Bogotá y Washington tendrán que definir los detalles del acuerdo de cooperación militar próximamente, durante la última ronda de negociación.

SEGURIDAD REGIONAL

No hay consenso en Unasur frente a bases gringas en Colombia

La declaración preliminar de los cancilleres de los países asistentes respeta las negociaciones militares entre Colombia y Estados Unidos. Falta la firma de los presidentes.

10 de agosto de 2009

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no prevé rechazar el lunes en Quito el posible uso de bases militares en Colombia por parte de efectivos estadounidenses, según la declaración preliminar preparada por los cancilleres y que deberán ratificar los mandatarios.
 
En la cita de cancilleres el domingo, los miembros de Unasur no hallaron consenso respecto a una propuesta del gobierno boliviano que señalaba "preocupación y rechazo a la instalación de bases militares extranjeras en Sudamérica".

Lo que sí acordaron al filo de la media noche del domingo fue convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres y ministros de Defensa este mes, en una fecha y lugar todavía por definir.

En relación con las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos, un pronunciamiento diferente a la declaración preliminar anunciada por los cancilleres parecía complicada debido al poco tiempo que tienen los mandatarios, luego del acto de traspaso de la presidencia pro témpore y las otras actividades oficiales del día.

Correa debe asumir su nuevo mandato de cuatro años ante la Asamblea Nacional e invitados internacionales.

La propuesta sobre Colombia-Estados Unidos no incluye la aspiración expresada por Bolivia, Venezuela y Ecuador, lo más fuertes críticos de la utilización de bases estadounidenses en Sudamérica.

Venezuela, Ecuador y Bolivia coinciden en reparos al señalar que la operación representaría una "amenaza" para la región.

El canciller chileno Mariano Fernández recalcó durante la presentación de la declaración preliminar que "Unasur opera por consensos", lo que evidenció la división que existiría al interior del bloque entre los países que respaldan un rechazo explícito y los que son partidarios de analiza el tema en otro foro de la misma Unasur.

El mandatario colombiano Alvaro Uribe no asistió a la cita y su representante es la vicecanciller Clemencia Forero.

Uribe, debido a que Ecuador y Colombia mantienen rotas sus relaciones, colombiano emprendió la semana pasada una gira por siete países de Sudamérica para explicar la posición colombiana sobre el tema de las bases.

En la primera ceremonia oficial del lunes, la mandataria chilena Michelle Bachelet y el presidente ecuatoriano Rafael Correa, suscribieron el documento que oficializó el traspaso de la presidencia en una ceremonia que contó con la presencia de la mayoría de los 12 jefes de estado de Sudamérica y que se realizó en el convento de la iglesia de San Agustín, en el centro colonial de Quito.

Correa expresó su compromiso de continuar con el trabajo de integración del bloque que "es un reto colosal, pero posible", en momentos que varios de los miembros de la Unasur atraviesan diferencias. Expresó la necesidad de "consolidar la existencia" del organismo.

Bachelet destacó la importancia de "reflexionar sobre la marcha de la integración regional", de cara a plantear nuevos "desafíos" para impulsar el trabajo de la Unasur. Recalcó que "necesitamos construir nuestra unidad respetando nuestra diversidad".

La Unasur, organismo creado en abril del 2007, está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

El organismo todavía tiene pendiente la ratificación del tratado constitutivo de nueve de sus 12 miembros. Solo Venezuela, Ecuador y Bolivia lo han hecho. Otra dificultad que enfrenta es la postergada designación del secretario general del organismo.

En la declaración preliminar de Quito también se prevé crear cuatro nuevos consejos: de lucha contra el narcotráfico, desarrollo, infraestructura y educación, que se suman a los ya existentes de defensa, energía y salud.

Otro punto será la reiteración de una condena unánime al golpe de estado en Honduras y la exigencia del regreso al poder del depuesto mandatario Manuel Zelaya.

AP