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| 5/1/2011 12:00:00 AM

Camino al autoritarismo

Rafael Correa tiene todo para ganar un referendo con el que pretende reformar la justicia y la prensa. Pero para muchos se trata de la consolidación de su poder caudillista.

Por sexta vez en cinco años, el próximo 7 de mayo Ecuador vuelve a las urnas. Y una vez más, desde que llegó al poder, en 2006, el presidente Rafael Correa tiene todas las de ganar. Pero en esta ocasión, a su izquierda y a su derecha, en los medios, en la rama judicial y entre los indígenas, está plantando la semilla una oposición que puede desestabilizar su mandato arrollador.

La próxima semana, cerca de diez millones de ecuatorianos van a contestar diez preguntas de un referendo impulsado por el Palacio de Carondelet. La mitad de los puntos son consultas sobre la prohibición de los toros y las peleas de gallos, de los juegos de azar, contra la corrupción o para reforzar la protección laboral. Sin embargo, los temores de muchos nacen de las preguntas que plantean profundas reformas constitucionales a dos poderes claves para la democracia: la prensa y la justicia.

"El deseo del gobierno es que el Ejecutivo controle la justicia y también los medios. Y lo peor es que en este momento los ecuatorianos no se pueden aferrar prácticamente a ninguna garantía. El referendo está en marcha y no lo para nadie", le dijo a SEMANA Simón Pachano, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y columnista del diario El Universo de Guayaquil.

Hasta ahora, hábilmente, Correa logró que el debate no se centre en el contenido de la consulta, sino en refrendar su mandato, que cuenta con 60 por ciento de aprobación tras cuatro años en el poder, un récord en Ecuador. De ese modo, según una encuesta de Gallup, 84 por ciento de los votantes no conocen las preguntas por las que van a votar, pero dos terceras partes dicen que van a marcar 'sí' en cada uno de los puntos que plantea el referendo, lo que se entiende como que están dispuestos a entregarle un cheque en blanco al mandatario.

Qué se juega

Cada vez que tiene la oportunidad, al visitar obras públicas en cualquier lugar del país, en la provincia de Loja o en un hospital en Lago Agrio, en la Amazonia, Correa les recuerda a los ecuatorianos que las reformas son esenciales para acabar con los males endémicos del país: corrupción, inseguridad, injusticia.

Por eso plantea reformar profundamente la justicia, que, según él, es "un desastre" y a la que es necesario "meterle la mano". Para lograrlo, quiere crear una comisión técnica, que va a reemplazar por 18 meses al Consejo de la Judicatura, el órgano que administra la rama judicial y que nombra a los magistrados de las más altas cortes.

El gran problema es la composición de este supercomité reformador: tiene un delegado del Palacio de Carondelet, otro de la Asamblea Nacional -dominada por Correa- y otro de la Función de Transparencia y Control Social, una megacontraloría civil, que también está bajo la bota del presidente.

No es que las reformas no sean necesarias. Varios analistas consultados por SEMANA afirmaron que la justicia necesita cambios. Las grandes ciudades de Ecuador se enfrentan a fenómenos nuevos, como sicarios, secuestradores, pandilleros, y a escándalos de sobornos a jueces, que han salpicado los titulares. Para Patricia de la Torre, coordinadora del Observatorio de los Cambios Políticos de América Latina de Quito, "es importante hacer la reforma. El poder judicial es altamente corrupto, no se ha deslindado de esa relación perversa con los intereses privados".

Sin embargo, sectores de la clase política, de los juristas y de los analistas temen que la excesiva concentración de los poderes le abra la puerta a Correa para diseñar una justicia a su medida. Pachano piensa que "la politización de la justicia y la judicialización de la política son características propias del Ecuador. El presidente podrá controlar el Consejo de la Judicatura provisional, que tendrá poder absoluto en la función judicial. Hay peligro".

El otro brazo reformador de Correa, el que promete meterles mano a los medios, no produce menos miedo. Propone, por un lado, prohibir que los dueños, directores y accionistas de estos tengan negocios en otros sectores económicos. También plantea crear un Consejo de Regulación, que controle los contenidos "violentos, sexuales o discriminatorios" en la prensa, la televisión y la radio.

Carlos Rojas, editor político del diario El Comercio de Quito, opina que el gobierno está diseñando una pinza que aprieta la prensa por el lado económico, la garantía de su independencia, y por el lado de los contenidos. Como dijo a SEMANA, "los medios son el espacio donde se proyectan los grandes escándalos. Ya les generaron problemas a otros presidentes, que terminaron cayendo por la presión de la opinión pública. Correa trata de curarse en salud, tiene un interés en callar a la prensa, en impedir que se filtren cosas que no le convienen".

El balance de la relación de Correa y los medios no es el mejor. Los acusó de ser "sus mayores enemigos", demandó por diez millones de dólares a dos periodistas que escribieron El gran hermano, en el que denuncian los contratos de su hermano Fabricio con el gobierno, nacionalizó el conglomerado de medios del grupo Isaías (tres canales de televisión, editoriales, cadenas de radio y revistas), sancionó al canal Teleamazonas por publicar un audio de una grabación ilegal en su despacho y, en la medida más pintoresca, obligó a que Los Simpson no se puedan transmitir entre seis de la mañana y nueve de la noche. "Cuando 'Los Simpon' se vuelven subversivos es que algo anda mal en el fondo. Un consejo de regulación que tendría mayoría del Ejecutivo apuntará sobre todo a controlar la opinión", piensa Pachano.

Esta vez no

Desde que Correa llegó al poder ha dominado la política por completo y la oposición no ha logrado superar sus divisiones, su desprestigio y el rechazo generalizado del "que se vayan todos" que se coreó en los derrocamientos a los presidentes. Sin embargo, la campaña por el 'no', que empieza tarde y sin un liderazgo claro, aún está a tiempo de ganar la batalla. Las últimas encuestas indican que cada vez más ecuatorianos rechazan el referendo.

Como era de esperarse, la derecha, encabezada por el expresidente Osvaldo Hurtado, que gobernó el país entre 1981 y 1984, lucha por un 'no' rotundo. Pero sorprende que varios de los aliados de izquierda más sólidos del presidente también hacen campaña contra el referendo.

Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, ministro de Minas de Correa en 2007 y uno de los políticos de izquierda más populares de Ecuador, le dio la espalda a su antiguo aliado. Le dijo a SEMANA que "Correa afirmó que la Constitución de 2008 era un canto a la vida, que iba a durar 300 años, pero ahora le quiere meter mano a la justicia sin respetar lo que se votó ahí". Cree que el presidente se quiere proteger de varios escándalos de corrupción que han estallado en su círculo cercano en los últimos meses.

Lo acompaña Gustavo Larrea, ministro de Gobierno y de Seguridad hasta 2009 y quien fue uno de los baluartes de la política de Correa. Y ahora la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en los últimos 15 años ayudó a tumbar seis presidentes y es un actor determinante para la estabilidad del poder, es crítica de Correa.

Incluso Fabricio Correa, el hermano mayor del presidente, dice que no lo va a apoyar. En entrevista con SEMANA, afirmó que "la consulta es un error político. El totalitarismo absoluto no es bueno para ningún país, menos Ecuador. El 'no' que promociono es un 'no' de cariño, para que mi hermano reaccione. Por eso le digo: 'Ñaño (hermano en Ecuador), esta vez no'".

Por lo pronto, nada indica que esas voces opositoras tengan éxito en evitar que Correa sumerja aún más a su país en el peligroso abismo del autoritarismo. Pero no deja de ser diciente que incluso sus familiares y colaboradores más cercanos hayan abandonado al presidente en este empeño tan poco presentable. A lo mejor están pensando en su propio bien.
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