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Cuando el presidente argentino, Raúl Alfonsín, ordenó el juzgamiento de los integrantes de las tres juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982, por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de miles de personas, era difícil creer que se llegaría al final del proceso.
Después de 77 sesiones de juicio en que los argentinos vieron desfilar 850 testigos que comprobaron la metodología del horror implantada por los señores de la "guerra sucia", todavía se dudaba si la justicia llegaría a castigarlos.
A pesar de los incrédulos, en uno de los actos de la democracia en que más rotundamente se ha subordinado el poder militar al civil, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal dictó sentencia.
Aceptando el argumento del fiscal Julio Strassera, sobre la responsabilidad mediata de los comandantes sobre los crímenes que se cometieron la Cámara condenó al general Jorge Rafael Videla, ex presidente y ex comandante en jefe del Ejército durante la primera junta, a reclusión perpetua y ordeno su destitución. Según el tribunal, Videla--quien se negó a defenderse por considerar que los civiles no tenían derecho a juzgarlo--es responsable de 116 homicidios con alevosía, de 50 homicidios reiterados, de la privación ilegal de la libertad de 306 personas, de 91 casos de tortura y 26 de robo.
La Cámara también condenó a prisión perpetua al almirante Emilio Massera, ex jefe de la Marina. Según surgió de los testimonios, Massera fue uno de los más corruptos represores, ya que no sólo es responsable de haber instaurado un tenebroso campo de tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada, sino que además intentó formar su propio movimiento político, en el que cabecillas guerrilleros convertidos en colaboradores del régimen mediante torturas, jugarían un papel primordial.
A los jefes de Ejército y Marina de la segunda junta, el general Roberto Viola y el almirante Armando Lambruschini, no se los encontró culpables de homicidio y, por lo tanto, recibieron penas menores, de 17 años y 8 años de prisión, respectivamente.
La Cámara le dio la razón a la fiscalía al encontrar culpables a los ex jefes militares de "haber optado por procedimientos clandestinos e ilegales pese a que contaban con instrumentos legales vigentes", descartando así la versión de las defensas de que se trató de meros "excesos". En cambio, causando gran sorpresa y malestar entre los grupos de derechos humanos, el tribunal rechazó otro de los principales argumentos del fiscal Strassera: que la responsabilidad de los crímenes recaía sobre cada junta suponiendo una acción coordinada entre los jefes de cada arma. Es basándose en esta teoría, que el fiscal pidió prisión perpetua al brigadier Orlando Agosti, 15 años para el brigadier Omar Graffigna y 10 para Basilio Lami Dozo, los tres ex comandantes de la Fuerza Aérea, a pesar de que bajo las dependencias de esta arma fueron pocos los delitos denunciados. Es más como Agosti fue el que duró más tiempo como miembro de una junta militar, es a quien Strassera acusó de más crímenes. El tribunal civil responsabilizó a cada jefe de lo sucedido en su arma y en parte por esto sólo le dio cuatro años y seis meses de prisión a Agosti y absolvió a Graffigna y a Lami Dozo.
El que la Fuerza Aérea haya salido bien librada de este juicio, refuerza la prioridad que este gobierno le ha querido dar a esta arma. De hecho, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto es el brigadier Teodoro Waldner, aunque este puesto tradicionalmente lo ocupó un miembro del Ejército.
No obstante, observadores descartan que en el fallo de la Cámara hayan influido móviles políticos.
La Cámara Federal también absolvió a los otros dos integrantes de la tercera junta, general Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya, de los cargos por violaciones a los derechos humanos, ya que no encontró "pruebas suficientes". Es de notar que tanto Galtieri como Anaya y Lami Dozo, permanecen en prisión preventiva, aguardando el fallo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el juicio que se les sigue por su actuación en la guerra de las Malvinas en 1982.
El partido gobernante, miembros de la oposición peronista e inclusive destacadas personalidades como Ernesto Sábato, ex director de la Comisión Nacional Sobre Desaparición de las Personas (CONADEP) que hizo la investigación sobre violación a los derechos humanos que se publicó bajo el título de "Nunca más", resaltaron la fuerza legitimadora que tiene este fallo para el régimen democrático.

Muy por el contrario, representantes de los siete organismos de derechos humanos, sorprendidos por las leves penas que recibieron Agosti, Viola y Lambruschini, e indignados por la absolución de los ex jefes, condenaron la sentencia y llamaron a una "marcha de resistencia" de 24 horas contra "el punto final (la amnistía), pidiendo cárcel a los genocidas, libertad a los presos políticos y aparición con vida de los desaparecidos".
"Existen pruebas de que los absueltos encubrieron los crímenes de sus antecesores, dieron informacíón falsa a los familiares de desaparecidos, e inclusive retuvieron clandestinamente a varias personas, incluyendo un obrero gráfico que atestiguó en el juicio, hasta poco antes de asumir Alfonsín la presidencia", dijo un defensor de los derechos humanos a SEMANA. "Es inaudito que se les declare inocentes".
Las agrupaciones de derechos humanos no sólo estaban pendientes del fallo de la Cámara por las condenas de los ex comandantes, sino por la jurisprudencia que éste sentaría para el tratamiento de los casos pendientes que involucran a 1.700 oficiales, muchos en actividad, por su participación en los crímenes cometidos.
En este sentido, la resolución de la Cámara parece ratificar el principio de la "obediencia debida", defendida por Alfonsín. Según éste, sólo deberían ser juzgados aquellos que dieron las ordenes a sus subordinados de cometer los crímenes y los que se excedieron en el cumplimiento de ordenes y agregaron aberraciones por cuenta propia. De esta manera, se excluia la-mayoría que se limitó a obedece órdenes y se salvaguardaba la institución.
En su sentencia, la Cámara acordó enviar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas los casos contra "otros oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra el terrorismo". Según algunos juristas, como se refiere sólo a los mandos superiores, es muy probable que se interprete su decisión como excluyente de los intermedios.
Dado que el tribunal militar se mostró reacio a juzgar a los nueve excomandantes y el caso tuvo que pasar a la justicia civil, hay quienes temen que remitir todos los expedientes al ámbito castrense significa posponer una posible condena, con peligro de que todo termine en una ley de "punto final" o "perdón y olvido".
Este triste capítulo de la historia argentina, sin embargo, sólo quedará esclarecido cuando se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Tanto los defensores de los comandantes condenados, como la fiscalía han declarado que piensan apelar al máximo tribunal. Este puede revocar o sostener el fallo de la Cámara total o parcialmente. Si lo revoca, el caso vuelve a la Cámara para su revisión y una nueva sentencia.
La Suprema Corte ya se pronunció una vez sobre la constitucionalidad de este juicio en diciembre de 1984, sosteniendo la competencia de la Cámara Federal para juzgar a los militares acusados.
Contra todas las predicciones, se termina un juicio sin precedentes en América Latina. Como dijo Sábato, "ha sido una honrosa demostración de la democracia argentina". Sin embargo, hay quienes sostienen que esta democracia peligra si no se castiga a todos los culpables. Y el gobierno sostiene que no se puede seguir revolviendo la herida, pues esto también pondría en jaque el sistema que se quiere defender. La Corte Suprema tiene la última palabra.
María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires --