Bomba andina

Un mes de protestas contra el presidente Evo Morales ha dado paso en Bolivia a una calma prenavideña, pero la bomba de tiempo quedó instalada: cuatro de los nueve departamentos del país ya anunciaron que quieren una amplia autonomía y que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para lograrla.

Decir que la mitad del país está en rebelión contra Morales es poco. Porque la realidad es que se trata de la mitad donde se concentra la riqueza y donde está la segunda reserva de gas más grande de Suramérica que abastece a Argentina y Brasil. El departamento de Santa Cruz, el gran motor económico donde viven dos de los nueve millones de bolivianos, se ha convertido por la fuerza de los acontecimientos, en el opositor natural de Morales.

Su gobernador, Rubén Costas, lideró el viernes pasado una concentración a la que asistieron varios cientos de miles de personas, para decirle al gobierno que la autonomía es insoslayable. En caso de que el tipo de autonomía que el gobierno otorgue no sea satisfactorio -dijo Costas- las gobernaciones podrán "dotarse de un régimen autonómico departamental" de facto.

"Los gobiernos departamentales deberán detentar competencias compartidas con el central sobre los recursos naturales y la preservación ambiental, sobre la propiedad de la tierra, así como su distribución y su redistribución", añadió ante una delirante multitud.También propuso que los departamentos puedan negociar con el extranjero sin pasar por el poder central.

Tras ese acto, Costas y dirigentes cívicos de Santa Cruz se unieron a sus homólogos de los departamentos de Tarija, Beni y Pando para formar una Junta Autonómica, que el lunes le dio a Morales un plazo hasta julio para establecer una autonomía que parece más bien una secesión.La Junta emitió un comunicado en que indica que "es el gobierno el que busca desintegrarnos como país para ejercer una hegemonía política y cultural, centralista a rajatabla".

Las voces que no hablan de autonomía sino de independencia se comienzan a escuchar con más fuerza en una Bolivia con una división casi natural entre el occidente andino, minero y empobrecido, y esas provincias llaneras ricas de los 'cambas' (blancos), y cuyas costumbres no encajan con las milenarias culturas del altiplano.

"Santa Cruz tiene que hacer un referéndum por la independencia. Empezar a recolectar firmas, a armar el aparato necesario y llevar a cabo un proceso legal, pacífico, verdaderamente democrático y definir si quiere seguir siendo parte de Bolivia o no", dijo a SEMANA Javier Paz García, economista de Santa Cruz.

El movimiento autonomista de los departamentos llamados de la media luna (por su forma geográfica) tuvo respuesta en los campesinos e indígenas, movilizados en defensa de Morales. Manifestaciones en favor del mandatario se realizaron en los otros cinco departamentos -La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba-, donde defendieron una patria unida.

Fue en Santa Cruz donde partidarios de uno y otro bando se enfrentaron el fin de semana, en choques que no dejaron heridos, pero revelaron otro elemento: una de las facciones en contienda resultó ser una agrupación de extrema derecha vinculada a los autonomistas, y de un marcado racismo.

El tema de las autonomías tendrá que ser definido por una Asamblea Constituyente inaugurada en agosto y que cuatro meses después sigue paralizada: el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó sin consenso en noviembre que la Asamblea decida por mitad más uno. La oposición reclama que lo haga por dos tercios (como establecía la convocatoria).

La oposición sabe que si se mantiene el 50 por ciento, la Constitución diseñará un país a la medida de Morales. El gobierno, por su parte, no quiere ceder porque considera que la oposición saboteará su proyecto.

En ese zaperoco, las regiones quieren que la Constituyente garantice la autonomía que reclaman. Y por eso los gobernadores de la media luna más unos 40 congresistas y un ex candidato presidencial se unieron a más de 2.000 personas en huelgas de hambre en noviembre para pedir el respeto a los dos tercios.

Para el gobierno, las protestas por los dos tercios esconden el deseo autonómico, y este deseo esconde la intención de los departamentos de meter mano a los recursos del gas nacionalizados por Morales.

Para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con las protestas se pretende "llegar mucho más allá, es tratar de ejercer una atribución que no es constitucional, adelantar autonomías de facto y además con una característica como es la autonomía plena".

Según Quintana "los dos tercios han sido un pretexto para pasar a una fase distinta vinculada a esta pretensión de instalar poderes legislativos regionales, que los gobiernos regionales tengan dominio territorial y sobre los recursos naturales y que además puedan administrar todo el régimen vinculado a la tierra".

Morales ha sido reacio a cualquier compromiso, al señalar que se trata de pataleos de oligarcas que no quieren perder sus privilegios, pero ya en la última semana parece haber cedido un poco y ha llamado a los dirigentes opositores a dialogar, aunque las mutuas desconfianzas no prometen buenos resultados a corto plazo.

Para el sociólogo Carlos Laruta, lo que se viene es una "repolarización del país con el riesgo de reaparición de péndulos regionales, con un aumento de movilizaciones y medidas de fuerza en el oriente y en el occidente".

Esa tensión permanente tiene detrás un interrogante: ¿cómo actuará Venezuela en caso de conflicto? Hugo Chávez, el presidente venezolano, se ha convertido en un precioso aliado de Morales, con quien firmó un acuerdo de ayuda militar que ha despertado resquemores en los vecinos.

No hay que olvidar que Bolivia abastece la mitad de la demanda de gas del estado brasileño de Sao Paulo y que este gas es vital también para Argentina. Chile, que no recibe gas boliviano, tiene sin embargo intereses en la aguas del Silala, que nacen en territorio boliviano y son imprescindibles para la supervivencia del norte de su territorio.

Con los vecinos en alerta, Morales se dispone a cumplir un año de gobierno con una popularidad del 62 por ciento, lo que le otorga un prestigio político que hace que ninguno de los actores haya siquiera sugerido que entrege el poder o recorte su mandato.

Pero ese poder político es amenazado por el poder económico de Santa Cruz. Un verdadero choque de trenes cuyas consecuencias son inciertas. n