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| 8/3/1987 12:00:00 AM

CANAL ABIERTO

A Panamá le ha llegado la hora de las definiciones políticas

CANAL ABIERTO, Sección Mundo, edición 270, Aug  3 1987 CANAL ABIERTO
Los días de aparente tranquilidad que reinaron en Panamá luego de que el gobierno declarara el estado de emergencia nacional el pasado 11 de junio, no fueron más que un espejismo de paz. Tras una calma chicha de 19 días, los motines volvieron a encenderse precisamente el mismo día en que se levantó la medida.
El motivo de los primeros disturbios de esta nueva etapa fue la declaración expedida el 26 y 27 de junio por el Senado de Estados Unidos, en la que se demandaba "la celebración de elecciones libres y justas en Panamá", el establecimiento de un sistema judicial independiente y una investigación de las denuncias hechas contra el general Noriega.
Como era de esperarse, la reacción oficial en Panamá fue violenta. El canciller Jorge Abadía presentó una nota de protesta a Estados Unidos, mientras su embajador en Washington, Dominador Bazán, fue llamado a "consultas urgentes". El propio general Noriega y su estado mayor expidieron una virulenta declaración en que acusaban al Senado norteamericano de "contubernio" con fuerzas políticas locales para causar su desprestigio internacional y de querer preparar el terreno para el incumplimiento del tratado Torrijos-Carter, que estipula la devolución a Panamá de la plena soberanía sobre el Canal al mediodía del 31 de diciembre de 1991. Virtualmente todos los medios oficiales panameños se expresaron en términos semejantes, en un llamado a la solidaridad internacional contra lo que se llamó "acción intervencionista" de Estados Unidos en Panamá. Sin embargo, el incidente probablemente se hubiera quedado al nivel de declaraciones y contradeclaraciones, si no porque el mismo día en que se levantó el estado de emergencia, una turba de veinte mil personas convocada por la coalición de gobierno y compuesta principalmente por empleados públicos entre los que se encontraban algunos miembros del gabinete, atacó a piedra la embajada de Estados Unidos, y pidió la expulsión del embajador Arthur Davis.
El subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, Elliot Abrams, en un discurso del 2 de julio se refirió en los términos más duros a la actitud del gobierno panameño, y uno de sus cercanos ayudantes declaró después, que el mensaje de su jefe era que el momento de la democracia había llegado para Panamá y que el general Noriega era claramente un obstáculo para ese proceso.
A LA CALLE
Lo cierto es que tras la demostración progubernamental del 30, la violencia política volvió a apoderarse de las calles de la ciudad de Panamá, aunque ahora a cargo de los grupos más disímiles. Las organizaciones estudiantiles del Instituto Nacional y de la Escuela de Artes y Oficios, así como la Federación de Estudiantes Revolucionarios, entre los que existen grupos de extrema izquierda, atacaron no sólo las sedes de partidos oficialistas, sino también de oposición, mientras gritaban consignas de "sólo el pueblo salva al pueblo". Difícilmente podrían las federaciones de estudiantes ser aliadas del conglomerado de partidos de tendencia conservadora agrupados en la Alianza Demócratica de Oposición (ADO), que cuenta con el respaldo de los grupos más importantes de empresarios y gremios profesionales. Este era el sector que, respaldado por la Cruzada Civilista, un agrupamiento de empresarios y profesionales opuestos al gobierno, había convocado a las anteriores protestas que sacudieron al país entre el 8 y el 11 de junio. (Ver SEMANA N° 267)
La situación se hace cada vez más confusa, pues todos los bandos, que no se mueven necesariamente en la misma dirección, parecen querer ganar las calles en apoyo a una u otra actitud. Mientras la Cruzada Civilista ha llamado de nuevo a la desobediencia civil, a huelgas de brazos caídos a manifestaciones como el ruido de las cacerolas y el sonido de las bocinas de los automóviles, grupos de la coalición gobernante atacaron con bombas incendiarias la sede del Partido Demócrata Cristiano, mientras unos y otros eran hostilizados por los grupos estudiantiles.
En medio de este maremágnum, en la noche del 1 de julio surgió una tercera postura sostenida por partidos y fuerzas independientes que rechazan la resolución del Senado de Estados Unidos pero demandan una salida popular a la crisis. La llamada Coordinadora de Organizaciones Populares de Panamá (COOP), integrada por 33 agrupaciones sindicales, de campesinos, profesionales y otros grupos independientes se pronunció en contra de la actitud norteamericana: "La lucha contra la intervención extranjera es también contra la oligarquía entreguista" . La COOP se pronunció también por un programa que incluye el diseño de una nueva política económica en favor de los sectores populares, la suspensión del pago de la deuda externa, la nacionalización de los sectores económicos fundamentales y una nueva política exterior. Tanto el presidente Eric del Valle, como la coalición política gobernista y el propio general Noriega habrían mostrado alguna disposición a considerar esas demandas, con lo cual podrían hacerse a importantes aliados internos.
EL BAILE DE MASCARAS
Sin embargo, cualquier solución política parece alejarse cada vez más, a medida que los partidarios de Noriega, con el respaldo abierto o tácito del gobierno, siguen cometiendo desmanes contra los miembros visibles de la oposición, como la semana pasada, cuando grupos perfectamentes organizados que llegaron en autobuses, incendiaron dos almacenes de lujo pertenecientes al dueño de uno de los periódicos de mayor influencia en Panamá, en lo que se denominó prontamente como "terrorismo de Estado".
Además, según muchos observadores, bay un factor que complica las cosas, y es la aparente falta de sinceridad en cuanto a las verdaderas intenciones que mueven a las partes involucradas.
Por un lado, el coronel Roberto Díaz, quien desencadenó el conflicto al acusar de algunos delitos a Noriega, según algunos observadores habría hecho sus denuncias por el disgusto personal con el general, quien le dio de baja sin el pago de la cesantía que reciben los militares de alta graduación en Panamá. Por su parte, los partidos de oposición, integrados por la burguesía que se vio afectada por la toma de poder de Torrijos, lo que querrían realmente no sería el establecimiento de la democracia, sino su regreso a los privilegios perdidos. Las fuerzas de izquierda, pescando en río revuelto, estarían a la caza de una oportunidad de establecer un régimen de esa tendencia, mientras que los partidos de gobierno estarían escudándose en la amenaza a la soberanía para poder perpetuarse en un poder ciertamente rentable.
La actitud del gobierno de Ronald Reagan, como de costumbre, tampoco resulta sincera. Se sabe que desde la elección de Ardito Barletta tuvo conocimiento del fraude cometido por Noriega, pero se abstuvo de criticar al general, por la extraordinaria importancia estratégica que reviste para Estados Unidos la estabilidad de Panamá. Sólo cuando esa estabilidad pareció salirse de las manos de Noriega, fue cuando resolvió hacer su llamado al establecimiento de la democracia.
Y como si fuera poco, según algunos, tras la resolución del Senado de Estados Unidos, se esconde el secreto interés de algunos grupos ultraconservadores que querrían evitar el cumplimiento del tratado Torrijos-Carter, aduciendo la desestabilización del país.
Detrás de esa maraña de razones verdaderas y aparentes, parece haber llegado la hora de las definiciones para Panamá, en un proceso que sin duda tendrá una poderosa influencia para toda la región.

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