Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/01/16 22:00

Primer mes de gobierno de Macri levanta críticas

La Presidencia de Macri no ofrece buenas perspectivas. Muchos cuestionan que haya nombrado magistrados sin pasar por el Congreso.

Poco después de posesionarse Macri, una manifestación se congregó frente al Congreso para protestar por los cambios en la Ley de Medios. Foto: A.F.P.

El primer mes de gobierno de Mauricio Macri arroja un balance agridulce. En el terreno económico adoptó medidas esperadas pues eliminó el cepo cambiario y las retenciones a la mayoría de las exportaciones agropecuarias. Los empresarios y la clase media las recibieron con alborozo. Pero en el campo político, su decisión de gobernar a punta de decretos, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema haciendo caso omiso del Congreso, y el despido de miles de empleados públicos se alejan de sus promesas de obtener una mayor institucionalidad y de gobernar para todos.

De entrada, Macri le impuso un sello excesivamente empresarial a su gabinete, pues se rodeó de gerentes de multinacionales y corporaciones. Para comenzar, la canciller, Susana Malcorra, hizo su carrera en Telecom Argentina e IBM, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue el administrador de los activos de la fallecida Amalia Lacroze de Fortabat, una de las “capitanas de la industria” (también fue su apoderado en una cuenta del banco HSBC en Suiza, que las autoridades investigan por evasión).

A su vez, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, trabajó 37 años en la multinacional Shell; el de Transporte, Guillermo Dietrich, posee una de las más conocidas concesionarias de venta de automóviles, y el de Cultura, Pablo Avelutto, dirigió la casa editorial Random House Mondadori Argentina, uno de los mayores grupos editoriales del mundo. Además, coordinan el gabinete Gustavo Lopetegui, antiguo CEO de la aerolínea LAN, y Mario Quintana, del importante fondo de inversión Pegasus. Y para completar, la exgerente de General Motors de Argentina, Isabela Costantini, es la nueva presidenta de Aerolíneas Argentinas.

Si el gabinete gerencial y el fin del cepo alegraron a los empresarios, está por verse qué pasará cuando la devaluación de más del 40 por ciento impacte los precios, cuando los argentinos se saquen la arena de las vacaciones, y se enteren de los aumentos de las tarifas de gas, luz y transporte. Los sindicatos, que deberán empezar a negociar salarios, ya están calentando los motores para contrarrestar estos aumentos.

Donde peor le va al nuevo gobierno es en el terreno político. Durante la campaña, Macri hizo un mantra de la necesidad de volver a la institucionalidad, en una crítica permanente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero desde que asumió, hizo caso omiso del Congreso para gobernar a decreto limpio. Cambiemos, la alianza electoral oficialista, no cuenta con mayoría parlamentaria, razón por la cual el presidente no convocó sesiones extraordinarias, sino que recurrió a decretos de necesidad y urgencia, una facultad constitucional permitida solo cuando circunstancias excepcionales impiden convocar al Congreso.

La medida más cuestionada fue el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, cuando el Senado debe tomar tal decisión con los dos tercios de los votos, como indica el principio elemental de la separación de poderes. Y tomó esa medida sin consultar ni siquiera a sus aliados políticos. Hasta su mentora, la diputada Elisa Carrió, envió un proyecto de ley para impedir que esta maniobra se repita.

En otro decreto, el presidente ordenó revisar los ingresos de personal a las oficinas del Estado en los últimos tres años, como resultado de lo cual, en un mes, los sindicatos estatales denuncian cerca de 18.000 despidos, la mayoría por el procedimiento de no renovar contratos temporales o de asistencia técnica. La vicepresidenta Gabriela Michetti anunció 2.000 destituciones en el Senado y el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, echó a 600 empleados del recién inaugurado Centro Cultural Kirchner, el 85 por ciento del total, con lo que obligó a suspender toda la actividad del centro. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, declaró que el gobierno nacional quiere “un Estado sin la grasa de la militancia”, suponiendo que sea legal despedir empleados por su afiliación política.

Macri modificó por decreto la Ley de Medios, preparada durante años de debates públicos, clausuró las autoridades federales que debían aplicarla e impidió a los funcionarios ingresar a sus oficinas.

Por otra parte, el despido del conocido periodista Víctor Hugo Morales, un defensor del gobierno kirchnerista, de Radio Continental, propiedad del grupo español Prisa, fue visto como una autocensura de los medios de comunicación para complacer al nuevo gobierno. El conductor y locutor deportivo, famoso por haber relatado el ‘gol del siglo’ de Diego Maradona contra los ingleses en México 86, no pudo ni siquiera despedirse de su público, a pesar de que su programa era el tercero de mayor audiencia en el país, y llevaba 30 años en el aire.

Al día siguiente, una manifestación de cerca de 30.000 personas en la plaza de Mayo repudió ese acto y los despidos de más periodistas en la radio y televisión pública. A ello se suma la grave situación de los periodistas de medios privados prokirchneristas que dependían de la publicidad estatal, como el Grupo Veintitrés del empresario Sergio Szpolski, donde desde hace meses no se pagan los sueldos y están en peligro 800 puestos de trabajo.

Hasta los más duros críticos del gobierno saliente cuestionan hoy la falta de diálogo y la imposición por decreto del actual. La respetada filósofa Beatriz Sarlo condenó que hubiera formado un gabinete de empresarios: “Los países a los cuales les admiramos su política tienen ministros y funcionarios con carrera política”, dijo en declaraciones a un canal de televisión. Sarlo atacó el nombramiento de los jueces de la corte sin haber consultado ni siquiera a los aliados políticos: “Les tomó el pelo”, dijo. Lapidaria, Sarlo concluyó señalando que Macri le resulta “aburrido, mortal”.

Lo más espectacular del mes fue la fuga de la cárcel de tres condenados por el asesinato de tres conocidos empresarios farmacéuticos en 2008, vinculados al tráfico de efedrina para los cárteles mexicanos de droga. Los fugitivos recorrieron más de 500 kilómetros por las carreteras sin que los detuvieran, entraron y salieron de sus vecindarios y cambiaron de carros, en medio de anuncios falsos sobre su detención y la evidente complicidad policial.

Para terminar, esta semana los representantes del gobierno se reunieron por primera vez en Nueva York con los fondos buitre que demandaron al país para cobrar el 100 por ciento del valor de bonos que compraron a precios miserables después del default de 2001. En un giro de 180 grados en relación con el gobierno de Cristina Kirchner, el ministro Prat-Gay anunció que el gobierno está dispuesto a negociar con ellos.

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