“Han prendido fuego en mí”: Lula da Silva

Brasil se despertó el viernes con una noticia que en cuestión de segundos se extendió como pólvora. Al despuntar el alba, unos 200 policías y 30 auditores de Hacienda de la operación Lava Jato irrumpieron en la casa del expresidente Luiz Inázio Lula da Silva en el municipio de São Bernardo, a unos 20 kilómetros de São Paulo. Tras allanar la residencia, las autoridades lo condujeron a una estación de Policía en el aeropuerto de Congonhas para interrogarlo por su presunta implicación en el Petrolão, el escándalo por la red de corrupción que desvió unos 2.600 millones de euros entre 2004 y 2012. Allí, el exmandatario respondió a las preguntas de las autoridades durante más de tres horas, al cabo de las cuales fue dejado en libertad.

Además de la residencia de Lula, las autoridades registraron el apartamento de su hijo mayor, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, así como las instalaciones del Instituto Lula y otras 30 direcciones en Bahía y Río de Janeiro. A su vez, la Policía tiene órdenes de interrogar a otras nueve personas, incluidas la esposa del exmandatario, Marisa da Silva; a otros tres de sus hijos –Marcos Claudio, Sandro Luis y Marlene Araujo–; lo mismo que al director del Instituto Lula, Paul Okamotto. Según la Fiscalía, el 60 por ciento de los ingresos de esa organización se originaron en las empresas vinculadas en el Petrolão.

No es la primera vez que el nombre del expresidente aparece vinculado a la operación anticorrupción. Sin embargo, sí es la primera que la Fiscalía lo acusa de ser “uno de los principales beneficiarios” de un sistema de coimas que “favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal”, según un comunicado publicado el viernes por esa entidad. De acuerdo con el documento, hay además evidencias de que el exmandatario se enriqueció gracias a la remodelación de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá y de una residencia campestre en el de Atibaia (ambos en el estado de São Paulo). Aunque ambos figuran a nombre de amigos suyos, el Ministerio Público cree que ellos no serían más que testaferros, y que Lula sería el verdadero propietario. A su vez, la Fiscalía sospecha que los 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) que el expresidente ha recibido en los últimos años por sus servicios como conferencista son también sobornos disfrazados.

De hecho, el Ministerio Público cree que funcionarios vinculados a las cinco empresas implicadas en el Petrolão, en particular de los grupos OAS y Odebrecht, habrían pagado esos bienes y servicios. Según el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, el primero construyó el apartamento de Guarujá y le dio a Lula “por lo menos un millón de reales sin justificación” (unos 250.000 dólares) en remodelaciones y artículos de lujo, con los que no cuentan los apartamentos del mismo conjunto. Por su parte, Odebrecht habría pagado los obreros y los ingenieros que llevaron a cabo las obras en la finca de Atibaia, y habría comprado los materiales de construcción para llevar a cabo la construcción. “Los pagos se hacían en efectivo, una de las formas más sencillas de lavado, pues son difíciles de rastrear”, dijo Lima el viernes en la mañana.

Las acusaciones de la Fiscalía son de gran calado y demuestran la independencia de la que goza esa entidad. Como le dijo a SEMANA Karin Costa Vazquez, experta en desarrollo político del Centro Cebri en Brasil, “un sistema judicial fuerte e independiente debe tener el poder y la autoridad para responsabilizar a los miembros del gobierno y a altos funcionarios que violaron la ley. Es clave que el sistema de frenos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder funcione correctamente, pues la democracia brasileña es aún joven y existe el riesgo de nuevos quiebres institucionales en el futuro”.

De cualquier modo, los últimos desarrollos de la operación Lava Jato son un duro golpe para las aspiraciones del exmandatario de buscar un nuevo mandato en 2018. Si bien Lula es la cara visible de los buenos resultados económicos y sociales que logró su país en la década pasada, según las últimas encuestas solo uno de cuatro brasileños lo considera honesto y dos de tres no creen que tenga autoridad moral. Su arresto del viernes podría deteriorar aún más su imagen y terminar de hundir a la presidenta Rousseff, quien desde que se posesionó para su segundo mandato en 2015 ha tenido que manejar una crisis social, financiera y política de proporciones mayúsculas que ha arrastrado a su mentor y que hoy tiene en veremos su legado político. De hecho, en 2015 la economía brasileña se contrajo un 4 por ciento y en 2016 tanto la inflación como el desempleo –los dos cocos de la economía brasileña– han alcanzado proporciones desconocidas desde el regreso de la democracia.

Sin embargo, sería un error subvalorar el capital y la experiencia política de Lula. De hecho, tras su liberación el mandatario se dirigió a la sede del PT. Allí contraatacó: “Han encendido un fuego en mí, la lucha sigue” y se declaró víctima de una persecución política alimentada por “un circo mediático”. Y en efecto, a varios analistas les ha llamado la atención que se haya llevado a cabo semejante operación para recoger su testimonio. “Si bien es necesario investigar a fondo los casos de corrupción, hay algo preocupante en este proceso. Pues cabe preguntarse si se está respetando el Estado de derecho. Ya que lo cierto es que el expresidente Lula había dicho públicamente que estaba dispuesto a rendir indagatoria y fue detenido como un criminal”, dijo en diálogo con esta revista Vantuil Pereira, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. “No se trata de detalles procesales, pues este es un caso con implicaciones políticas muy serias, en el que esos errores pueden tener graves consecuencias”, agregó.

De hecho, tras la detención del exmandatario se registraron protestas a favor y en contra de su condena, e incluso enfrentamientos violentos entre los manifestantes. Y en el clima de frustración y rabia contenida por el que está atravesando Brasil, un exabrupto de la Rama Judicial podría ser la gota que derrama el vaso.

La mala hora de la izquierda

Cuando a principios del siglo la izquierda del continente se veía como la salvadora de las naciones, hoy su decadencia no tiene freno.

La crisis económica, la caída del precio del petróleo y de los minerales, y los graves escándalos de corrupción tienen a la izquierda en su peor momento.

La primera en caer fue la continuidad del partido de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que manchada con controversias de corrupción vio cómo ganaba la Presidencia el derechista Mauricio Macri.

La semana pasada, el presidente de Bolivia, Evo Morales, vio desvanecer su aspiración a un cuarto gobierno cuando la población le dijo No en el referendo por la reforma constitucional. La crisis institucional, la galopante inflación y el desabastecimiento en Venezuela tienen a Nicolás Maduro contra las cuerdas. Por último, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, aunque es el más estable, también ha tenido que lidiar últimamente con polémicas que lo debilitan, como la reciente con las Fuerzas Armadas.