Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1989/08/21 00:00

CAMINANDO POR CARACAS

El nuevo ministro de Economía argentino es requerido por la justicia venezolana.

CAMINANDO POR CARACAS


Uno de los famosos principios de Peter dice que no hay situación mala que no sea susceptible de empeorar, y eso es lo que parece sucederle al gobierno del nuevo presidente argentino Carlos Saúl Menem. Su empeño prioritario, que es sacar al país del atolladero económico en que se encuentra, parece enfrentarse a un destino adverso.

Primero fue la muerte del flamante ministro de Economía, Miguel Roig, un empresario de la multinacional cerealera argentina Bunge y Born. El funcionario había creado los vínculos de la empresa privada con el candidato justicialista. En años anteriores hubiera sido casi imposible pensar en un gobierno justicialista (peronista) que no estuviera enfrentado de una u otra forma con el sector privado. Pero en una situación como la que vive Argentina, en la que el hambre amenaza hasta a las familias de clase media, no había lugar para los viejos rencores. De las manos de Roig y Menem, el nuevo gobierno presentó un bloque de medidas no sólo apoyadas, sino diseñadas con la ayuda del aparato administrativo de la propia Bunge y Born.

Pero el sueño duró sólo seis días. El ministro Roig murió inesperadamente, víctima de un infarto fulminante. Para sucederlo, el candidato era obvio. Nestor Rapanelli, quien había sucedido a Roig en la vicepresidencia de la poderosa empresa, entró también a reemplazar en el ministerio a su viejo amigo. Menem estaba seguro de que con él los planes de salvación económica iban a seguir viento en popa.

Pero la llegada de Rapanelli al gobierno no comenzó con buenos augurios. No habían pasado 24 horas desde su nombramiento, cuando se supo que el nuevo funcionario había recibido amenazas de muerte no sólo contra él, sino contra sus hijos y sus nietos, "a menos que se alejara del cargo".

Pero la gran bomba esperaba aún a Rapanelli, proveniente del otro extremo de Suramérica. El martes 18 el Diario de Caracas y otros periódicos de la capital venezolana publicaron en primera página que el nuevo ministro de Economía de Argentina no podía poner el pie en su país sin ser detenido. El cargo: haber participado en el caso "Recadi", el mayor escándalo de los 31 años de vida democrática de Venezuela.

Los hechos que se le imputan a Rapanelli sucedieron entre 1984 y 1986, cuando aquel dirigió la filial venezolana de la Bunge y Born, llamada "Grandes Graneros de Venezuela" (Gramoven). Según el juez penal y de salvaguardia, Luis Guillermo La Riva López, tanto Rapanelli como otros cuatro directivos de Gramoven tuvieron una jugosa tajada en el monumental ilícito.

El caso "Recadi" (Régimen de Cambios Diferenciales) se originó en el otorgamiento oficial--en el gobierno de Jaime Lusinchi--, de dólares a valor preferencial para el 90% de las importaciones realizadas en el país. Se calcula que el gobierno otorgó entre US$30 y 35 mil millones por ese sistema, y que entre 6 y 8 mil millones lo fueron por medios fraudulentos, mediante la sobrefacturación. En cuanto a las importaciones de trigo, en las que entraba Gramoven, los importadores recibían dólares a un cambio de 7.5 bolívares, que se mantuvo estable mientras en el mercado libre la divisa se cotizaba a 12 al comienzo del período, para terminar a 40, cuando se desmontó el sistema.

El monumental ilícito ha motivado por lo pronto 20 autos de detención contra personajes de la vida económica y financiera de Venezuela, entre los que está efectivamente detenido el presidente de Gramoven y ex embajador en Argentina, Nicomedes Zuloaga, cabeza de una de las familias más poderosas del país. Pero la inclusión del ministro de Economía de un país amigo dentro del escándalo le dio un tinte internacional y diplomático que nadie esperaba.

Como es obvio, el problema llegó a afectar las relaciones de los dos países, cuando Menem resolvió cargar contra el juez La Riva, con lo que logró, de paso, ofender a todo el poder judicial venezolano. Con su habitual desparpajo, Menem no tuvo inconveniente en afirmar que el cargo contra Rapanelli estaría inscrito dentro de un enfrentamiento entre distintos partidos venezolanos, con lo que desconoció la separación de poderes de ese país.

Rapanelli, entre tanto, se declara totalmente inocente y afirma que fue sobreseído por el fiscal del caso y que desde un principio había puesto al tanto a Menem sobre el problema. Pero desde Caracas se afirma que un fiscal no tiene esas atribuciones, y que el proceso contra el argentino sigue su curso.

Aunque los presidentes de los dos países se han comunicado sobre el asunto, hay quienes piensan que el caso Rapanelli no ayudará para nada en las relaciones de ambos gobiernos. Ya hay quien dice en Venezuela que el nombramiento mismo del funcionario fue una bofetada a los jueces de esa república. Y en el contexto de los esfuerzos conjuntos sobre el manejo de la deuda externa, muchos se preguntan si podrá sobrevivir un ministro que tiene orden de captura en uno de los países aliados del suyo.--

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