Venezuela: ¿Cárcel por "delitos mediáticos"?

Sin embargo, en medio de la polémica revisión de casi la mitad de las licencias del espectro radiofónico nacional y el estudio de leyes que afectan también al periodismo, la propuesta ha desatado algunas voces de alarma.

Matices e interpretaciones
La norma considera como delito mediático todas aquellas informaciones que atenten contra "la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos".

Además, condena la "omisión" de informaciones que alteren el derecho a una información "veraz" y causen "pánico entre la población".

Actualmente, el código penal venezolano ya incluye sanciones penales a "expresiones ofensivas" a funcionarios públicos e instituciones del Estado y tipifica los delitos de difamación e injurias contemplando penas de cárcel en casos graves.

"Quieren generar confusión"
"Hay que fortalecer esta ley para que podamos tener un instrumento que evite que estos medios atenten contra la salud mental de los venezolanos", expresó el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Alberto Castelar.

"Pongamos como ejemplo el ataque del gobierno colombiano contra Venezuela y Globovisión. Este medio ha apoyado a (Álvaro) Uribe las 24 horas, estas empresas privadas tratan de construir un mundo al revés y todo eso es basura y genera confusión", señaló.

Otros miembros cercanos al oficialismo dan otros ejemplos para justificar la necesidad de una nueva regulación mediática, como es el caso de las declaraciones que hiciera hace unos meses a través de la cadena de televisión Globovisión el editor del diario El Nuevo País.

En una entrevista, Rafael Poleo dijo en referencia al presidente venezolano que "Hugo (Chávez) va a terminar como Mussolini: colgado y con la cabeza para abajo", algo que fue considerado una "incitación al odio" por el gobierno.

También se menciona la campaña propagandística a través de afiches que muestran a venezolanos desnudos y en cuclillas aparentemente despojados de sus pertenencias por las nuevas leyes del gobierno.

"A la gente no les gusta que las controlen ni las regulen, eso es normal", agregó la fiscal Ortega Díaz , ante la polémica generada en los medios de comunicación locales. "Pero los controles tienen que existir”, afirmó.

"Todo es punible"
Sin embargo, los medios privados temen que esta nueva norma pueda transformarse en un elemento de censura o de autocensura periodística.

"Desde la última dictadura no recuerdo que nadie hubiera hablado de una ley como ésta", le dijo a BBC Mundo Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela.

"Da la impresión de que con esta ley cualquiera que denuncie temas de corrupción contra un funcionario público podría ser fruto de un ensañamiento", aclaró Moleiro.

"Además, cuando dice que se castigará cualquier información que genere intranquilidad pública o angustia entre la población, da a entender que los periodistas debemos ser enfermeros de las autoridades", apuntó.

"¿Qué es un delito mediático?", cuestionaron los miembros del CNP. "¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad?".

¿Control o censura?
Para unos responde a una necesidad de "democratizar" a unos medios de comunicación altamente concentrados. Pero, para otros, es un intento de poner fin a las únicas voces que, dicen, aún ponen en tela de juicio el buen hacer del gobierno.

Por su parte, el periodista y editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, afirmó que con el nuevo texto "todo es punible" y transformaría "cualquier opinión o información en un delito".

Avalancha de reformas
Tanto esta ley como otras normas y modificaciones que ha planteado el Poder Ejecutivo en los últimos meses han generado una campaña de rechazo entre los medios privados.

Para unos responde a una necesidad de "democratizar" a unos medios de comunicación altamente concentrados.

Pero, para otros, es un intento de acabar con las únicas voces que aún ponen en tela de juicio las gestiones del gobierno.

Aunque el 70% de los medios de comunicación del país son privados, el Estado ha logrado establecer una amplia red comunicacional que incluye varios canales de televisión y la red de radio más grande del país, sobre los cuales ejerce un completo control.

En este sentido, tras el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, Globovisión es el único gran canal de televisión crítico con el gobierno que aún sobrevive.

En los próximos meses, mucho es lo que se tiene que debatir sobre la realidad periodística y mediática venezolana, ya que junto con esta nueva propuesta también están sobre la mesa otras ocho reformas, entre ellas, la ley del ejercicio del periodismo, la ley de telecomunicaciones o la que pretende regular la televisión por cable.