluntarios que, en muchos casos, no fueron reportadas en la plataforma Cuentas Claras. A todo esto se suma el aumento de la inversión en transporte de votantes, contratación de testigos, actividades de campaña y publicidad digital.
El jefe de la misión, Esteban González Pons, explicó que no se trata de una situación exclusiva de las elecciones de este año, sino de un problema reiterativo que viene de tiempo atrás.
“La infradeclaración de gastos electorales en las elecciones colombianas es una constante desde nuestros informes... y en nuestro informe final volverá a aparecer una necesidad de cambio en la legislación para poderlo conocer. No afecta a una candidatura en concreto sino a todas, incluso en las parlamentarias”, enfatizó.
Según el informe, el problema toma una dimensión aún mayor en las campañas digitales. La misión considera que la legislación colombiana todavía no ofrece herramientas suficientes para rastrear el dinero invertido en publicidad política en internet, debido, entre otras razones, a que muchas de las plataformas operan desde el exterior y escapan al control de las autoridades nacionales.
Los observadores advierten que la publicidad política en redes sociales se convirtió en uno de los principales escenarios de la campaña presidencial. Mientras Iván Cepeda incrementó su pauta en las plataformas de Meta, Abelardo de la Espriella concentró buena parte de su estrategia en YouTube y TikTok. Sin embargo, la misión señala que, a diferencia de Meta, esas plataformas siguen ofreciendo poca información pública sobre el origen y el monto de la publicidad política contratada.
González Pons aseguró que precisamente esa transformación de las campañas obliga a revisar las normas actuales. “El control del gasto en campañas electorales digitales, aparte de no estar suficientemente declarado, es de muy difícil control debido a la internacionalización de esas plataformas”.
El jefe de la misión agregó que Colombia está enfrentando antes que otros países los desafíos de la digitalización de la política: “Colombia es un país altamente digitalizado y está afrontando en vanguardia los cambios para bien y para mal que traen la digitalización y las redes sociales. Entonces aquí observamos cosas que todavía no evidenciamos en otros lugares”.
Esta declaración preliminar también recogió la preocupación expresada por la Contraloría sobre posibles riesgos en el uso de recursos públicos durante la campaña y recordó que el organismo identificó contratos suscritos después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que podrían no ajustarse a las excepciones previstas por la norma.
Aunque la misión concluyó que la segunda vuelta presidencial fue transparente, bien organizada y que el sistema de resultados funcionó con garantías, dejó claro que uno de los principales desafíos para el futuro será fortalecer los mecanismos de control sobre la financiación política, sobre todo en el entorno digital, una de las recomendaciones que estarán en el informe final que entregará en septiembre.