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| 9/23/2017 10:15:00 PM

Barcelona en ascuas

La detención de 14 mandos medios y la incautación de más de 9 millones de papeletas de la consulta independentista salpican con sal la herida abierta entre Madrid y los catalanes.

La operación policial contra los organizadores de la consulta independentista catalana tuvo lugar en cumplimiento estricto de las leyes españolas, después de que la Corte Constitucional dejó sin efecto las nuevas normas regionales que daban soporte al referéndum. Pero estas acciones han exacerbado aún más los ánimos en Cataluña y avivan las protestas y los mítines de los secesionistas en las calles, que tildan al presidente Rajoy de “tirano” y de “fachas”, “antidemócratas” y “franquistas” a los españoles que no apoyen el referéndum y la independencia de Cataluña. El llamado referéndum para la independencia de Cataluña de España, previsto para el próximo 1 de octubre, quedó frenado por Madrid. Pero el asunto no está saldado.

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“Los nacionalismos florecen en las crisis económicas y crecen a golpe de victimismo”, explicó a SEMANA el politólogo Alberto Martínez, de la Universidad Autónoma de Madrid. “Culpar a los demás de nuestros males y presentarse como víctima de un Estado injusto garantiza votos. De ese modo, los secesionistas han obtenido la mayoría en el Parlament de Cataluña. El problema es que los gobiernos han menospreciado ese victimismo y se han negado al diálogo con los partidos nacionalistas. Ahora esto solo se soluciona con la política con mayúsculas, o con las armas”, puntualizó.

El 9 de noviembre de 2014, el gobierno catalán, presidido entonces por Artur Mas, realizó un referéndum encubierto bajo el nombre “Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña”. Participaron 2,3 millones de personas y el Sí (al proceso independentista) obtuvo 1,8 millones de votos. El gobierno de Rajoy jamás quiso negociar con Mas ni con ningún partido catalán, y se limitó a llevar este caso a los altos tribunales.

Como resultado, en marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Mas a dos años de inhabilitación para cargos públicos y le impuso una multa de 36.500 euros por un delito de desobediencia. Además, el Tribunal de Cuentas lo condenó a pagar más de 5 millones de euros que costó el referéndum y le notificó que, en caso de no pagar, le serían embargados sus bienes.

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Para los catalanes que quieren el referéndum, Mas es la mayor víctima de este proceso. Pero esta deriva secesionista les ha servido para encubrir los actos de corrupción de su partido CiU, que durante más de 20 años cobraba el 3 por ciento a las empresas contratadas por el gobierno catalán. Mas le cambió el nombre a su partido (ahora se llama Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT), fortaleció su posición independentista y nombró en su lugar a Carles Puigdemont, actual presidente regional, aún más radical que Mas.

En las elecciones de 2015, por primera vez los independentistas lograron la mayoría absoluta en el Parlament y, a partir de entonces, han realizado todo tipo de argucias legales para celebrar un plebiscito que valide la separación de Cataluña. El 8 de septiembre, esa mayoría aprobó dos leyes para la secesión y un referéndum el 1 de octubre. Pero de inmediato la Corte Constitucional admitió el recurso del gobierno central contra la “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (Catalana)”. Esto implicó la suspensión de esas normas, incluido el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont y los altos mandos catalanes se han cuidado de no firmar documento alguno con el cual puedan ser enjuiciados, como le ocurrió a Mas, y han tratado de implicar a la mayor cantidad posible de personas. Como Puigdemont y los altos mandos están aforados, los jueces han actuado contra los intermediarios que gestionaban el referéndum. El secretario general de Economía de Cataluña, Josep Maria Jové, fue detenido y está acusado de sedición.

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“Las leyes y los recursos del Estado español son muy superiores a los del gobierno catalán y pueden impedir este y otros referéndums, pero solo a fuerza de tribunales no se puede resolver el problema. Los catalanes llevan años queriendo expresarse en las urnas sobre la relación con el Estado español, y el papel de los políticos de ambos lados es llegar a un acuerdo. Si no hay negociación Madrid-Barcelona, los catalanes tratarán de hacerlo a la fuerza, como ahora”, dijo a SEMANA el analista Joan Laport, de la Universidad de Barcelona.

Lo cierto es que los catalanes están hoy divididos casi al 50 por ciento, pues Cataluña ha recibido desde 1970 oleadas de migrantes de España. Lo grave es que el conflictoestá trasladando ese enfrentamiento a los barrios y pueblos, donde los independentistas acusan a los que no lo son de “antidemócratas” y “franquistas”. Una chispa puede encender el fuego.

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