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| 3/5/2009 12:00:00 AM

Bashir a prisión, Bush a su rancho

La decisión de la CPI contra el presidente de Sudán contrasta con la débil iniciativa frente a las acciones de George W. Bush. Por Mauricio Sáenz, editor internacional de SEMANA.

Una curiosa coyuntura se presenta por estos días en la escena geopolítica. Por un lado, la Corte Penal Internacional anunció, con gran resonancia mediática, que en adelante el Presidente de Sudán, Omar al Bashir, es un prófugo de la justicia, pues sobre él pesa una orden de arresto por los crímenes que su régimen ha perpetrado en la región de Darfur.
 
Por el otro, con un despliegue que comparado con el caso del sudanés parece clandestino, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia para considerar si se conforma una Comisión de la Verdad que busque desentrañar hasta qué punto los funcionarios del gobierno de George W. Bush, o el propio ex Presidente, violaron la ley al ordenar detenciones ilegales y autorizar torturas en su “Guerra contra el terrorismo”.

El gran despliegue dado a la providencia contra Al Bashir se justifica ampliamente por dos circunstancias. Una, la enormidad de los crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales en la región de Darfur, afectada por una guerra civil que ha cobrado 200.000 muertos y ha desplazado a dos millones de personas desde que estalló en febrero de 2003.
 
Y dos, por la trascendencia de la medida, pues es la primera vez que un Presidente en ejercicio es perseguido por ese organismo, creado precisamente para evitar que los gobernantes del mundo se salgan con la suya a pesar de haber cometido, por acción u omisión, crímenes de lesa humanidad. De cómo se resuelva la situación dependerá, en últimas, si la CPI logra consolidar el sueño, acariciado por generaciones de juristas internacionales, de erradicar el abuso de poder en el mundo.

El momento es difícil, porque los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares se jugaron la difícil carta de esperar que el establecimiento político sudanés resuelva repudiar a su líder y entregarlo, algo que ya parece descartado. Lo malo es que, en ausencia de esa voluntad, los observadores internacionales temen que la violencia se intensifique aún más. En efecto, ya se sabe que las conversaciones preliminares de paz entre el gobierno de Jartum y los rebeldes perdieron toda posibilidad de éxito, por cuanto éstos decidieron colaborar con la CPI.
 
Lo que es aún más preocupante, muchos observadores temen por los efectos que pueda tener la decisión sobre el conflicto olvidado de Sudán, el que se libró durante 20 años y hasta 2005 entre el gobierno árabe musulmán y los rebeldes negros, cristianos y animistas, del sur del país. El acuerdo condujo a un esquema de poder compartido, y aunque es frágil y constantemente violado, proveyó la plataforma sobre la cual la vida de millones de personas recobró un principio de normalidad. Con la providencia de la CPI, y Bashir acorralado, esa guerra en hibernación podría despertar en cualquier instante.

Los voceros de la Corte sostienen, con mucha razón, que llevar a Bashir ante la justicia establece el precedente de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera por ser jefe de Estado, y sostienen que no existía ningún proceso de paz “serio” que pudiera ser descarrilado por la decisión del organismo. Pero es indudable que, si como resultado de la reacción del gobierno de Jartum se recrudecieran las hostilidades y se produjera una nueva matanza de civiles, el prestigio de la CPI recibirían un duro golpe.

La comunidad internacional parece dispuesta a correr ese riesgo para consolidar esa jurisdicción profundamente idealista. Y ese peligroso esfuerzo se produce al tiempo que en Washington el senador Patrcik Leahy entreabre la puerta a la posibilidad de examinar a fondo al gobierno de George W. Bush en términos de su respeto por los derechos humanos.

Y el contraste es muy grande, porque la iniciativa de Leahy, que hace eco de otra semejante presentada en la Cámara baja por el representante John Conyers, aunque aparentemente busca limpiar la conciencia de los norteamericanos acerca de las acciones de su gobierno anterior, dista mucho de querer llegar hasta el fondo del asunto. Leahy no definió con precisión su propuesta, a la que en otra ocasión llamó “camino del medio” entre perseguir agresivamente a quienes autorizaron torturas y detenciones ilegales, y pasar la página de la historia. Y admitió que su Comisión de la Verdad no sería “algo impuesto” por la mayoría demócrata y sólo podría llegar a buen término con la colaboración de los republicanos.

Pero está claro que éstos no están dispuestos a colaborar con las pesquisas, porque no es posible abrir a medias la caja de Pandora de la presidencia de Bush, que contiene joyas de la infamia. La más grande de ellas, las mentiras que sus funcionarios dijeron en forma conciente y reiterativa para justificar que la mayor potencia militar del mundo invadiera y destruyera a Irak. Mentiras que repitieron una y otra vez pesar de que eran concientes de que ese país ni tenía las famosas armas de destrucción masiva, ni había participado en los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Los observadores de la derecha republicana saben que abrir con sinceridad una Comisión de la Verdad para Bush conduciría inevitablemente a juzgar la tragedia de Irak, y los argumentos que utilizan para oponerse son curiosos, por decir lo menos. Uno de ellos es que investigar a un gobierno saliente sería como criminalizar las diferencias políticas, lo que intensificaría la animosidad de los partidos y la división nacional. Otro, que el gobierno de Bush no podría recibir un tratamiento justo, porque ya habría sido prejuzgado por la opinión pública. Y otro más, que Obama debería tener cuidado, porque cuando termine su gobierno podría ser objeto también de una investigación de esta naturaleza.

O sea que, en efecto, los republicanos recurrirán a cualquier clase de razones, lógicas o nó, para oponerse con pies y manos a que se persiga a Bush. Pero la verdadera razón por la cual no se llegaría hasta esas instancias (así se logre convocar a la Comisión de Leahy) estribaría en los cálculos de la política electoral. Según esa tesis, aunque hoy una sorprendente cantidad de estadounidenses apoyaría investigar a Bush, otra enorme sigue creyendo que la invasión a Irak previno nuevos ataques contra suelo norteamericano. Y bajo las supuestas amenazas de otros frentes, como la agresiva Corea del Norte o la desestabilizada Pakistán, ese sector podría cobrarles a los demócratas su frágil mayoría en las próximas elecciones congresionales. Esa sería la razón por la cual el propio presidente Barack Obama ha expresado tan poco entusiasmo por ahondar en las culpas de Bush.

Lo cual nos conduce de nuevo al sudanés Bashir. Éste es un criminal, sin lugar a dudas, y la comunidad internacional, a través de la CPI, está dispuesta a correr riesgos enormes para llevarlo ante sus estrados. Pero al mismo tiempo, la cantidad de muertos causados por la invasión de Estados Unidos a Irak es muy parecida a la de las victimas de Darfur, y no recibe la misma atención, simplemente por los costos políticos que implicaría para su balance interno de poder.

Eso llevará a que muchos, sobre todo fuera de la élite occidental, se hagan muchas preguntas sin esperanza de recibir una respuesta: ¿La ley es distinta para los líderes de los países poderosos?. ¿Qué puede haber que la sangrienta invasión ilegal a Irak a manos de Estados Unidos y sus aliados sea más aceptable que un genocidio interno? ¿Es por proteger indefinidamente su impunidad, que Estados Unidos se ha negado a aceptar la existencia misma de la Corte Penal Internacional, y del principio de jurisdicción universal para los crímenes atroces? ¿No resulta aún más aterrador para la humanidad en su conjunto que la gran potencia del mundo ande blandiendo sus armas contra el país que desee, que la acción criminal de un déspota en una guerra civil?





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