Aniversario en problemas

Hace 31 años la casa presidencial chilena La Moneda ardía ante los ojos atónitos del mundo. Tras el humo, y la muerte del presidente Salvador Allende, emergía un desconocido general oculto tras gafas oscuras que se presentaba como el salvador de occidente; era Augusto Pinochet.

Hoy con muchos años, menos amigos y millones de dólares en su cuenta, Pinochet no celebró por el cerco judicial que se cierne sobre él y su familia. Por un lado, la justicia busca esclarecer el origen de su fortuna. Y por otro, le ha retirado la inmunidad por su participación como autor intelectual de la Operación Cóndor: una coordinación de los militares de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia para eliminar opositores.

Sus abogados han usado todo tipo de leguleyadas para que no sea interrogado por desaparición de chilenos y extranjeros en diversos países, en el caso que lleva el juez Juan Guzmán, quien pidió su desafuero a las Cortes Superiores, el cual fue ratificado.

La Corte Suprema había aceptado en 2002 y 2003 informes médicos que diagnosticaban una demencia mental leve a moderada que le impedía recordar, para declararlo impune en las causas de derechos humanos. El cambio de resolución se debe al enorme impacto del informe de la Comisión del Senado norteamericano sobre el lavado de dinero que asegura que Pinochet y su familia poseen entre 8 y 100 millones de dólares.

Hay que recordar que cuando fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón en Londres en 1998, el primer ministro británico Jack Straw concedió la libertad a Pinochet por razones humanitarias, con base en el deterioro de su salud mental. Sin embargo, la investigación del Senado norteamericano ha sacado a luz que mientras Pinochet estaba detenido en Londres, trasladaba su dinero a paraísos fiscales, para evadir la incautación de sus bienes, dictada por Garzón para indemnizar a las víctimas. Lo que demuestra que su memoria y habilidades intelectuales estaban intactas.

En 2002, cuando según la misma investigación, Pinochet movía dineros y los reinvertía, la justicia chilena le concedió impunidad al acoger unos exámenes que diagnosticaban una demencia subcortical leve. En los últimos días se ha sabido que en ese año Pinochet dictaba su testamento ante un notario, quien daba fe de que lo consideraba apto para testar.

A raíz de la investigación del Senado norteamericano, Chile se hizo parte en una querella por enriquecimiento ilícito contra Pinochet, la que fue entregada a uno de los jueces más temidos por los violadores de derechos humanos, Sergio Muñoz, más conocido como el 'juez de hierro'. El magistrado citó a los hijos del general, a su esposa y nietos para que declararan el origen de sus dineros, luego desplegó a expertos de la policía civil para que investigaran los bienes y empresas de fachada, y coordinó con el Servicio de Impuestos Internos la revisión de los bienes declarados para contrastarlos con sus informaciones. Lo más significativo fue que interrogó al propio general, quien sin manifestar demencia le contó qué había hecho con los dineros del Riggs. Por primera vez eran tocados el general y su entorno sin que hubiera un cataclismo político.

A medida que la historia de la fortuna se complicaba, dos diarios de la derecha política, La Tercera y El Mercurio, entrevistaron a su albacea y abogado, Óscar Aitken, quien decía que "Pinochet podría justificar hasta 15 millones de dólares". En la entrevista, su albacea reconoce que Pinochet había hecho su testamento en 2002 y que él se encargaba personalmente de administrar sus dineros. Aitken explicaba que él había sido el gestor de las empresas de papel de Pinochet en las Islas Vírgenes británicas cuyo fin era programar su herencia. Agregaba que el origen de los ocho millones de dólares había sido un ahorro de 458.000 dólares que tenía al dejar el poder, dinero que invirtió en el Banco Riggs, cuyo propietario, Joseph L. Albritton, le habría dado rentabilidades que le duplicaban el capital cada tres años.

Pero para el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, "si alguien le ofrece duplicar cada tres años sus dineros, denúncielo porque lo están tratando de estafar. Y si un empleado público a tiempo completo con responsabilidades de Estado dice que va a tener 15 millones de dólares cuando se jubile, denúncielo porque es un ladrón".

De este modo Pinochet llega a su 11 de septiembre más amargo, a la espera de un interrogatorio, por violaciones a los derechos humanos, que había logrado evadir ya por más de cuatro años, y con seis de sus muchos millones de dólares ya en manos de la justicia.