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| 8/17/1987 12:00:00 AM

BLANCO Y ROJO

La crisis de Panamá se agrava con la amenaza del desangre del sistema bancario.

Aunque en el resto del mundo agitar un pañuelo blanco es tomado como gesto de buena voluntad y paz, en Panamá es una osadía que puede llevar hasta al calabozo. La cruzada civilista, que organiza las manifestaciones contra el gobierno desde que se iniciaron las tensiones (ver SEMANA N° 267), escogió como emblema el color blanco, seguramente para dar un toque de pacifismo a sus demostraciones. Sin embargo, ese mensaje no ha sido recogido por las fuerzas del orden que se alteran cada vez que ven a alguien vestido de blanco, lo que no es difícil en una ciudad como Panamá.
La situación, entre tanto, sigue sin ver la luz al final del túnel. Pese a que durante el fin de semana del 11 de junio decrecieron las protestas, la tensión no ha disminuido. La violencia de la represión sacó de su mutismo al arzobispo de Panamá, Marcos McGrath, quien denunció la "rudeza con que fue tratada una mujer que lo único que llevaba era un ramo de flores" y calificó el despliegue de fuerzas militares como "innecesario".

BORRAR CON EL CODO
Esa violencia, y la complicada red de intereses encontrados que mueven a todas las partes involucradas en el conflicto, han hecho que los esfuerzos por encontrar una solución a través del diálogo hayan fracasado. El gobierno de Eric Del Valle, en busca de algún acercamiento con la oposición de centro y derecha, y ante la presión de una huelga de hambre, decretó una amnistía general que el martes 14 representó la liberación de 300 presos políticos, la totalidad según el gobierno.
Para la mayoría de los observadores, los esfuerzos de Del Valle se encaminan a evitar que la crisis sea capitalizada por fuerzas más radicales, como la Coordinadora de Organizaciones Populares (COPP) cuyas acciones podrian hacer inmanejable la situación. Por otra parte, desde el 8 de julio envió como ministro extraordinario y plenipotenciario a Estados Unidos al ex canciller Aquilino Boyd, con el evidente propósito de limar las asperezas existentes desde el ataque a la embajada norteamericana en Panamá. Esos movimientos, junto con el anuncio de que las denuncias del coronel Díaz contra el general Noriega serian debidamente investigadas, completaron un panorma de acercamiento que hasta ahora no ha obtenido resultados concretos.
Pero el viraje más espectacular lo dio Del Valle cuando citó al embajador estadounidense Arthur Davis al Consejo de Ministros en la madrugada del 10 de julio para solicitarle, según voceros oficiales, que mediara con la oposición para evitar la manifestación del mismo día. Esa fue una clara muestra de la nueva disposición del gobierno panameño, que apenas unos días antes había patrocinado el ataque a la embajada, y la declaratoria por la Asamblea Legislativa del embajador Davis como "persona non-grata" .
Sin embargo, los esfuerzos de Del Valle por desplegar una mayor autoridad e independencia política frente al general Noriega, tropiezan con la incredulidad tanto de sus opositores como del gobierno norteamericano. Esa incredulidad parece ser el resultado lógico de la actitud del propio Noriega, quien parece sentirse todavía muy seguro en su butaca. Aunque el pasado 6 de julio el enviado Boyd se entrevistó privadamente con Elliot Abrams, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, y el canciller Jorge Abadía respaldó su gestión, el general Noriega algunos días más tarde profirió palabras ofensivas contra Abrams en una entrevista para la televisión de Estados Unidos, algo que algunos observadores consideraron una "corrida de andamio" para la gestión de Boyd. En los últimos días, el cinismo de Noriega llegó hasta el punto de que, para burlarse de sus opositores, se puso un pañuelo blanco en la cabeza durante una de sus apariciones públicas.
Para acabar de complicar las cosas, la Curia Metropolitana anunció que el procurador de la Nación, Carlos Villalaz, pidió su ayuda para lograr que el coronel Roberto Díaz, cuyas denuncias motivaron la crisis, compareciera ante las autoridades para facilitar la investigación de los hechos denunciados. Díaz ha sido renuente a presentarse, pues, según él, no tendría ninguna garantía frente a un funcionario que él mismo denunció. Ante la negativa de la Iglesia a mediar, el procurador anunció que sería dictada una orden de arresto contra Díaz para hacerlo comparecer. De concretarse esa decisión, se podrian crear nuevos conflictos y enfrentamientos que en nada ayudarían a la solución pacífica de la crisis.
Las ya largas semanas de enfrentamientos y disturbios terminaron por poner en peligro una de las mayores fuentes de divisas que tiene Panamá desde 1970: su sistema bancario, que da cabida a depósitos totales por más de US$39 mil millones. Ante los rumores de que se han producido retiros masivos que afectarían la liquidez de los 125 bancos que operan en el país, la Comisión Bancaria Nacional afirmó que "el sistema bancario está operando en condiciones de liquidez y solvencia que permiten realizar las operaciones con seguridad". La incertidumbre sin embargo creció cuando el presidente del Banco Central, Luis Alberto Arias, renunció sin que hubiera razón para ello. La crisis panameña, que conjuga factores políticos internos y externos, cobra una nueva dimensión ante la posibilidad del desangre del sistemá bancario, columna vertebral de la economía panameña. De ahí que la necesidad de encontrar una solución política se haga cada vez más imperiosa para el vecino país.





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