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| 3/17/2016 10:23:00 PM

Lula da Silva sigue con el camino cerrado para ser ministro

Un Tribunal anuló una de las dos sentencias cautelares que han suspendido la investidura del expresidente. Queda una pendiente.

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EFE

El Tribunal Regional Federal de Brasilia anuló hoy una de las dos sentencias cautelares que han suspendido la investidura del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia en el gabinete de Dilma Rousseff, informaron fuentes oficiales.

La decisión de la corte de la capital dio la razón a la apelación presentada por el Gobierno, que argumentó "falta de imparcialidad" por parte del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia.

El magistrado Catta Preta había fundamentado su decisión en el riesgo de que Lula use su cargo para promover una "intervención" en la actividad de investigación de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Otra decisión cautelar sigue en pie, la dictada por la magistrada Regina Coele Formisano, titular del sexto juzgado federal de Río de Janeiro, por lo que Lula sigue sin poder ejercer su nuevo cargo de ministro.

La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el Gobierno anunció que va a recurrir a todas ellas.

Las causas cuestionan la legalidad del nombramiento debido a los procesos abiertos contra Lula por supuesta corrupción y por el peligro de que use su cargo para obstruir la justicia.

Lula es investigado por supuestos delitos como lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo debido a que el cargo de ministro le concede fuero privilegiado.

Uno de los argumentos que usó la jueza de Río de Janeiro fue que el Tribunal Supremo es una corte en la que "siete de sus once magistrados fueron nombrados por el partido actualmente en el Gobierno".

La decisión definitiva acerca de la validez jurídica del nombramiento será tomada precisamente en el Supremo, una corte en la que tramitan por lo menos diez causas contra el nombramiento presentadas por la oposición.

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