Los tres problemas que enfrentará Bachelet

Michelle Bachelet asumirá este martes la presidencia de Chile por segunda vez y volverá a vestir la banda presidencial que usó el 2010, cuando entregó el mando a Sebastián Piñera.

La cinta quedó guardada cuatro años y Bachelet la recibirá de manos de Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) y primera mujer que preside el Senado en el país.

Esta vez vuelve a ponerse a las riendas del país con los desafíos de la reforma educativa y tributaria, así como una nueva Constitución que reemplace la carta magna diseñada bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet.

No son, ni parecen, reformas fáciles. Pese a que Bachelet obtuvo el 62 % de los votos y cuenta con mayoría simple entre los diputados y en el Senado, la mandataria requiere distintos quórums para las respectivas reformas.

Porque fue el combustible del malestar chileno y el motor de las demandas en las calles, la socialista, pediatra de profesión, dará la madre de sus batallas en educación.

Y como necesita ingresos permanentes para alcanzar la educación "gratuita y de calidad" prometida, la reforma tributaria será su prioridad.

Por otra parte, la mandataria no cuenta con el mecanismo ni los votos necesarios para reformar el orden constitucional vigente, por lo que una nueva constitución se presenta como uno de sus desafíos políticos más complejos.

La propia Bachelet definió estas medidas como las reformas "de fondo" de su programa de gobierno, por lo que su éxito o fracaso político se evaluará en gran medida en esos tres proyectos.

La reforma educativa de Bachelet propone reposicionar la educación pública, garantizar la calidad y avanzar "decididamente hacia la gratuidad". Plantea también el fin al lucro en todo el sistema educativo.

La reforma reemplaza así el sistema vigente, que otorga un rol importante al mercado y los privados en la educación.

En el papel, la reforma va mucho más allá de los cambios que propuso en el 2006 la comisión que creó la propia Bachelet para enfrentar la que fue denominada como "revolución pingüina". 

La foto de la comisión con los brazos en alto se convirtió en símbolo de las reformas que los dirigentes estudiantiles repudiaron el 2011.

Bachelet no parece dispuesta a repetir el guión. En cuanto regresó a Chile como candidata, la mandataria dijo que había adquirido conciencia de la "obligatoriedad y urgencia de hacer reformas más profundas y estructurales a la educación chilena" y que ello ahora le parecía "verdaderamente posible".

El cambio a la educación chilena, que requiere un mayor gasto público -de entre el 1,5 y 2 % del PIB nacional-, va de la mano de un aumento en los ingresos permanentes, uno de los mayores argumentos para la reforma tributaria propuesta por el nuevo gobierno.

Una señal del vínculo entre ambas reformas es la elección de un economista, el exministro de Hacienda y exalto ejecutivo del FMI, Nicolás Eyzaguirre, como titular de Educación.

Pero la reforma tributaria comenzó a causar polémica ya en la campaña electoral, cuando el gobierno del presidente saliente, el conservador Sebastián Piñera, planteó que el debate tributario afectaba la inversión.

Hoy, la discusión impositiva se empieza a dar cuando las cifras de actividad económica de inicios del 2014 han sido decepcionantes y el Banco Central proyecta una desaceleración económica en Chile, por efecto de la economía internacional.

Bachelet cuenta con los votos suficientes para una reforma tributaria, pero requerirá otros apoyos en el parlamento para una reforma educativa y muchos más para avanzar en cualquier cambio constitucional.

La nueva presidente no puede alejar todo apoyo fuera de su propia coalición con una reforma tributaria que no aúne otras voluntades. Tampoco le conviene que la oposición le cargue el costo político y electoral de una desaceleración.

Sin embargo, de las tres reformas, la constitucional es la que hoy aparece más en el aire en el panorama político local. Chile es uno de los pocos países en el mundo que no derogó la Constitución heredada de un gobierno militar.

Con algunas reformas importantes, como la que firmó en el 2005 el expresidente Ricardo Lagos, el orden constitucional chileno proviene de Pinochet.

El programa de Bachelet propone, no una reforma, sino una nueva Constitución que garantice derechos e incorpore mecanismos de democracia directa o semi-directa.

La nueva Constitución incluiría un nuevo sistema electoral y la restitución de la mayoría absoluta para modificar leyes importantes, cambiando los quórums. Pero con las proporciones de votos vigentes, un cambio de nivel constitucional requeriría 3/5 de ambas cámaras: 23 senadores y 72 diputados.

Según el programa de Bachelet, una nueva constitución política es una demanda nacional y no "obsesión de élites" ni "prurito de especialistas". Pero todavía no hay claridad respecto a cómo hacerla.

En un período presidencial, Bachelet deberá manejar el delicado equilibrio entre las expectativas y las resistencias a los cambios propuestos.

La socialista enfrentará por un lado las presiones de los movimientos sociales que ya probaron su fuerza el 2011 y que apuestan a una reforma profunda del modelo político, económico y social chileno.

Frente a ellos, ya se erigen aquellos que, en la oposición política pero también al interior de los partidos que la apoyan, no consideran posible o deseable hacer cambios dramáticos a un sistema bajo el cual Chile aumentó el acceso a la educación, mantuvo el crecimiento económico y reconstruyó su democracia.

Pero Bachelet ha comprometido su apoyo a las reformas y lo reiteró el día de la elección. "Están las condiciones económicas, sociales y políticas; ahora es el momento. Chile, por fin ahora es el momento", dijo con la voz gastada por la campaña la noche que ganó la elección.

Ahora, tiene cuatro años por delante para poner las ideas en marcha.