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CALLEJON SIN SALIDA

Acorralado por huelgas, manifestaciones y oposición en las mismas Fuerzas Armadas al plan económico de emergencia, el régimen del general Vildoso se tambalea.

18 de octubre de 1982

No exageran los observadores al decir que el régimen del general Guido Vildoso -instaurado apenas en julio pasado- está a punto de caer. Una ola de huelgas, manifestaciones y paros cívicos sacude al país, en rechazo del plan económico de emergencia propuesto por él hace unos días. Bajo esa misma consigna, desde el 14 de septiembre, los departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija se han sumido en una huelga general indefinida, mientras cerca de 100.000 personas se tomaban las calles de La Paz en una "marcha contra el hambre, por pan y libertad". Otras 15.000 personas en Santa Cruz, y un número igual en Cochabamba se manifestaban en forma pacífica exigiendo a los militares entregar a los civiles el poder. Las minas de Catavi, que producen 5.000 toneladas anuales de estaño, el principal renglón de las exportaciones bolivianas, se hallan también paralizadas por una huelga indefinida que comenzo hace dos semanas en repudio del régimen castrense.
Esas multitudinarias manifestaciones fueron el marco en el que la Central Obrera Boliviana (COB) llamó el viernes 17 de septiembre a una huelga general para presionar la entrega del poder a Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, quienes fueran elegidos presidente y vicepresidente en las frustradas elecciones del 17 de julio de 1980.
A este contexto de convulsión política y social se sumó el 15 de septiembre una declaratoria de figuras de las fuerzas militares oponiéndose a la aplicación del plan económico de Vildoso, pues ello -según estos últimos- podría provocar "un mayor distanciamiento con el pueblo".
Por su parte, la junta militar se ha mostrado incapaz de reprimir la protesta popular, a diferencia de coyunturas similares anteriores. Por el contrario, el mismo general Faustino Rico Toro, director del Colegio Militar y figura clave del grupo dominante, y quien hace pocas semanas declaraba despectivamente que el vocablo democracia "ni siquiera existe en aymará y quechua" propuso el 15 de agosto que se convocara el congreso elegido en las frustradas elecciones de 1980 y que esa instancia designara un nuevo gobierno, que ofreciera una salida política para el país.
Tal desgaste del poder, que muchos observadores atribuyen a las movilizaciones obreras más recientes, trata de recuperarse recogiendo la propuesta que varios partidos burgueses hicieran a mediados de agosto, sobre instalar el congreso de 1980. Estos sectores son el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro. La Democracia Cristiana (DC) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Hugo Bánzer Suárez. El jefe del MNR había lanzado esa propuesta el 24 de agosto, después de haberse reunido con Vildoso y los altos mandos militares. En dicha reunión el gobierno le había ratificado a Paz su intención de realizar elecciones generales en abril próximo, para entregar el poder sólo hasta el 6 de agosto del año entrante. En realidad el propósito de la junta era convencer a dichas fuerzas políticas sobre la conveniencia de adoptar el plan económico exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), consistente en eliminar los subsidios a la gasolina y a la harina de trigo, dos rubros que afectan directamente la canasta familiar.
Pero dichas tratativas terminaron en colapso cuando la COB rechazó ese plan.
La central obrera se opone a las exigencias del FMI por lo gravosas que resultan para la población trabajadora. Bolivia, con 4 millones y medio de habitantes, tiene una deuda externa de 3.800 millones de dólares.
El 29 de agosto, en Huanuni, tras ocho días de deliberaciones, la Federación de Mineros aprobó un "plan económico obrero" para enfrentar la crisis del país. Dicho sindicato es considerado como el núcleo más militante de la COB. El plan incluía los siguientes puntos: suspensión del pago de la deuda externa, cambio único del dólar y monopolio estatal del comercio exterior; reducción del gasto público en el sector improductivo; estatización de la banca privada ligada a las trasnacionales; abrogación de la ley de hidrocarburos y la ley de inversiones; y precios justos para los productos agropecuarios.
En el mismo evento, los partidos de izquierda acordaron unificarse en un solo frente, al que llamaron Unidad Democrática Popular (UDP). Dicho frente es el que estaría al frente de las movilizaciones y huelgas del 14 de septiembre, y sus integrantes son: el Partido Obrero Revolucionario(trotskista), el Partido Socialista (su líder era el intelectual Marcelo Quiroga Santacruz, asesinado en julio de 1980 durante el golpe militar), el Partido Obrero Revolucionario- Combate (trotskista), el Frente Revolucionario de Izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), que encabeza el expresidente Hernán Siles Zuazo, exilado en Perú.
Este último, es considerado por muchos como el principal interlocutor del momento. Ganador de las elecciones de 1978, 1979 y 1980, fue invitado a mediados de agosto por el general Vildoso a regresar al país para que participara en las conversaciones tendientes al "retorno de la Constitución". Pero Siles respondió que no podría haber diálogo real "mientras no se restituya la plenitud de los derechos de la ciudadanía, se disuelvan los grupos paramilitares derechistas y se esclarezcan las responsabilidades", por una amplia gama de delitos que incluyen asesinatos políticos y narcotráfico.
El contexto de las luchas actuales es pues, novedoso y podría culminar en convulsiones aún mayores si los aislados militares no ceden en su pretensión de permanecer en el poder hasta agosto de 1984 a despecho de la convicción de los partidos de que "el país no aguantará" un año más de administración castrense.
El general Vildoso, reunido con los jefes militares desde el jueves, amenazó al país diciendo que de persistir el clima de tensión social "podría haber un cambio de situación" que afectaría "el proceso democrático" instaurado por él. Pero un nuevo golpe militar en las actuales condiciones de poderosa movilización obrera, podría llevar a estallidos de imprevisibles consecuencias para el propio ejército, como ocurrió en la revolución de abril de 1952.