Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1993/01/18 00:00

CASO JUZGADO

La liberación del médico Humberto Alvarez Machaín se convierte en el más duro reves para la DEA en los últimos años.

CASO JUZGADO

EL 3 DE ABRIL DE 1990 EL doctor Humberto Alvarez Machain salió de su consultorio situado en la ciudad de Guadalajara. El conocido médico ginecólogo no logró llegar como pretendía a su domicilio, porque fue interceptado por varios hombres que le presentaron credenciales de la policia mexicana. La acusación que justificaba el procedimiento tenia que ver, según dijeron, con un supuesto aborto que Alvarez habría llevado a cabo en una menor de edad.

Como el asunto le pareció tan demencial, Alvarez no tuvo inconveniente en dejarse apresar sin oponer resistencia. Al fin y al cabo, pensó, como era inocente muy pronto se le dejaría de nuevo en libertad. Pero en cambio de llevarle a un sitio de detención local, Alvarez fue introducido a la fuerza en un avión que despegó rumbo a El Paso, en el estado norteamericana de Texas. Allí fue recibido por agentes de la DEA (la oficina de Estados Unidos que coordina la lucha contra el tráfico de drogas), quienes le arrestaron de inmediato. La acusación: haber participado en la tortura y asesinato en febrero de 1985 del agente norteamericano Enrique Camarena Salazar. El papel del médico, según los policias, había sido mantener a Camarena con vida mientras sus captores lo torturaban.

El asunto levantó una ola de indignación en México y otros países. Varios medios, entre ellos la revista norteamericana Time informaron que la DEA había pagado 100.000 dólares a unos "caza recompensas". Y cuando el abogado de Alvarez intentó que el juez de la causa desestimara la acusación por la ilegalidad de la captura, la jurisprudencia norteamericana reafirmó una tesis que ha sostenido consistentemente desde entonces: las autoridades norteamericanas tienen el derecho de secuestrar a los acusados de delitos para llevarlos a ser juzgados en Estados Unidos.

El caso de Camarena Salazar tiene además otras connotaciones, porque el gobierno mexicano procesó y condenó a los responsables a largas condenas de cárcel entre quienes estan Rafael Caro Quintero, el capo que ordenó el asesinato y 27 de sus secuaces. Pero la DEA, no contenta con eso, inició una causa paralela contra 19 acusados. El primer secuestrado fue Rene Verdugo Urquidez en 1986 y más tarde el hondureño Ramón Matta Ballesteros. Jose Contreras, capturado junto con Caro, desapareció de la cárcel de Tijuana (Mexico) para reaparecer en una de San Diego (Estados Unidos).

La semana pasada, tras dos audiencias, el juez federal norteamericano Edward Raffedie desestimó los argurnentos de la fiscalía, consideró que las pruebas contra Alvarez eran endebles y basadas en las "conjeturas y especulaciones más locas". A pesar de la consternación del director de la DEA Robert Bonner, el magistrado decretó la libertad inmediata del acusado, quien viajó esa misma noche a su casa, tres años después de haberla dejado.

Los demás secuestrados de la DEA no están en posibilidad de seguir el destino de Alvarez, porque su participación en el crimen parece suficientemente probada. Pero el caso del médico de Guadalajara ilustra el grado de arbitrariedad ejercido por la DEA, avalada además por la Corte Suprema de Estados Unidos. El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari dijo que el episodio es "una página oscura del derecho internacional", pero nada indica que ese capitulo está cerrado.-

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