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| 8/4/2012 12:00:00 AM

Brasil: el juicio del siglo

En medio de un enorme escándalo, comienza el proceso por corrupción contra decenas de miembros de la cúpula de Lula da Silva. Los brasileños esperan que esta vez sí haya justicia para quienes abusan del erario.

En el banquillo de los acusados, literalmente, se encuentran 38 exministros, exdiputados, empresarios y banqueros brasileños por el escándalo de corrupción más grande que ha vivido su país en la última década. La prensa internacional lo ha llamado "el juicio del siglo" o "escándalo del mensalao", que significa 'gran mesada' y que se ajusta muy bien a las circunstancias.

Los procesados enfrentan la acusación de armar una compleja red que se encargó de pagar a parlamentarios para que desde el Congreso apoyaran las propuestas del entonces presidente Lula Da Silva. Habrían saldado cuentas con quienes apoyaron la campaña electoral de Lula a punta de favores políticos y contratos ventajosos con el gobierno. Y utilizado el dinero público para financiar actividades del Partido de Trabajadores, al que pertenecen Lula y la actual presidente, Dilma Rousseff. Se calcula que la 'gran mesada' ascendió a decenas de millones de dólares.

A la cabeza de la organización está el entonces ministro de Presidencia, José Dirceu, quien hacía los tratos con los parlamentarios. Representando a las empresas está Marcos Valerio, encargado de lavar los recursos públicos a cambio, por supuesto, de una tajada: contratos sucios con el gobierno. El Banco Rural, por su parte, cuidaba que los sobornos llegaran directo a los involucrados sin dejar ningún rastro. Luiz Gushiken, exministro de Comunicación es y el exministro de Transporte, Anderson Adauto, también habrían participado del mensalao, junto con el actual ministro de Defensa y cercano consejero de Dilma Rousseff, José Genoino.

Todos los involucrados se han declarado inocentes de los delitos de peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude por los cuales podrían pagar hasta 45 años de cárcel. Pero no será tan fácil que se salgan con la suya, pues la investigación en su contra comenzó en 2005 y cuenta con unos 600 testimonios que comprueban los delitos. "Por primera vez en nuestra historia la Policía Federal investigó y denunció un esquema de corrupción que involucra a los principales dirigentes del partido que está en el poder", dijo a SEMANA Thiago Herdy, periodista brasileño especialista en política.

Lo que tiene entusiasmados a los brasileños es que en este caso la Policía Federal y la Procuraduría General de la República de Brasil mantuvieron su independencia y cumplieron con sus funciones cabalmente. En varias manifestaciones en Brasilia y Río de Janeiro, la sociedad civil ha hecho sentir su indignación ante los corruptos, así como su alegría por la posibilidad de que se haga justicia. "Que se puedan castigar actos cometidos por dirigentes políticos es un gran avance para la democracia", concluye Herdy.

Aunque es evidente que los brasileños no se mantienen indiferentes a la situación, para Lula Da Silva y para Dilma Rousseff las consecuencias no han sido significativas. El escándalo del 'mensalao' salió a la luz por primera vez poco antes de que Lula se presentara a la reelección y, a pesar de las acusaciones de corrupción, ganó los comicios con el 61 por ciento de los votos. Para Herdy, la explicación está en que el gobierno de Lula "sacó a millones de brasileños de la pobreza. Se benefició de un buen momento de la economía marcado por un boom de consumo, en especial de la clase media". Pero la profesora Sonia Fleury, de la Fundación Getulio Vargas, no cree que los ciudadanos estén agradecidos con Lula sino que, simplemente, "la población cree que todos los políticos y los partidos son igual de corruptos" y por tanto no esperan demasiado de ellos.

El juicio del siglo ha comenzado y ahora la esperanza está puesta en que el proceso que hasta ahora se ha hecho con eficiencia siga por ese camino. Para Herdy las consecuencias positivas pueden ser aún mayores: "Brasil está pasando por un momento propicio para reformar el sistema electoral y para discutir el financiamiento de las campañas". Fleury agrega que "este juicio puede llevar a mayor democratización, transparencia, control social y la abolición de inmunidades y privilegios en los tres poderes".
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