Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1993/04/26 00:00

BORRON Y CUENTA ....

La amnistía general declarada por Cristiani pone en entredicho la durabilidad de la paz de El Salvador.

BORRON Y CUENTA ....

LA AMNISTIA DECLARADA por la Asamblea Nacional salvadoreña, a instancias del gobierno de Alfredo Cristiani, no sorprendió a nadie. Al fin y al cabo su mayoritaria Alianza Republicana Nacionalista (Arena) tiene relaciones estrechas con los militares, y estos fueron culpados por la Comisión de la Verdad del 95 por ciento de los crímenes perpetrados durante la guerra civil.
Pero de ahí a negarse a poner en práctica las recomendaciones de esa Comisión, nombrada por el secretario general de la ONU en el marco de los acuerdos de paz del año pasado, hay mucho trecho. Cristiani propinó una bofetada al proceso de paz y demostró de que la bota militar y la extrema derecha no tienen voluntad política de cumplir los acuerdos.
Es claro a favor de quien está dictada la amnistía, si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de los crímenes es atribuido a los militares. La Comisión mencionó a los asesinos del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, a los responsables de la masacre de El Mozote en 1981 y de la muerte en 1989 de cinco jesuitas, así como la campaña de exterminio de alcaldes llevada a cabo por la guerrilla en 1985.
Consciente de lo escaso de sus atribuciones, la Comisión se limitó a recomendar sanciones administrativas. Aunque acepta que la sanción penal corresponderá a las instancias competentes del país, sostiene que el sistema judicial requiere una profunda transformación. La razón es clara, pues para nadie es un misterio que desde la Corte Suprema hacia abajo, esa rama del poder hasta ahora ha sido un brazo institucional de la Fuerzas Armadas y que si hubiera sido independiente y eficiente. Ia Comisión nunca hubiera sido necesaria.
Pero Cristiani, apoyado en argumentos constitucionales que nunca mencionó antes, no parece dispuesto a tocar a los militares (no ha aceptado la renuncia al inculpado ministro de Defensa René Emilio Ponce) ni a los jueces, con el presidente de la Corte Suprema Mauricio Gutiérrez en primer lugar. Ese cambio de actitud amenaza con aislar al país y frenar la ayuda externa. Pero en el fondo los responsables indirectos de la actitud de Cristiani son los gobiernos anteriores de Washington, sobre todo el de Ronald Reagan. El gobierno norteamericano ocultó en varias oportunidades las atrocidades cometidas por los militares e incluso hay denuncias de miembros de la Compañía de Jesús sobre la participación de la CIA (Central de Inteligencia Norteamericana) en la planeación del asesinato de los jesuitas.
Hoy se sabe que el gobierno de Reagan engañó a sabiendas a su pueblo y a su Congreso para continuar dando su apoyo a los militares que entrenaba. En una audiencia sobre el tema, el representante Robert Torricelli recordó que en enero de 1982 Reagan presentó informes al Congreso en los que certificó progresos en el respeto de los derechos humanos, meses después de la masacre de El Mozote, en la que murieron 700 hombres, mujeres y niños a manos del batallón Atacátl, entrenado por asesores norteamericanos. Hay evidencias de que tanto en ese caso, como en el asesinato del arzobispo Romero en 1980 y la de los jesuitas una década más tarde, la embajada norteamericana reportó oportuna mente sobre quién tuvo la responsabilidad en los hechos.
Todo eso no impidió que Estados Unidos irrigara más de seis mil millones de dólares a los militares salvadoreños, lo que agigan tó el monstruo de corrupcíón que ahora no quiere renunciar a sus prebendas. La actitud de Washington ante esos hechos cambió radicalmente| tras la elección de Bill Clinton, y con los demócratas en el poder, a lo mejor saldrán a la luz pública detalles aún más inquietantes de cuando El Salvador fue el campo de batalla de una lucha geopolítica dictada desde las cúpulas del poder mundial. Según la actitud que asuma el Washington actual se sabrá si el daño es o no irreversible.

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