Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/05/22 00:00

Panorama de la verdad y la reparación en América Latina

Casi 20 años después de la caída de la última dictadura militar de América Latina, la impunidad de las atrocidades cometidas es la regla. Semana.com ofrece un breve inventario de la situación de la justicia transicional en la región.

Protesta de Las Madres de la Plaza de Mayo por los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Foto: Foto: AP

Guatemala

Trece años después del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil, considerada la más violenta en la historia moderna del continente, el panorama de la justicia es desesperanzador. Durante 36 años de conflicto, las fuerzas del estado asesinaron y desaparecieron a más de 200 mil personas, la mayoría pertenecientes a la población maya.

Según un informe de 2008 de la organización Human Right Watch, de las 626 masacres documentadas por la comisión de la verdad, sólo tres casos han sido juzgados con éxito por los tribunales, y en el tercero cinco ex integrantes de una "patrulla civil" paramilitar fueron condenados por el asesinato de 26 personas en la masacre de Río Negro en 1982. Aunque más de 10 mil familiares de asesinados y desaparecidos han sido reparados económicamente, los aparatos clandestinos que operaron durante el conflicto con el apoyo del estado no han sido todavía desmantelados.

El general retirado Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país en uno de los años más sangrientos de la guerra, ganó una curul en el congreso en las elecciones parlamentarias de 2008, lo que le concede inmunidad parlamentaria hasta el 2014.

En febrero de 2008 el presidente Álvaro Colom anunció que revelaría los archivos militares, y un fallo de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa entregar cuatro informes, de los cuales ha presentado apenas dos y su veracidad ha sido desestimada por las víctimas. Según datos de la ONU, en el país se registran más de 6.000 asesinatos al año, y el porcentaje de impunidad es del 98 por ciento.

El Salvador

En 1992, los Acuerdos de Paz de Chapultepec pusieron fin a una guerra civil entre el Estado salvadoreño y la guerrilla que en 11 años dejó un saldo de cerca de 80.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.

Luego de firmar la paz, los sectores políticos negociaron una ley de amnistía que dejó en la impunidad los crímenes del Estado y la guerrilla. Los pocos responsables que habían sido detenidos fueron liberados en poco tiempo, y resultaron bloqueadas las investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. La amnistía aún está vigente y no ha sido atendida ninguna de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad creada en 1993.

Roberto D’Abuisson, fundador del Partido Arena y responsable del asesinato del arzobispo Óscar Romero en 1980, es considerado héroe de la patria. El partido del cual es fundador gobernó el país durante 20 años consecutivos, hasta hace menos de un mes, cuando, en un hecho histórico, fue elegido presidente Mauricio Funes, candidato del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.

Desde el restablecimiento de la democracia todos los presidentes han negociado con las Fuerzas Armadas mantener la amnistía. Mauricio Funes no es la excepción: a cambio del apoyo de los militares durante su campaña, se comprometió a mantener la impunidad.

Nicaragua

Durante 46 años y con el beneplácito de Estados Unidos, la dinastía de los Somoza gobernó Nicaragua con mano de hierro, hasta que fue derrocada por la revolución sandinista en 1979. En ese lapso, las fuerzas del Estado asesinaron a más de 50.000 ciudadanos, sin contar las 20.000 víctimas de los enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla. Luego del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, la mayoría de los altos funcionarios responsables de la represión huyeron del país con el último de los Somoza.

En 1987, cinco países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) firmaron el Acuerdo de Esquipulas, que establecía una amnistía para todos los involucrados en los conflictos bélicos, con el objetivo de “establecer la paz firme y duradera” en esta parte del continente.

Algunos civiles y militares, y soldados de la Guardia Nacional (responsables de las torturas y desapariciones) y la Contra (paramilitares financiados por Estados Unidos) fueron procesados. Pero en el marco del acuerdo mencionado el nuevo gobierno se dedicó a conceder indultos, y los pocos detenidos fueron liberados durante los primeros ocho años de democracia.

En 1990 la presidenta Violeta Barrios de Chamorro decretó una amnistía aún más amplia, que todavía cobija a los responsables de las miles de muertes.

Panamá

En 1968 el general Omar Torrijos derrocó mediante un golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid. Torrijos gobernó de facto, como hombre fuerte, hasta su muerte en 1981, cuando asumió su papel Manuel Antonio Noriega, quien sería luego depuesto por la invasión de Estados Unidos en 1989, y hoy purga una condena por narcotráfico en una cárcel norteamericana.

En enero de 2001, a partir del descubrimiento de una fosa clandestina que contenía los restos de algunas víctimas de la dictadura, la entonces presidenta Mireya Moscoso estableció mediante decreto la Comisión de la Verdad de Panamá. Según el informe, entregado en el 2002, durante los 21 años de dictadura fueron asesinados y desaparecidos 110 opositores del régimen. Para finales del año pasado, solo 47 de los casos habían sido remitidos a los tribunales. En 14 de esos casos se abrió proceso contra victimarios que por su avanzada edad no fueron sometidos a detención preventiva, y siete fueron declarados prescritos.

Brasil

En 1964, con un golpe de Estado que derrocó al presidente João Goulart, comenzó para Brasil un periodo de dictaduras que se extendería hasta 1985. Según cifras oficiales fueron asesinadas cerca de 400 personas y torturadas 50.000, pero el secretismo del Estado no ha permitido esclarecer el número real de víctimas, y solo desde la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva ha habido avances significativos en materia de verdad y reparación.

Ningún militar ha sido procesado por los crímenes de Estado, pues ni siquiera se conoce el nombre de los victimarios. Los archivos militares siguen siendo secretos, y los más importantes fueron quemados a escondidas en la Base Aérea del Estado de Bahia en 2004.

En 1979 los militares decretaron una amnistía que sigue vigente, y los homicidios prescriben a los 20 años. Sin embargo, en el último año la presión de la sociedad civil para derogar la ley de amnistía ha permitido que el tema llegue al Supremo Tribunal Federal. Además, en enero de este año se inició un proceso contra militares por dos casos de desaparición forzada, en "el primer intento de acción penal sobre los crímenes cometidos por militares durante la dictadura en Brasil", según declaró a la Folha de São Paulo el fiscal que adelanta el proceso, Ivan Cláudio Marx.

Bolivia

A principios de marzo el descubrimiento de restos humanos, documentos oficiales y celdas subterráneas en las profundidades del Ministerio de Gobierno, recordó a Bolivia su deuda de justicia con las víctimas de las dictaduras. Entre 1964 y 1982 este país vivió una sucesión de gobiernos militares. Se calcula que al menos 5.000 personas fueron asesinadas, y cerca de 300 desparecidas.

Luego del regreso de la democracia fue creado el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades, el cual hizo públicos los nombres de los victimarios, lo que permitió que fueran condenados el ex dictador Luis García Mesa y 58 de sus colaboradores.

Aunque Bolivia es de los pocos países sin leyes de amnistía, no ha sido creada ninguna comisión para esclarecer la verdad y la ineficacia de la rama judicial ha sido caldo de cultivo para la impunidad. Además, el olvido parece ser la regla: en las elecciones de 1997 fue elegido presidente el ex dictador Hugo Banzer, sindicado del mayor número de violaciones a los derechos humanos durante la época de los gobiernos militares.

Banzer falleció de cáncer tres años después y tuvo que ser reemplazado por su vicepresidente, Jorge Quiroga. Según denuncias de varios activistas, la mayoría de los victimarios se pasean libremente por el país. El presidente Evo Morales no ha ordenado aún desclasificar los archivos militares de la dictadura.

Paraguay

En febrero de este año Paraguay conmemoró los 20 años de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner, quien gobernó el país y combatió con eficacia la subversión durante 35 años, lo que le ganó grandes elogios del gobierno norteamericano.

Al menos 5.000 personas fueron asesinadas por el régimen, pero hasta la fecha la justicia solo ha emitido tres condenas por crímenes de lesa humanidad. Stroessner fue asilado en el Brasil en 1989, y murió en total impunidad en el 2006, a pesar de que varios jueces solicitaron su extradición a Paraguay.

En 1992 el activista Martín Almada descubrió los “Archivos del Terror”, que demostraban que Stroessner había colaborado activamente con la Operación Cóndor, un acuerdo entre las dictaduras del Cono Sur y Estados Unidos para combatir el comunismo en el continente. Muchos de los victimarios de la dictadura todavía ocupan altos cargos en diversas instituciones del Estado, y el mismo Stroessner mantuvo hasta su muerte los cargos de General del Ejército paraguayo y presidente honorario del Partido Colorado. Dicho partido, además, detentó el poder hasta 2008 cuando su candidato fue derrotado por el de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo.

La Comisión de Verdad y Justicia creada en Paraguay enfrenta a grandes obstáculos, como la falta de presupuesto y la lentitud de la justicia. Muchos activistas que trabajan por la causa han sido perseguidos.

Uruguay

En 1973, un golpe de Estado dio comienzo a 12 años sucesivos de gobiernos militares, durante los cuales fueron torturados y asesinados cientos de ciudadanos. Cerca de 200 personas siguen desaparecidas.

El poder militar se extendió varios años después de la caída de la dictadura, y en 1986 los militares negociaron con el primer gobierno democrático la aprobación de la Ley de Caducidad, que garantizaba impunidad a los violadores de los derechos humanos.

Aunque en 1989 un referendo ratificó con una mayoría significativa la amnistía, en los últimos años la sociedad civil se ha organizado con el objetivo de anularla. A pesar de que sigue vigente, en el 2006 por primera vez desde el regreso de la democracia fueron procesados ocho militares y policías por crímenes de lesa humanidad, y hoy están en prisión los ex dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio “Goyo” Álvarez. Hasta el momento, ninguno de los militares detenidos ha confesado el paradero de los  desaparecidos.

En un hecho sin precedentes, en febrero de este año, el Congreso uruguayo se negó a aplicar la amnistía en el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, aunque todavía falta que la Corte Suprema se pronuncie al respecto. A principios de este mes el gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para ofrecer a las víctimas de la dictadura una “reparación integral”.

Chile

En Chile, la transición hacia la democracia se ha caracterizado por la constante presión
del ejército, y su influencia, como en el caso uruguayo, se ha mantenido muchos años después de la caída de la dictadura en 1990.

En 17 años, el régimen militar torturó a cerca de 3.000 personas y desapareció a 2.600, según cifras de Human Right Watch. La justicia fue sustituida por la reparación económica y moral, y por tal razón la impunidad ha sido casi total.

La amnistía decretada por los militares en 1978 no ha sido declarada inconstitucional por ninguno de los gobiernos democráticos. El dictador Augusto Pinochet, quien se mantuvo como Comandante en Jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998, fue detenido en Londres ese mismo año para comparecer ante la justicia internacional por delitos de lesa humanidad, pero fue repatriado a Chile en el 2000 y murió sin ser juzgado.

Para eludir la ley de amnistía la Corte ha recurrido a la doctrina del "crimen permanente", según la cual la desaparición forzada es un delito continuo hasta que los restos sean recuperados o las circunstancias de las muertes esclarecidas. Gracias a esa doctrina fueron confirmadas, en noviembre de 2004, las condenas de prisión del General Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y otros cuatro oficiales militares por un caso de desaparición forzada ocurrido en 1975.

Algunas declaraciones de la presidente Michelle Bachelet sugieren que la ley de amnistía podría ser derogada próximamente, pero este no es el único obstáculo al que se enfrenta la justicia. En diciembre de 2004, una ley aprobada por el Congreso en menos de cuarenta y ocho horas estableció que los nombres de los victimarios serían ocultados durante 50 años.

Argentina

Durante los siete años que duró la dictadura en Argentina (1976-1983) el régimen militar torturó, asesinó y desapareció a cerca de 30.000 personas, según cifras de organismos internacionales.

Durante el primer gobierno de transición fue posible emitir sentencia contra las tres primeras juntas militares, pero la presión del ejército terminó con la promulgación de dos leyes –Punto Final y Obediencia Debida–, mediante las cuales se concedió la amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

En gobiernos siguientes fueron indultados varios altos mandos que ya habían sido condenados, y rechazadas numerosas peticiones de extradición de la justicia internacional. Durante este tiempo, sin embargo, la justicia argentina encontró formas de sacarle el quite a la impunidad, y logró condenar a los ex presidentes militares Jorge R. Videla y Reinaldo Bignone por el robo, retención y suplantación de identidad de hijos de desaparecidas, delito excluido de las leyes de amnistía.

La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003, permitió anular las leyes de impunidad, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en el 2005. Desde entonces 922 casos han sido judicializados, pero solo se ha emitido condena en 38, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de marzo. Están siendo procesadas 350 personas que aún no han sido condenadas, y 77 de éstas lograron la excarcelación. Y aunque muchos victimarios han sido llamados a comparecer ante la justicia, en el último año han sido asesinados varios testigos claves en los procesos.

Aún así, Argentina se ha convertido en ejemplo de justicia transicional para otros países de América Latina donde la impunidad derrotó a la justicia.

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