Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/02/18 00:00

Se acerca el fin del juicio a Fujimori

En su alegato de cierre, los abogados de las víctimas pidieron al tribunal condenar al ex presidente peruano a 30 años de prisión,una reparación de 24 millones de euros y que el Estado reconozca explícitamente que no eran terroristas, como había asegurado el régimen.

Se acerca el fin del juicio a Fujimori

En seis sesiones y más de 20 horas de alegatos, los fiscales José Peláez Bardales y Avelino Guillén reiteraron categóricamente la acusación que formularan en diciembre de 2007 al iniciarse el “mega juicio” contra Alberto Fujimori. El ex presidente peruano deberá responder por homicidio calificado, lesiones graves en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos que dejaron un saldo de 25 víctimas, y por el secuestro de un periodista y un empresario en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército.

“…Queremos concluir la intervención repitiendo la palabra que retumba en nuestros oídos desde siempre, justicia, esa es nuestra respetuosa exigencia, queremos, pedimos justicia. El abundante material probatorio reunido en este proceso demuestra razonablemente la culpabilidad del acusado Alberto Fujimori”, dijo Peláez en su alegato final, en el que ratificó el pedido de 30 años de reclusión y el pago de reparaciones civiles por cerca de 24 millones de euros a favor de los familiares de las víctimas.

La acusación, sustentada en las declaraciones de 60 testigos, 500 documentos y 20 audios y videos, atribuye responsabilidad penal al ex mandatario por la conducción de una doble política de lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Una, oficial, de adhesión de la población a las fuerzas armadas mediante las llamadas “acciones “cívicas”, y otra, de guerra sucia, que implementó el destacamento Colina creado al interior del Ejército, que recibió apoyo logístico, armas y personal y fue entrenado para matar.

Este destacamento funcionaba gracias a la asignación de partidas a través de un fondo para “acciones reservadas”, que aterrizaban en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dirigido por Vladimiro Montesinos, el hombre tras el poder durante la década fujimorista de 1990 a 2000.

No eran terroristas
Los cinco representantes de la parte civil presentaron sus alegatos a lo largo de cuatro sesiones, buscando evitar dilaciones al proceso. Carlos Rivera y Ronald Gamarra, resaltaron la existencia de un patrón sistemático en los crímenes, con un resultado que se cumplió en todos los casos a cabalidad: la orden era eliminar los presuntos terroristas previamente seleccionados. No había interrogatorios, ni detenidos.

Los abogados de las víctimas enfatizaron el largo camino de 17 años en búsqueda de justicia de los familiares de los estudiantes, el profesor, los habitantes del barrio popular desaparecidos y ejecutados, y de los cuatro sobrevivientes de las matanzas. Retrataron el miedo y las amenazas que sufrieron, pero también la fortaleza y tenacidad de estos familiares, quienes han sido estigmatizados por una parte de la sociedad como padres, madres, hermanos o esposos de terroristas.

En su intervención, la abogada Gloria Cano resaltó el testimonio ante la Sala Penal del coronel de la Policía Benedicto Jiménez, quien aseveró que las víctimas no tenían ninguna vinculación con el terrorismo. “Este proceso no es para juzgar o investigar a las víctimas. Porque si alguno de ellos hubiera cometido algún hecho ilícito, debió ser detenido y sometido a un juicio justo e imparcial, como lo tiene ahora el acusado. Pero se les negó esa posibilidad”, concluyó.

Los abogados solicitaron a la Corte un desagravio integral, no solamente económico, pidieron que se incluya en la sentencia la obligación de continuar la búsqueda de los restos que no han sido encontrados y el reconocimiento del Estado de que estas víctimas no eran terroristas.

Quienes eran las víctimas
La Sala vivió momentos de intensa emoción en la sesión final del alegato de la parte civil, al evocarse cada una de las personas desaparecidas y asesinadas. Los familiares presentes no pudieron contener las lágrimas cuando se rememoraron los sueños e ideales de estas vidas sacrificadas inútilmente.

El ex presidente nunca ordenó la investigación de estos crímenes, a pesar de haber sido denunciados por algunos medios e investigados por una Comisión del Senado, que no pudo concluir su trabajo por el auto golpe de Estado de Fujimori y el cierre del Congreso, en abril de 1992. Al contrario, el ejecutivo y los altos mandos militares desplegaron una intensa actividad de encubrimiento de los hechos y amnistías para los responsables.

Un Fujimori impasible siguió la última audiencia de los abogados de las víctimas, inclinado sobre su cuaderno, y tomando notas incesantemente sin levantar la mirada. El abogado Gamarra expresó, en nombre de quienes han esperado durante años una sentencia justa por los delitos de lesa humanidad: “los responsables de estos crímenes son seres de carne y hueso… y el mayor de ellos, que no tiene el coraje de asumir la responsabilidad del sistema criminal que montó junto a Montesinos y Hermoza, está entre nosotros y se llama Alberto Fujimori”.

La sentencia condenatoria parece inevitable. Al iniciar su alegato, Cesar Nakasaki, abogado de la defensa, ha argumentado que su patrocinado enfrenta además del proceso judicial, un juicio mediático que lo condenó de antemano sin esperar la sentencia penal, y otro político, por lo que llamó el costo social de su estrategia para combatir el terrorismo.

El argumento que consiste en afirmar que la política antiterrorista de Fujimori permitió salvar la vida de 25 millones de peruanos, es el mismo que esgrimió el acusado al iniciarse el juicio el 10 de diciembre de 2007.

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