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| 5/19/2014 12:00:00 AM

Cancilleres de Unasur tratan de reanimar diálogos

Intentaron este lunes, sin mayor éxito, reactivar las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.

Cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico intentaban el lunes, sin mayor fortuna, desbloquear el proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora en Venezuela, suspendido desde la semana pasada.

Los cancilleres María Angela Holguín, de Colombia; Luiz Alberto Figueiredo, de Brasil; Ricardo Patiño, de Ecuador, y el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, facilitadores del proceso, sostuvieron este lunes una segunda reunión con la alianza opositora que concluyó sin mayores avances, según Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Tras reunirse por casi tres horas en la Nunciatura Apostólica, en el norte de la capital, Aveledo dijo a la prensa que los cancilleres y nuncio apostólico están "haciendo esfuerzos para que se creen las condiciones de tal manera que el diálogo pueda continuar", pero no aportó detalles. "Ningún avance vale hasta que no se concluye", agregó.

El diputado del partido opositor La Causa R, Andrés Velásquez, dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que la coalición opositora está abierta a retomar el proceso, pero sostuvo que para lograr ese objetivo "el gobierno tiene que dar muestras".

Al ser interrogado sobre las condiciones que exige la MUD para reanudar los diálogos, Velásquez afirmó que se "debe cumplir con la libertad de (el excomisario) Iván Simonovis y se debe poner en libertad, darle sobreseimiento, a todos los estudiantes que están sometidos a juicio" por participar en protestas callejeras.

El dirigente agregó que la oposición insiste también en el "desarme" de los grupos paramilitares pro oficialistas conocidos como "colectivos" y una ley de amnistía para liberar a los "presos políticos".

Simonovis es un exjefe policial que fue condenado en 2009 a 30 años de cárcel por complicidad en las muertes de manifestantes oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002. Padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.

La coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, decidió a comienzos de la semana pasada suspender los diálogos con el gobierno en rechazo a la represión de las marchas de los universitarios y al desmantelamiento de cuatro campamentos de opositores. La congelación de las conversaciones no representó el fin del proceso, pero sí un revés a la iniciativa que vienen impulsando desde abril los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico se reunieron el domingo por unas dos horas con los representantes de la oposición para escuchar las razones que los llevaron a congelar las conversaciones con el Ejecutivo. Los facilitadores extranjeros también tienen previsto reunirse este lunes con los representantes del gobierno, dijo Velásquez.

El canciller Elías Jaua afirmó la víspera que las partes deben apegarse con fuerza al proceso de diálogo "sin menoscabo de la justicia y principios de cada uno".

"El que se pare de esa mesa es porque quiere la guerra para Venezuela", dijo Jaua en una entrevista en el canal privado Televen.

El gobierno y la alianza opositora iniciaron el 10 de abril un proceso de acercamiento con un primer debate televisado de casi seis horas.

El diálogo es una iniciativa de Unasur para ayudar a poner fin a la crisis que enfrenta Venezuela que desde febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar contra la elevada inflación -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia.

Los incidentes han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
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