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CARDENALES SIN CAPELO

El Vaticano sanciona a dos sacerdotes sandinistas por no retirarse del gobierno.

11 de marzo de 1985

La ofensiva de Juan Pablo II contra la Teología de la Liberación, insinuada durante su sexto viaje por América Latina, conoció un nuevo desarrollo la semana pasada cuando se hizo pública la decisión del Vaticano de suspender de sus funciones sacerdotales, al cura seglar y poeta de 60 años Ernesto Cardenal, actual ministro de Cultura de Nicaragua. Fernando Cardenal, hermano del anterior y a su vez ministro de Educación nicaraguense, algunas semanas antes había sido afectado por una orden del Papa Wojtyla, quien pidió al superior de los jesuitas, Peter Hans Kolvenbach, notificar al sacerdote sandinista que había sido "expulsado" de la orden por desacatar la recomendación pontificia de abandonar su cargo en el gobierno sandinista. Por su parte el sacerdote Ernesto Cadernal, aceptó con respeto la suspensión pero señaló que le dolía como católico que "Su Santidad calle ante la agresión que sufre mi pueblo y coincida con el Presidente Reagan". Más explícito, su hermano Fernando había declarado, al ser informado de su expulsión: "Respeto profundamente la autoridad del Papa y de la Iglesia pero creo que en este caso se equivocan. No puedo abandonar una revolución que lucha por los humildes en el momento en que está sufriendo una agresión extranjera".
Rígidos ultimátums del Vaticano también han sido proferidos contra otros dos sacerdotes nicaraguenses: el canciller Miguel D'Escoto y el embajador ante la OEA, Edgar Parrales. Esto, unido a las medidas contra los sacerdotes Cardenal, sólo viene a añadir nuevas dificultades al acosado régimen sandinista.
Los críticos de las sanciones vaticanas a los padres nicaraguenses, señalan que éstas contrastan con la permisiva actitud de Juan Pablo II con la actividad de los sacerdotes católicos de Polonia, donde monseñor Josef Glemp discute con el General Jaruzelsky la "normalización" del proceso político, y el asesinado sacerdote Jerzy Popieluszko celebraba "misas por la patria" en las que podía arengar vivamente el "inevitable combate" entre las "naciones cristianas" (Polonia) y las "naciones ateas" (Rusia) sin ser llamado al orden por Wojtyla. Por otra parte, algunas intervenciones en política de sacerdotes -dicen los comentaristas- no siempre son desaprobadas por el Vaticano, como la oposición pacífica que actualmente hacen los obispos católicos sudafricanos contra el régimen racista de ese país, o la misma participacion directa del Papa polaco en el diferendo argentino-chileno por el Canal del Beagle. Y desde el otro ángulo de las cosas, tampoco han sido objeto de recriminaciones pontificias las actividades en Argentina de monseñor Emilio Grasselli, sacretario del cardenal Antonio Caggiano y del vicario castrense Adolfo Servando Tortolo, quien durante la dictadura militar tuvo actuaciones no muy santas: hoy ha sido acusado de haber avalado con su presencia y su silencio dos casos de desaparecidos, como ha sido reseñado en el libro "Nunca más" que resume la labor de la comisión presidencial investigadora del fenómeno.
El sacerdote Ernesto Cardenal había tenido ya un "encontrón" con el Sumo Pontífice durante el viaje de 11 horas de éste a Nicaragua en julio de 1983. El Papa recriminó ese día al Cardenal su militancia política. El sacerdote sandinista, por su parte, se arrodilló ante él y trató de besarle la mano, cosa que no pudo hacer pues el Pontífice se la retiró, terminando todo en una nueva inclinación del Cardenal ante el Papa.
La hostilidad de Wojtyla por los sacerdotes comprometidos de Nicaragua, venía de atrás. En junio de 1981, los obispos nicaraguenses, autorizados por Roma, habían exigido a los sacerdotes en funciones gubernamentales, abandonar esas responsabilidades. De no hacerlo, dijeron, serían considerados en "abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica" y quedarían expuestos a sanciones "previstas por las leyes de la Iglesia". Un mes después, el Vaticano sustituyó ese ultimátum. Aceptó que debido a la situación de emergencia, los sacerdotes podían continuar en sus cargos, siempre que renunciaran al "ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en privado, dentro y fuera de Nicaragua". La ausencia de hechos que indicaran que las actividades de los sacerdotes al frente de ministerios y de los otros religiosos integrados al gobierno sandinista implicaban una contradicción con el espíritu cristiano, parece haber primado al momento de otorgar la dispensa. Sin embargo, esa "distensión" se fue a pique tras el viaje del Papa a Nicaragua. Un documento confidencial filtrado en el Vaticano, escrito, según II Manifesto de Italia, por Humberto Belli -un asesor del CELAM vinculado a sectores de oposición nicaraguense-, revelaba que ese viaje del Papa había sido preparado bajo el criterio de que el gobierno nica era "enemigo" de la Iglesia. Ese texto, que aparentemente influyó en los preparativos del viaje. Aconsejaba el desarrollo de una estrategia en la que la Iglesia nicaraguense pueda llegar a jugar un papel similar a la de Polonia, es decir, "restringida pero con un margen de acción e independencia", ante el gobierno. Un planteo de esa naturaleza, obviamente ve a los sacerdotes-funcionarios como un obstáculo.
Falta ver qué repercusiones religiosas tendrá a nivel internacional la sanción a los sacerdotes sandinistas. Meses después de que la prensa occidental editorializara contra la supuesta "profanación en Managua" de la figura del Papa, apareció una "Carta de apoyo a la Iglesia de los Pobres" firmada por la plana mayor de los teólogos progresistas actuales: Chenu, Metz, Schillebeeckx, Kung, Moltman, Boff, Ducquoc, Casalis. Tal misiva confirmaba que ellos no participaban de la deslegitimación sufrida por esa Iglesia a manos del Papa.