Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2000/05/15 00:00

Altiplano en llamas

Las protestas en Bolivia parecen mostrar la punta del ‘iceberg’ del problema social de ese país.

Altiplano en llamas

Esta semana no ha sido propicia para los gobernantes latinoamericanos, pues a la creciente presión internacional contra el fraude de Fujimori, al otro lado de la frontera, el gobierno del boliviano Hugo Banzer enfrentó el peor pico de descontento en lo que va de su mandato.

Una huelga de hambre de la policía se convirtió en motín cuando, luego de decretar el estado de sitio el sábado, el gobierno ordenó reprimir a las esposas de los policías en huelga. En unas pocas horas más de 800 agentes se habían acuartelado en el centro de La Paz, a pocos metros del Palacio de Gobierno, y en los barrios las comisarías cerraban sus puertas.

Lo más grave fue el apoyo de sectores del ejército. En un documento anónimo los militares sostenían que “no sólo nos solidarizamos con nuestros compañeros policías, sino que no nos limitaremos a una actitud pasiva como la de ellos, sino que nos alzaremos en armas hasta las últimas consecuencias, hasta que todos tengamos los salarios que nos merecemos”.

En Cochabamba la población y los campesinos se tomaron la ciudad en protesta por el alza de las tarifas del agua potable. Simultáneamente, un bloqueo de caminos decretado por los campesinos cortó la ruta a Perú y cuando el ejército ingresó a la comunidad rural de Achacachi, a dos horas de La Paz, los campesinos aymaraes los atacaron con piedras y armas de fuego. Un capitán herido fue trasladado al hospital local, de donde los campesinos enfurecidos lo sacaron y lo mataron a golpes.

Pablo Solón, miembro de la Coordinadora por la defensa del agua y la vida, explicó a SEMANA la situación: “En Bolivia hay un estado de descontento total. El problema del agua viene desde la aprobación de una ley que abrió la puerta para la privatización, luego de lo cual se otorgó una concesión a una empresa extranjera, Aguas del Tunari, que cobrará tarifas dolarizadas indexables con la inflación de Estados Unidos, elevando inmediatamente los precios entre un 35 y un ciento por ciento sin haber invertido un solo dólar”. Al decretar el estado de sitio, “Banzer generalizó el conflicto y dio un motivo para que todo el mundo salga a protestar directamente contra él”, agregó Solón.

En estas condiciones el gobierno tuvo que ceder. A los policías les pagó un 50 por ciento de aumento salarial —pedían 30 por ciento—, rescindió el contrato con Aguas del Tunari, modificó la ley de aguas, estableció que las tarifas no serán en dólares y que los aumentos tarifarios deberán ser consultados con los usuarios.

Como escribió el diario La Razón: “El gobierno del presidente Hugo Banzer perdió y lo hizo en todos los frentes. Incapaz de garantizar el cumplimiento del estado de sitio, enfrentado a un desacato civil como no se había visto antes, con su imagen interna y externa completamente deteriorada y empujado por la marcha de los acontecimientos, el Ejecutivo terminó por hacer todas las concesiones que pretendía evitar con el estado de excepción”.

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