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| 1/12/1998 12:00:00 AM

ATENTADO SECRETO

Por fin se confirma que en 1985 el gobierno socialista desbarató un atentadocontra la familia real española pero decidió no encarcelar a nadie.

Aquel 2 de junio en La Coruña habría muerto en un solo acto toda la simbología del orden democrático español. En la tribuna de honor del desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, muy cerca del obelisco, estaban el rey Juan Carlos, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, el presidente del gobierno, Felipe González; el ministro de Defensa, Narcís Serra, y los jefes de la cúpula militar, los almirantes Angel Liberal y Guillermo Salas y los generales José María Sáenz de Tejada y José Santos Peralba. La explosión subterránea hubiera completado con el público y los soldados un saldo dantesco para el último intento de la extrema derecha para regresar el país a las épocas predemocráticas. El plan nunca fue llevado a cabo y los españoles no se enteraron de lo cerca que estuvieron de vivir una situación que podría haber desembocado en una nueva guerra civil. Desde entonces los rumores sobre su existencia, e incluso una publicación hecha por el diario madrileño El País en 1991, habían sido negados oficialmente por el gobierno. Sólo en octubre pasado González hizo lo más cercano a una confirmación histórica al mencionarlo durante una reunión política en la ciudad de los hechos, y ello motivó de nuevo a El País a investigar, esta vez con nombre y apellido, la intentona terrorista de la extrema derecha española. Tantos años después del hecho lo que ha llamado la atención es la estrategia del gobierno socialista de González que, teniendo todo a la mano para reprimir fuertemente a los responsables, decidió no hacerlo, e incluso permitir que algunos de los participantes militares siguieran en servicio activo como si nada hubiera Pasado. Se trataba de un grupo de ultraderechistas para quienes los fracasos anteriores habían cerrado las opciones, sobre todo la intentona del 23 de febrero de 1981, cuando un oficial de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, se tomó las Cortes (Congreso) a nombre del Rey, sólo para encontrarse con la inmediata desautorización de don Juan Carlos. Un participante confirmó a El País que "después de 1981 quedó claro que el golpe no podía hacerse con el Rey ni pese al Rey, sino contra el Rey. Para nosotros era un perjuro y un traidor". La conclusión era tajante: "Si el Rey no podía ser enviado al extranjero ni puesto prisionero, había que matarlo". Entre los sediciosos estaban miembros civiles y militares de una ultraderecha acorralada que no concebía aceptar que España había hecho el tránsito a la democracia. Allí había un ala civil, en la que parecía tener la voz cantante, según el diario, un empresario de La Coruña de nombre Rafael Regueira Fernández, conocido como 'Lucho' y reconocido por Sus actividades relacionadas con el narcotráfico, y un ala militar, en la que participaban los comandantes Ricardo Sáenz de Inestrillas e Ignacio Gasca Quintín junto con varios militares en prisión, entre ellos el mismo Tejero y el ex teniente coronel José Crespo Cuzpinera. Los detalles son espeluznantes en cuanto indican hasta dónde los sediciosos llegaron en sus intenciones de perpetrar el hecho. Según el diario, los conspiradores diseñaron el plan inspirados en el asesinato con bomba del almirante Luis Carrero Blanco, con el cual la ETA bloqueó el paso al sucesor del generalísimo Francisco Franco en 1973, y en el del presidente egipcio Anwar el Sadat, el 6 de octubre de 1981, acribillado por terroristas fundamentalistas durante una parada militar. Para finales de 1984, según el diario, los sediciosos ya habían reconocido el terreno, cercano a una cafetería de propiedad de Regueira, y localizado un piso bajo con sótano situado a menos de 100 metros del lugar en el que se instalaría la tribuna. La idea sería comprarlo o alquilarlo y construir desde allí un túnel para detonar bajo la superficie una carga de 100 kilos de explosivos de gran alcance. Como operarios actuarían miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, un conocido grupo de ultraderecha, y de la Fuerza Nacional del Trabajo, agrupación sindicalista de carácter fascista y adscrita al partido Fuerza Nueva. Pero el Cesid, que es un organismo de inteligencia semejante al DAS, logró descubrir el plan y detenerlo antes de que se pusiera en práctica. Sólo que esa detención se hizo por medios no convencionales. En lugar de apresar a los complotados y ponerlos ante los jueces el Estado español decidió dejar saber a los participantes que se encontraban bajo vigilancia y a punto de ser apresados en cualquier momento. Ante esta presión el plan fue abortado por sus propios animadores.Hoy por hoy muchos sectores de la opinión pública española se preguntan por qué el gobierno socialista decidió echar tierra sobre un asunto tan delicado, e incluso permitir que algunos de los participantes militares terminaran su carrera muchos años después como si nada. Paulino García, profesor de derecho e historia de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo a SEMANA al respecto que el gobierno socialista "respondió con una inteligencia fría, serena y visionaria. Era un reducto de la extrema derecha que estaba dando sus últimos coletazos. Eran unos pocos y ahora no son nada". Lo más grave es que se trataba pura y simplemente de un intento de asesinato destinado a acabar con el equilibrio democrático sin que hubiera de por medio ninguna posibilidad de que los sediciosos supieran ni remotamente qué podría pasar después del magnicidio. Lo único cierto es que con la intentona de 1985, confirmada tanto tiempo después, terminaron las ilusiones de la extrema derecha de acabar con la democracia española. O al menos eso es lo que parece.
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